QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Una enmienda tiene en vilo el futuro energético del país. El cierre o no de centrales nucleares ha copado el debate político desde que la pasada semana el Partido Popular utilizara su mayoría absoluta en el Senado para introducir una enmienda al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que suprime la fecha de cese definitivo y de explotación de las centrales de Almaraz (Unidades I y II), Ascó I y Cofrantes. Su porvenir continúa en el aire, pues corresponde al Congreso decidir si mantenerla o no, y todo depende de un Junts que aún no ha desvelado su intención de voto. El Ministerio de Transición Ecológica aguarda el resultado final y acusa a los de Alberto Núñez Feijóo de generar una inseguridad jurídica que deberá ser resuelta.
Fuentes del Ministerio dirigido por Sara Aagesen, en declaraciones a Demócrata, rebajan el impacto real de la enmienda del PP: “No modifica la normativa vigente, ni el régimen de la solicitud de las prórrogas, sino los actos administrativos”. Por ello, consideran que las prórrogas no serían automáticas y se han generado “falsas expectativas”.
Lamentan que “la enmienda del PP modifica de forma discrecional y unilateral las órdenes de extensión de las autorizaciones de explotación en las que se establece el cese definitivo, sin que medie una solicitud de informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)”, privando de esta manera al organismo de la posibilidad de pronunciarse, “algo que en 2012 sí consideraron necesario estando en el Gobierno para el caso de Garoña”.
Transición Ecológica defiende que el Gobierno no ha puesto trabas a la presentación de solicitudes de extensión por parte de las empresas titulares en el marco de la normativa vigente. De hecho, “tanto es así que presentaron su solicitud hace varias semanas, sin necesidad de que se modificara la orden ministerial”.
En consecuencia, consideran que se está creando “confusión” e “inseguridad” en los “procedimientos que el propio CSN ha establecido de cara a la fecha de cese y que obligan a los titulares a enviar documentación con suficiente antelación”; con el consiguiente perjuicio a la seguridad.
El Gobierno denuncia que “lo único que se consigue es crear inseguridad jurídica e introducir ruido y confusión en unos procedimientos cuyo objetivo es garantizar la seguridad nuclear y frente a las radiaciones”.
“Parece que la receta del PP para el sistema energético español y, especialmente en un ámbito tan sensible como la energía, es incertidumbre, improvisación y generar falsas expectativas en lugar de anticipación y rigor sobre la seguridad de las instalaciones y ciudadanos (protección radiológica), que es lo realmente necesario”, concluyen desde el Ministerio.
Junts, la clave de bóveda
El voto de los siete diputados de Junts serán los que decanten la balanza. De su bancada dependerá que el Gobierno se vea obligado a arreglar el desaguisado jurídico que, dice, genera la enmienda del PP, o que la enmienda no sea finalmente aprobada y todo quede en agua de borrajas.
Con PP (137), Vox (33) y el siempre fiel UPN (1), los votos a favor de no cerrar las centrales nucleares ascienden a 171. En contra, se esperan 172 de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto José Luis Ábalos (que suele mantener la disciplina de voto), Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos.
El escenario es cristalino. Si Junts vota ‘no’ o se abstiene, la enmienda del PP decae (salvo equívoco de sus señorías, pues el margen es mínimo, de apenas un voto). El grupo catalán no desvela el sentido de su voto y, según ha podido saber este periódico, se encuentra inmerso en un debate interno.
Las dudas de Catalunya y el impacto territorial
Las políticas sobre energía nuclear tienen un enfoque particular en Catalunya porque tiene tres centrales nucleares operativas: Ascó I, Ascó II y Vandellòs. Ubicadas en la provincia de Tarragona, representan un pilar fundamental en la generación de la región, pues cubren en torno al 60% de la electricidad consumida la comunidad autónoma.
Una de las principales preocupaciones en Catalunya es que se garantice el suministro energético para no poner en riesgo la competitividad de la industria. La otra, es el impacto económico y laboral.
Se prevé una pérdida de unos 10.500 empleos, directos e indirectos, vinculados al sector nuclear. Por ejemplo, se calcula que cara recarga anual de combustible en las plantas nucleares supone la contratación de más de 1.000 trabajadores extra temporalmente. Las economías locales se verán notablemente afectadas, con especial atención a las comarcas de Ribera d’Ebre (Ascó), Baix Camp y Priorat.
Tras el cese de actividad, el desmantelamiento generará empleo durante varios años, pero de forma temporal y muy inferior al generado por la operación regular.
Todo ello preocupa también a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aunque en su caso el voto está más que claro: no. Su formación siempre se ha manifestado en contra de la energía nuclear, “como no puede ser de otra manera”, remachan fuentes del partido. Sin embargo, sí que demandan al Gobierno un plan para “que los que viven de ello no se queden sin trabajo”.
Las otras enmiendas en juego
Los socios habituales del Gobierno acordaron con el PP decenas de enmiendas. El PSOE únicamente apoyó una del PNV, la que posibilita que en una posición ya ocupada por un consumidor y que tenga aún potencia ociosa puedan conectarse más empresas. Esta modificación comprometería al Gobierno a, en el plazo de seis meses, aprobar un Real Decreto que desarrolle un mecanismo para la alimentación de demandas firmes que favorezca esa conexión. Asimismo, otra enmienda, facilitará que una posición pueda cambiar su uso o finalidad aunque no estuviera así definido previamente en la planificación, de forma que los distribuidores que ahora no pueden conectarse a la red puedan incorporarse cuando haya proyectos “que hayan presentado madurez y firmeza”.
El porvenir del resto de enmiendas no solo depende de que el PP mantenga su apoyo, sino de que Vox haga lo propio, lo cual está por ver. Algunas de las enmiendas más relevantes que hay en juego son:
Licitaciones desagregadas, la victoria de ERC
Tal y como avanzó Demócrata, las conversaciones entre ERC y el PP se intensificaron a cuenta de la enmienda número 69 sobre licitaciones desagregadas. La formación catalana ya la impulsó en el Congreso, pero no logró que prosperara.
Esta modificación plantea que, en el caso de las concesiones por parte de las diferentes administraciones públicas, especialmente en redes estatales de carreteras, se separen en lotes donde se diferencie entre estaciones de recarga para vehículos eléctricos (electrolineras), estaciones de repostaje de combustible (gasolineras) y actividades comerciales y de restauración.
No es la única que el Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia, conformado por ERC y EH Bildu, logró meter. El PP también les apoyó otras ocho enmiendas (58, 60 a 64, 67 y 69). Estas proponen un mínimo del 15% de contribución de la Administración General del Estado (AGE) a los costes operativos del transporte urbano; un Plan de despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en pequeños y medianos municipios; promocionar el transporte ferroviario de personas; comprometer al Gobierno a elaborar en un plazo de seis meses una Estrategia de Financiación del transporte público; y el impulso del transporte a demanda en las zonas rurales para garantizar el derecho a la movilidad en las zonas rurales despobladas.
Junts y sus 16 enmiendas
Junts fue de los que más tajada sacó, con hasta 16 enmiendas. Tras romper con el PSOE -y de facto con el Gobierno-, la formación catalana se puso manos a la obra para negociar con el PP en el Senado.
Los de Carles Puigdemont, con el senador Joan Baptista Bagué al frente, incorporó al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible varias de sus prioridades. En primer lugar, la creación de un Programa de descarbonización acelerada de las flotas de buses interurbanos. En caso de que el Congreso la mantenga, el Ejecutivo deberá aprobar en un plazo de seis meses un Real Decreto con un Programa plurianual de ayudas para la sustitución y ampliación de las flotas de operadores de líneas regulares y autonómicas con el fin de permitir al sector del transporte colectivo interurbano de viajeros acelerar su proceso de transición hacia entornos de economía verde, así como conseguir alcanzar cuanto antes el objetivo de que un mínimo del 50 % de vehículos de las flotas de transporte interurbano sean de emisiones “0” (100 % eléctricos, gas o biogás, otros biocombustibles y motorizaciones “0” emisiones).
El PP también aceptó la supresión de la obligatoriedad de que las administraciones públicas deban facilitar información a la OFVA central; así como un paquete de enmiendas para proteger las competencias autonómicas.
De igual forma, se añadieron al texto dos relacionadas con el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), en concreto, para que esta centralización permita que los datos que afecten a territorios autonómicos sean gestionados de forma compartida por las CCAA y el EDIM; y que las CCAA participen en la planificación de las infraestructuras de transporte de competencia estatal.
