La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha anunciado este sábado que su grupo solicitará la intervención del Defensor del Pueblo ante la negativa de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a acoger a parte de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada el pasado mes de julio.
Sumar quiere que la institución encabezada por Ángel Gabilondo “investigue” la situación y “actúe” ante la posición de estos gobiernos autonómicos, al considerar que el traslado y la acogida de los menores no responde únicamente a una cuestión de solidaridad política, sino también al cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de la infancia.
Martínez Barbero ha realizado el anuncio durante la primera reunión presencial del Grupo Coordinador de Sumarcelebrada después de su asamblea de verano.
Sumar defiende que la acogida es una obligación legal
La dirigente ha insistido en que la atención de estos niños y adolescentes “es una obligación recogida en la legislación”y ha defendido que las administraciones deben garantizar su protección con independencia del territorio al que sean trasladados.
El planteamiento de Sumar pasa por implicar directamente al Defensor del Pueblo para que analice si la actuación de las comunidades que rechazan recibir menores resulta compatible con las obligaciones que corresponden a las administraciones públicas.
Martínez Barbero ha advertido además al PP de que tendrá que “dar explicaciones” por su postura ante la institución, pero también ante la ciudadanía española y ante los propios ceutíes.
“La solidaridad con Ceuta es poder traer a los menores a la península”
La portavoz parlamentaria ha elevado el tono contra los populares durante su intervención y ha cuestionado su posición ante la situación de la ciudad autónoma.
“Porque la solidaridad con Ceuta no es envolverse en una bandera, ni pegar palizas, ni visitas en yate con botellines. La solidaridad y el respeto a Ceuta es poder traer a la península a los y las menores”, ha afirmado la también coportavoz de Sumar.
Con esta argumentación, la formación pretende vincular la acogida de menores con la necesidad de reducir la presión asistencial que soporta Ceuta después de la llegada extraordinaria registrada durante el verano.
La situación de los menores no acompañados se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas, especialmente por el reparto territorial y por la capacidad de los sistemas autonómicos de protección.
Sumar reclama que Ceuta recupere la normalidad
Martínez Barbero ha defendido que los ciudadanos de Ceuta “tienen derecho a recuperar sus vidas cotidianas”, pero ha subrayado que ese objetivo debe ser compatible con el respeto a los derechos de las personas que han llegado a la ciudad autónoma.
“Todas las personas llegadas a Ceuta tienen derechos y respetar estos y cumplir la legalidad nacional e internacional es la solución”, ha señalado.
Sumar insiste así en que cualquier respuesta a la crisis migratoria debe combinar la atención a la situación específica de Ceuta con las obligaciones de protección hacia los migrantes, especialmente cuando se trata de menores que se encuentran sin acompañamiento familiar.
Críticas también a la política migratoria europea
La portavoz de Sumar ha aprovechado además su intervención para marcar distancias con el rumbo que está tomando la política migratoria de la Unión Europea.
Martínez Barbero ha criticado el endurecimiento de las posiciones comunitarias en materia de inmigración y ha defendido que España mantenga una política propia basada en el respeto a los derechos humanos y a la legislación vigente.
“No dejaremos que una Unión Europea cada vez más derechizada nos marque el rumbo”, ha concluido.
Con el recurso al Defensor del Pueblo, Sumar pretende elevar el enfrentamiento político sobre el reparto de menores migrantes a un terreno institucional y jurídico. La formación busca que Ángel Gabilondo examine la actuación de las comunidades que rechazan las acogidas y determine si están cumpliendo con las obligaciones derivadas de la normativa de protección de menores.