QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones, impulsada por Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Podemos a solicitud de los sindicatos de inquilinas, ha dado un importante paso adelante. Este martes se ha constituido la ponencia y se ha convocado la primera reunión para comenzar a trabajar el informe el próximo martes 18 de noviembre.
La iniciativa fue tomada en consideración el 17 de diciembre del 2024 y el plazo de enmiendas se cerró en mayo. El Gobierno decidió desbloquearla coincidiendo con el anuncio de ruptura de un Junts que es clave para su aprobación. De hecho, los de Carles Puigdemont tumbaron la toma en consideración de esta misma iniciativa y no fue hasta que llegó un segundo intento con algunas modificaciones y tras la presión del Sindicat de Llogateres de Catalunya cuando permitieron su avance.
El texto pretende regular la laguna que el Ejecutivo y sus socios dejaron pendiente con la Ley de Vivienda con respecto a los alquiles de temporada. En concreto, equipararía los contratos temporales a los de vivienda habitual para, así, desincentivar su uso, máxime en zonas declaradas tensionadas para rebajar los precios.
Se crearía la obligación por parte del arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y, por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a lo que estipula la legislación laboral.
De prosperar la norma, el contrato de temporada no podrá exceder de nueve meses (en la redacción inicial que tumbó Junts eran seis), con el objetivo de que coincida con los tiempos del curso económico. Siempre que la duración exceda del tiempo fijado o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos, incluido el plazo mínimo y las prórrogas previstas.
El plazo de nueve meses busca adaptar la fórmula de arrendamiento al calendario docente, para permitir que profesores y estudiantes puedan beneficiarse.
Vivienda lo aprueba, pero con matices
Fuentes del Ministerio de Vivienda celebran la reactivación de la ponencia y urge a los grupos parlamentarios a alcanzar consensos para poder concretar una ley que ataje “el fraude que se está cometiendo con este tipo de alojamientos en toda España”, con especial atención “a las grandes ciudades”.
El Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado una decena de enmiendas, algunas con mejoras técnicas, otras, de más calado, como aumentar el tope del plazo de duración de los contratos de temporada a 12 meses en lugar de a nueve. Además, abren la puerta a ampliar el plazo de manera excepcional y siempre justificada, no pudiendo superar en ningún caso el doble, es decir, 24 meses.
Los socialistas también ajustan algunas definiciones y esbozan un régimen sancionador para garantizar la efectividad del Registro y la Ventanilla única de alojamientos de corta duración. Así las cosas, las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 600.000 euros; las graves con multa de 30.000 euros, y las leves con multa de 3.000 euros.
Fiscalidad
El Grupo Socialista no tiene enmiendas sobre fiscalidad registradas en esta iniciativa, pero espera abrir el debate e, incluso, poder transaccionar.
Fuentes del Ministerio de Vivienda esgrimen que la fiscalidad “es una de las herramientas más útiles para combatir la especulación y preservar la función social de la vivienda”. Así las cosas, defenderán una series de cuestiones, con mucho tiento, ya que el equilibrio ha de ser perfecto para atraer a Podemos sin perder al PNV por el camino.
Vivienda apuesta por limitar los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de no residentes mediante la subida del IVA al 21%, para que tributen como la actividad económica que son; y la creación del Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea, para evitar la compra especulativa.
También urgen a regular la transmisión a la Entidad Estatal de Vivienda de suelos y Patrimonio del Estado para destinarlos a políticas de vivienda asequible; así como modificar la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para blindar la asequibilidad de las viviendas propiedad de la Entidad Estatal de Vivienda.
Asimismo, para fomentar la bajada de precios en los alquileres y frenar la especulación, plantean lo siguiente:
- Modificación de la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que pasarán de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible.
- Aumento de la tributación por vivienda vacía, para incentivar su salida al mercado del alquiler.
- Extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.
