QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado tres nuevas medidas en materia de Vivienda que prevé aprobar y aplicar en este periodo de sesiones: ayudas para alquiler con opción a compra, seguros de impago de rentas para jóvenes y nuevas ayudas para la compra en el medio rural. Así lo ha comunicado durante la reunión interparlamentaria que ha presidido y con la que ha dado oficialmente el pistoletazo de salida al nuevo curso político.
Sánchez ha presentado ante sus señorías del Grupo Socialista del Congreso, Senado y del Parlamento Europeo su hoja de ruta, que incluye cinco ejes, con especial atención al pilar de la Vivienda.
Poniendo el foco en los jóvenes, el presidente del Gobierno ha anunciado una ayuda de casi 30.000 euros para alquileres con opción a compra. También ha anticipado la puesta en marcha del seguro de impago de rentas para jóvenes con el propósito de dar más garantías a propietarios y a inquilinos (que ya anunció hace unos meses, pero no se había concretado nada). Y para completar la terna de propuestas, ha comunicado nuevas ayudas de 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.
Detalles de las medidas
Se incluirán en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para impulsar la emancipación de los jóvenes (menores 35 años):
Ayuda para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente
Ayuda de casi 30.000 euros para el pago de la renta del alquiler antes de la compra de la vivienda, que serán descontadas del futuro precio de la compraventa. Es decir, el precio abonado por las rentas del alquiler supone el pago por adelantado de la futura compraventa; y la ayuda estará destinada al pago del alquiler, lo que permitirá a la persona joven ahorrar para adquirir la vivienda en propiedad.
Al tratarse de una vivienda protegida con carácter permanente, su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor. Eso quiere decir que si en el futuro se quiere vender esa vivienda, lo tendrá que hacer a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos que el anterior propietario.
De este modo, se blindan las viviendas pagadas con recursos estatales frente a la especulación.
Ayuda a la compra en municipios de 10.000 habitantes o menos para la emancipación de personas jóvenes
Ayuda de más de 10.800 euros, sin superar el 20% del coste de adquisición de la vivienda. La vivienda tiene que estar localizada en municipios de 10.000 habitantes o menos.
Seguro de impago de rentas para jóvenes
Es una herramienta que va a dar garantías a propietarios e inquilinos para contratos de alquiler. Servirá para garantizar el acceso a la vivienda de los inquilinos y asegurar el pago de las rentas no pagadas.
Las rentas a las que se da cobertura es a aquellas cuyo importe mensual no supere el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar que figura en el contrato.
Responsabilidad compartida
El líder del Ejecutivo ha admitido el grave problema de la Vivienda. Ha asegurado que se están dando los pasos necesarios para ir resolviendo una crisis tan compleja, y si bien ha garantizado que no se escudará en excusas, ha criticado duramente a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por no aplicar la Ley de Vivienda. “La responsabilidad es compartida”, ha recordado.
En este sentido, ha anticipado también que este lunes remitirá una propuesta a todas las comunidades autónomas para triplicar la financiación de política de Vivienda de los gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo propio.
Esta batería de iniciativas acompaña al anuncio del domingo sobre la notificación de 53.876 pisos turísticos ilegales a plataformas digitales para que retiren los anuncios online de dichos alojamientos por no haber solicitado el número de registro, obligatorio desde el pasado 1 de julio.
Desde agosto, registradores, Ministerio y plataformas comparten datos a través de la Ventanilla Única Digital, una medida impulsada por la ministra Isabel Rodríguez para combatir el fraude en los alojamientos temporales. Cabe recordar que EH Bildu tiene registrada una proposición de ley para exigir responsabilidades a las plataformas en estos casos.
Otros anuncios y prioridades
Vivienda al margen, Sánchez ha adelantado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará los coeficientes reductores de bomberos forestales y agentes medioambientales después de rubricar el primer convenio entre TRAGSA y el sector.
De igual forma, el Consejo aprobará un alza en las previsiones de crecimiento económico para 2025. “Es gracias a las empresas, trabajadores y familias”, ha dicho, aunque admite que a pesar de que se está creciendo a un ritmo mejor del esperado, “queda mucho por hacer para reducir la desigualdad”.
Sánchez ha abundado en dos pilares sobre los que ya se ha pronunciado con anterioridad. En primer lugar, el apoyo del Gobierno de España a la cooperación internacional y al Estado de Palestina. “Reivindicamos lo correcto, que es estar al lado de las víctimas, de los agredidos, no de los agresores. Que sigamos haciéndolo con la cabeza alta”, ha dicho.
Por último, ha reiterado la voluntad del Ejecutivo y la suya propia en rubricar un Pacto de Estado contra la emergencia climática, que consta de un decálogo de medidas:
- Creación de fondos con recursos permanentes a nivel estatal y autonómico para acelerar la reconstrucción de los municipios y paisajes golpeados y financiar los trabajos de limpieza y acondicionamiento.
- Comprometer a las Administraciones a aumentar y mantener todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y combatir eventos climáticos extremos. Su propósito es asegurar que se cuenta con cuerpos de bomberos y brigadistas de forma estable, que estén formados y dotados.
- Creación de una Agencia Estatal de Protección Civil que potencie y garantice la coordinación y la colaboración en la gestión de emergencias. En este punto, Sánchez ha insistido en que considera que es mucho más eficaz que se atajen de forma descentralizada.
- Avanzar hacia un modelo de gestión ambiental adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI. En concreto, ha especificado que se promoverá la reforestación con bosques mixtos, especies resilientes al fuego y tratamientos preventivos que permitan un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Se atenderá tanto a la voz de las organizaciones ecologistas como a las del sector primario.
- Estrategia Nacional de Resiliencia Hídrica para lidiar contra inundaciones y sequías. Se prevén actualizar los planes hidrológicos y la normativa de ordenación del territorio.
- Revisión de la legislación laboral ante las olas de calor. También se adaptarán las infraestructuras a un clima más extremo, con olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas. Se propondrán refugios climáticos en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, tanto en grandes ciudades como en el medio rural: corredores de sombra, sistemas de asistencia para las personas vulnerables, estándares que protejan a los trabajadores del estrés térmico…
- Reconocimiento y fortalecimiento del papel del mundo rural mediante ayudas económicas, incentivos fiscales, servicios reforzados, programas de repoblación y fomento del empleo verde, con especial atención a la bioeconomía y a la restauración de ecosistemas.
- Fomento de la agroforestería, la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa, el pastoreo dirigido o el riego eficiente. Son prácticas que ya se están impulsando, pero se necesitan más recursos para consolidarse.
- Instaurar una cultura cívica de prevención y reacción ante emergencias, comenzando en el ámbito educativo, con programas de formación en Protección Civil que llegarán este curso a todos los centros no universitarios.
- Participación de todas las administraciones y de la sociedad civil. Se pretende fomentar el debate en torno a la emergencia climática para nutrir el Pacto de Estado con aportaciones de grupos parlamentarios, gobiernos autonómicos y locales, agentes sociales, comunidad científica, organizaciones ecologistas, asociaciones del mundo rural, ONG y voluntariado.
