QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible encara la recta final antes de aterrizar en el BOE. Este miércoles el Senado debate y vota el dictamen emitido por la Comisión de Transportes para, posteriormente, remitir el texto al Congreso y concluir su tramitación. El redactado no está ni mucho menos cerrado. Los grupos han mantenido sus enmiendas vivas y, según ha podido confirmar Demócrata, se están produciendo conversaciones con el Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, para integrarlas.
Es el caso de una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre licitaciones desagregadas. La formación catalana ya la impulsó en el Congreso, pero no logró que prosperara, y ahora, se agota la última ventana de oportunidad.
Tal y como publicó este periódico el pasado lunes, los republicanos catalanes creen que tienen posibilidades de incluirla. La llave la tiene el PP, que admite que las conversaciones están abiertas no solo con este grupo, sino con otros, para seguir mejorando el texto antes de enviarlo al Congreso.
La enmienda en cuestión es la número 69 y plantea modificar la planificación, despliegue e instalación de infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico. El objetivo es que, en el caso de las concesiones por parte de las diferentes administraciones públicas, especialmente en redes estatales de carreteras, se separen en lotes donde se diferencie entre estaciones de recarga para vehículos eléctricos (electrolineras), estaciones de repostaje de combustible (gasolineras) y actividades comerciales y de restauración.
Justifican que esta práctica de licitación en bloque, conocida como bundling, es habitual en áreas de servicio de autopistas o carreteras públicas. Sin embargo, con este modelo, se excluye de forma estructural a los operadores especializados que no pueden ofrecer todos los servicios incluidos, como las empresas dedicadas exclusivamente a la recarga de vehículos eléctricos.
El bundling o licitación en bloque excluye de forma estructural a los operadores especializados, que no pueden ofrecer todos los servicios incluidos
“Al exigir la provisión conjunta de servicios muy distintos, se limita la competencia efectiva y se favorece a los operadores tradicionales con una oferta energética diversificada, distorsionando el mercado y reduciendo la disponibilidad y calidad de la infraestructura de recarga eléctrica”, esgrime ERC.
Además, la Comisión Europea ya urgió a las autoridades a diseñar licitaciones desagregadas, y el Banco de España advirtió sobre la ventaja estructural de los actuales propietarios de estaciones de servicio, que podrían limitar la entrada de nuevos competidores.
El sector se mueve
El sector de las electrolineras al completo tiene su foco dirigido al Senado por esta enmienda, puesto que, de aprobarse, salvaría sus inversiones.
En declaraciones a Demócrata, fuentes de la industria de la recarga valoran “como un elemento fundamental para sustentar la seguridad jurídica” que “se nos considere como una industria separada e independiente de otras existentes”.
“Que las concesiones de espacios diferencien entre estaciones de recarga y gasolineras es fundamental para nosotros desde el prisma de la libre competencia. No sólo lo decimos nosotros, también la Comisión Europea en sus guías para Estados Miembros sobre licitación de estaciones de recarga”, abundan. Y añaden: “Lo demuestran países con una mejor ratio de infraestructuras de recarga de calidad como Países Bajos o Bélgica y, finalmente, el Banco de España, que en su informe con la CNMC de junio de 2025 dejó claro que el sistema concesional actual permite a los propietarios de infraestructuras ya implantadas disponer de una ventaja estructural al instalar puntos de recarga”.
Por este motivo, el sector defiende la importancia de licitaciones desagregadas para que “la especialización se abra paso” y se favorezca “que los conductores pasen a los vehículos eléctricos puros”.
Más agilidad
La 69 no es la única enmienda que ERC mantiene viva en favor del sector. También la 68, cuyo fin es agilizar el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, eliminando cargas administrativas que actualmente ralentizan su implementación. Para ello, plantean sustituir procedimientos burocráticos por declaraciones de responsabilidad.
A diferencia de la anterior, no está confirmado que esta modificación sea objeto de negociación.
Otras enmiendas con posibilidades
Junts, que rompió relaciones con el PSOE, mantiene conversaciones con los populares por varias enmiendas que mantienen vivas y se votarán en el Pleno de este miércoles. En concreto, dos.
Una de ellas es un artículo de adición sobre el Programa de descarbonización acelerada de las flotas de buses interurbanos. Junts demanda un Real Decreto con un Programa plurianual de ayudas para la sustitución y ampliación de las flotas de operadores de líneas regulares y autonómicas con el fin de permitir al sector del transporte colectivo interurbano de viajeros acelerar su proceso de transición hacia entornos de economía verde, así como conseguir alcanzar cuanto antes el objetivo de que un mínimo del 50 % de vehículos de las flotas de transporte interurbano sean de emisiones “0” (100 % eléctricos, gas o biogás, otros biocombustibles y motorizaciones “0” emisiones). El Gobierno dispondría de un plazo de seis meses.
Las ayudas contemplarían tanto subvenciones como financiación diferida. A estos efectos, se establecerá la correspondiente previsión presupuestaria anual en los créditos destinados a los Ministerios de Transporte y Movilidad Sostenible, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o a los que los sustituyan en dichas competencias.
En los supuestos en que los plazos de amortización de las inversiones requeridas para la adquisición de vehículos o adecuación de cocheras y bases superen los periodos de duración de las concesiones vigentes en el momento de la solicitud de las ayudas, se habilitaría a las Administraciones titulares de las concesiones de transporte colectivo interurbano de viajeros para que puedan ampliar los plazos concesionales hasta como máximo el 3 de diciembre del año 2039.
Otra enmienda que está siendo negociada con el Grupo Popular en el Senado aspira a suprimir la obligatoriedad de que las administraciones públicas deban facilitar información a la OFVA central.
A pesar de que todas estas enmiendas sean incorporadas al texto, el redactado final dependerá de lo que vote después el Congreso, que deberá aceptar o rechazar las modificaciones realizadas por la Cámara Alta.
