El Gobierno ha dado los primeros pasos para regular los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos con la publicación en TRIS del Proyecto de Real Decreto. En sintonía, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha elaborado su informe al respecto y, pese a admitir que se han pulido algunos aspectos con respecto a la propuesta inicial, considera que persisten diversas aristas pendientes de mejora centradas en la competencia y la carga administrativa para las empresas.
El texto ajusta los objetivos de recogida separada de residuos de productos textiles y de calzado, fijando metas del 30% para 2030, del 50% para 2035 y del 70% para 2040; cuando en una primera versión, el 50% debía alcanzarse en 2030 y el 70% en 2035. Con todo, la CNMC considera que los porcentajes fijados son una quimera en cuanto a poco realistas.
Según el organismo que preside Cani Fernández, el propio proyecto de real decreto “es más ambicioso que la normativa europea al establecer objetivos concretos de recogida separada, preparación para la reutilización y reciclado”, lo que “podría estar justificado desde el punto de vista medioambiental”, pero no tiene en cuenta “que la inmensa mayoría de empresas afectadas son pymes”.
El informe cuestiona la capacidad de pasar del 12% actual de recogida separada al 50% en 2035, un incremento del 38% en nueves años. En comparación con Francia, pionera en Europa al establecer un sistema de RAP para textiles, ropa de hogar y calzado en 2007, en más de 15 años de funcionamiento se ha alcanzado una tasa de recogida del 36,5%.
Además, la CNMC advierte que, primero, habría que estudiar si atesoramos la infraestructura tecnológica y de plantas suficiente para procesar tal volumen de residuos.
Los Sistemas Colectivos, el punto más crítico
El proyecto de real decreto impulsado desde el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico establece que, a diferencia de otros sectores, las responsabilidades de recogida y gestión de residuos textiles y de calzado (SCRAP) se articulen exclusivamente a través de sistemas colectivos, eliminando la opción de sistemas individuales. También se obligaría a los productores a financiar estudios sobre residuos y proyectos de I+D+i para fomentar el ecodiseño.
La CNMC ve positivo que se hayan incorporado recomendaciones previas como el uso del arbitraje para resolver conflictos y la firma de convenios con las Comunidades Autónomas para reducir burocracia. Sin embargo, apunta que prohibir los sistemas individuales restringiría las alternativas de los productores, limitaría su capacidad de innovación y podría favorecer estructuras de mercado monopolísticas u oligopolísticas.
Prohibir los sistemas individuales restringiría las alternativas de los productores, limitaría su capacidad de innovación y podría favorecer estructuras de mercado monopolísticas
Otra de las aristas que preocupa a Competencia sobre los SCRAPs es el riesgo de que, al reunir a empresas que compiten entre sí, puedan convertirse en una vía indirecta para intercambiar información comercial sensible.
Estos sistemas están concebidos para coordinar la gestión de residuos y cumplir obligaciones ambientales comunes, pero una gobernanza inadecuada podría facilitar el acceso a datos estratégicos sobre cuotas de mercado, volúmenes de producción o políticas comerciales de los distintos operadores. Para evitarlo, la CNMC defiende que la gestión de la información recaiga en terceros independientes y que los datos se compartan únicamente de forma agregada y anonimizada, de modo que ninguna empresa pueda conocer información específica de sus competidores.
Planes para grandes empresas
El Ejecutivo pretende imponer a las empresas productoras de textiles y calzado que superen -en un año natural- una cuota de mercado del 2,5% sobre el total nacional de productos introducidos en el mercado la elaboración de planes quinquenales de prevención y ecodiseño.
La CNMC no ve justificación alguna para fijar ese porcentaje y entiende que el plazo de cinco años es excesivo para adaptarse a la evolución del mercado. En su lugar, propone una revisión a tres años.
Cargas financieras adicionales: la fracción resto
El proyecto de real decreto dibuja porcentajes mínimos específicos para la denominada fracción resto, es decir, los productos textiles y de calzado presentes en la basura común: un mínimo del 5% en 2032 y del 10% en 2035. La financiación de estos costes de recuperación será obligatoria desde el 1 de enero de 2029. En este caso, el informe recuerda que aunque la ley española lo permite, es opcional para la directiva europea y, por tanto, puede no existir en otros países de la UE, afectando a la competitividad de los operadores en España.
Inseguridad jurídica y trabas administrativas
Competencia mira con recelo la Disposición Transitoria Primera que establece que responsabilidades financieras serán exigibles con carácter retroactivo desde la entrada en vigor del decreto. A su juicio, genera una gran incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que los productores no pueden saber de antemano cuánto deberán pagar, puesto que el inicio del pago depende de cuándo se firmen los convenios, un proceso que puede alargarse meses.
De igual forma, lamenta la existencia de posibles barreras de entrada en la autorización de SCRAPs porque el proceso de autorización depende de informes de la Comisión de Coordinación en materia de residuos y no hay un plazo máximo, lo que podría bloquear o retrasar el funcionamiento de los sistemas. Además, preocupa que las "especificaciones territoriales" que puedan añadir las Comunidades Autónomas fragmenten el mercado nacional.
Recomendaciones
Con esta ‘ensalada de peros’ a la propuesta del Gobierno, la CNMC propone varias recomendaciones para limar uno de los puntos más espinosos: el posible atasco en la autorización de los nuevos SCRAPs.
En primer lugar, propone reforzar con mas medios la Comunidad de Madrid, puesto que es donde muchas empresas tienen su sede y suelen acumularse las solicitudes. Con más recursos, las administraciones podrán absorber los expedientes para que no queden bloqueados.
Por otro lado, deslizan la creación de un convenio tipo o modelo estándar de acuerdo entre los SCRAP y los ayuntamientos, evitando que cada negociación tenga que empezar de cero. Y por último, exige que si la Comisión de Coordinación emita su informe en un plazo de 10 días para evitar el silencio administrativo negativo.