QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las Comunidades Autónomas podrán establecer sus propias medidas fiscales sobre la ropa usada, tal y como establecer el borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos, al que ha tenido acceso Demócrata.
La iniciativa tiene por objeto disponer un régimen jurídico para reducir el impacto adverso en el medioambiente de los residuos generados por los productos textiles y el calzado. Para lograrlo, se permitiría a las autoridades competentes, entre las que se incluyen las comunidades autónomas, usar los instrumentos económicos necesarios, incluidos los fiscales, para proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos y el cumplimiento de los objetivos fijados.
Autoridad competente El borrador entiende como autoridad competente la definición formulada en el artículo 2.e de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En concreto, se menta el Gobierno y las administraciones públicas: la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, así como las ciudades de Ceuta y Melilla.
¿Cuáles son los objetivos fijados?
El Ministerio de Transición Ecológica se ha fijado dos objetivos a nivel estatal, uno con la vista puesta en el 2030, y otro un lustro después, en 2035.
Aagesen espera lograr una reducción del peso de los residuos de productos textiles y de calzado del 5% respecto a los generados en 2027; y del 10% en 2035.
Según un estudio sobre residuos municipales elaborado y publicado por la Fundación para la Economía Circular en octubre de 2020, se estima que la generación de residuo textil en 2017 fue de más de un millón de toneladas, lo que supone unos 23 kg por habitante al año.
¿Qué medidas ampara el RD?
El borrador del proyecto de Real Decreto contempla expresamente los puntos 6 a 15 del anexo V de la Ley 7/2022, que son:
- Correcta planificación de las inversiones en infraestructura de gestión de residuos, en particular a través de fondos de la Unión.
- Contratación pública sostenible para incentivar una mejor gestión de los residuos y el uso de productos y materiales, reutilizados, preparados para la reutilización y reciclados, así como la reparación de los productos.
- Supresión progresiva de las subvenciones que no son compatibles con la jerarquía de residuos.
- Uso de medidas fiscales o de otros medios para promover la utilización de productos y materiales preparados para su reutilización o reciclado.
- Apoyo a la investigación y la innovación en el diseño y desarrollo de productos para que tengan en cuenta todo el ciclo de vida de forma que sean reciclables, reparables, reutilizables y actualizables, y de tecnologías y procesos que minimicen la producción de residuos; así como en tecnologías de reciclado avanzadas y refabricación.
- Uso de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de residuos.
- Incentivos económicos para las autoridades regionales y locales, en particular para fomentar la prevención de residuos e intensificar los sistemas de recogida separada, evitando apoyar el depósito en vertederos y la incineración.
- Campañas de concienciación pública, en particular sobre la jerarquía de residuos, la recogida separada, la prevención de residuos y la reducción de los vertidos de basura dispersa, e inclusión de estas cuestiones en la educación y la formación.
- Sistemas de coordinación, incluso por medios digitales, de todas las autoridades públicas competentes que participan en la gestión de residuos.
- Promoción continua del diálogo y la cooperación entre todos los interesados en la gestión de los residuos y fomento de los acuerdos voluntarios y la presentación de informes sobre residuos por parte de las empresas.
Todo esto abre la puerta a que una tienda que venda ropa de segunda mano pueda acceder a beneficios fiscales o que determinados productos fabricados con fibras sintéticas y de bajo coste puedan estar sujetas a una tasa autonómica adicional si se considera que tiene un alto impacto ambiental.
