El Ministerio de Hacienda ha aprovechado la tramitación de un proyecto de ley en el Congreso para trasponer dos directivas europeas en una sola enmienda.
Se trata de la Directiva 2020/262, por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales y la Directiva 2020/1151, que modifica la directiva relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre alcohol y bebidas alcohólicas.
Aunque hay preceptos que no entran en vigor hasta 2023, ambas debían haberse aprobado el 31 de diciembre de 2021. Acumulan más de un año de retraso. De hecho, Hacienda ya había dado pasos para incorporarlas a la legislación española, enviando un proyecto de ley al Congreso en octubre de 2021. Sus enmiendas parciales se registraron a las pocas semanas, en noviembre de ese año y, desde entonces, nada más se supo.
La justificación dada por el PSOE es que la tramitación «se encuentra paralizada» y que esta fórmula permitirá «acelerar la trasposición» de estas directivas. La intención de la principal fuerza de Gobierno es sumar esta trasposición a otro proyecto de ley que traspone otras cuatro normas europeas con poca relación entre ellas.
Seis trasposiciones a la Comisión de Derechos Sociales
Una viene a regular requisitos de accesibilidad de productos y servicios; otra modifica parcialmente las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para empleos de alta cualificación; otra introduce requisitos para proveedores y servicios de pago; y la cuarta directiva regula procesos de digitalización en el ámbito de la empresa.
Además de las dos directivas que ahora se suman, el proyecto también adaptaba a la normativa internacional aplicable en materia de responsabilidad civil por daños nucleares.
Un crisol de normas que se debatirá en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, órgano al que la Mesa ha decidido encargar la tramitación del proyecto.
«Facilitar el trabajo parlamentario»
El propio Gobierno justifica en la exposición de motivos del proyecto aglutinar materias tan diversas esgrimiendo que no existe prohibición alguna en la Constitución. Se apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional (136/2011) que avaló la existencia de «leyes transversales» y recuerda que «esta técnica ya ha sido empleada en no pocas ocasiones, precisamente para la trasposición urgente de directivas europeas, mediante la aprobación de reales decretos-ley».
Apelando a la urgencia por trasponer las normas europeas, defiende esta vía en aras de «facilitar los trabajos parlamentarios con un único texto en un momento en el que la acumulación de proyectos y proposiciones de ley ante las Cortes Generales así lo aconseja».
Sin embargo, tal y como informó Vozpópuli en enero de este año, el Consejo de Estado cuestionó las formas del Ejecutivo remarcando que «la homogeneidad del objeto de las disposiciones legales es un principio esencial de técnica normativa que debe ser necesariamente respetado en su elaboración, salvo que existan circunstancias justificadas que aconsejen otra forma de actuar». Circunstancias no apreciadas en este caso.
Ley de Impuestos especiales
La trasposición de las dos directivas tributarias se sustancia en una sola enmienda de medio centenar de páginas para modificar la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales y su reglamento.
Hacienda explica que las modificaciones en la Directiva 2020/262 son fundamentalmente técnicas, al tener el objetivo de adaptar terminología y procedimientos del Tratado de Lisboa y del código aduanero, coordinando este tributo a sus procedimientos.
Entre sus novedades, se habilita a la aduana de salida como posible destino de una circulación en régimen suspensivo de los impuestos especiales. También se crean dos nuevas figuras de operadores económicos, el expedidor certificado y el destinatario certificado, para informatizar los procedimientos aplicados al movimiento de productos sujetos a estos impuestos y su identificación en el sistema.
En el caso de la Directiva 2020/1151, actualiza las referencias a los códigos de la nomenclatura combinada que se utilizan para la descripción de los productos derivados del alcohol, como ‘vino espumoso’ y ‘otras bebidas fermentadas espumosas’.
Ya esperaban en el Congreso
Hacienda ya había impulsado su incorporación a la legislación española. En octubre de 2021 envió un ‘pack’ de trasposiciones con una tercera directiva, esta para eximir de IVA e Impuestos Especiales cualquier suministro a fuerzas armadas desplegadas fuera de su propio Estado miembro en el marco de la política de seguridad y defensa europea.
Esta también ha acabado tramitándose fuera del radar de la Comisión de Hacienda del Congreso. Concretamente, el Gobierno aseguró su aprobación incorporándola al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023.
