QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Junts ha roto con el Gobierno, pero no del todo. Su portavoz parlamentaria en el Congreso, Míriam Nogueras, compareció este jueves junto a todos sus compañeros de grupo para anunciar que registraría enmiendas de totalidad a 25 leyes y no respaldaría ninguna de las 21 que ya han superado dicho trámite y se encuentran en fase más avanzada. “Bloqueo de la legislatura”, concluyó a bombo y platillo. Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿Cuál es el impacto real del órdago de Junts?
Los verdaderos rotos de Junts
Senda y Presupuestos
Es de lo más inmediato. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya tiene diseñada la senda de déficit y asegura que convocará “pronto” al CPFF para que las CCAA conozcan las cifras, que ya fueron desveladas por Demócrata. Sin Junts, tanto la senda como los PGE no prosperarían. Sin embargo, tanto la propia Montero como el presidente, Pedro Sánchez, adelantaron que se recurriría a la senda antigua y se prorrogarían cuentas sin ningún problema y sin necesidad de convocatoria electoral.
Agenda sanitaria
La ministra de Sanidad, Mónica García, es una de las peor paradas. Logró llevar al BOE la Agencia Estatal de Salud Pública, pero su profusa agenda pasa por el Congreso. Dos de las iniciativas a las que Junts ha anunciado enmienda de totalidad son suyas y muy importantes: la de Universalidad y la de Cohesión. Hay una tercera pata aún pendiente de pasar por Consejo de Ministros, que sería la Ley anti-privatizaciones, que tampoco vería la luz.
Junts también se opondrá al Proyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad y, cuando lleguen a las Cortes tras recibir el visto bueno en segunda vuelta, al Proyecto de Ley de Medicamentos y al Antitabaco.
Mucho se ha trabajado, y se sigue trabajando en Sanidad, y todo podría quedar en papel mojado.
Reformas judiciales
Otro de los grandes afectados, junto a García, es Félix Bolaños. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tiene varias iniciativas pendientes de tramitar y que son prioridades no ya de su ministerio, sino de la legislatura.
Las totalidades anunciadas por Junts afectan al Proyecto de Ley de acciones colectivas para la defensa de los consumidores y a la Ley sobre jurisdicción universal. Además, Nogueras ha llegado a citar dos de sus iniciativas en las que no podrán contar con ellos: la denominada Ley Bolaños y la Ley Begoña.
El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, comúnmente conocida como Ley Bolaños, es una de las prioridades del ministro. Superó el debate de totalidad en junio y, actualmente, está pendiente de que la Comisión de Justicia elabore el informe de ponencia.
Su propósito es adecuar la Administración de Justicia a la nueva realidad social y garantizar la igualdad de oportunidades y la excelencia en el acceso a la misma. Para ello, plantea una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal que blinde las Becas SERÉ (ayudas a opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia) y se garantice que la cuantía sea equivalente, al menos, al SMI, con una duración de hasta cuatro años. Junts solicitaba, entre otras cosas, una suerte de CGPJ catalán (Consell de Justicia de Catalunya) y eliminar la Audiencia Nacional.
También se condena al Proyecto de Ley de Menores en entornos digitales, que ya se estaba negociando con el sector y entre los grupos.
Industria
El Proyecto de Ley de Industria lleva meses guardado en un cajón del Congreso. No tenía visos de desbloquearse, y con el rechazo de Junts, menos. Se trata de una modernización de la actual Ley de Industria, con más de treinta años de vigencia –data de 1992– y pretende acompañar el proceso de reindustrialización con mecanismos para favorecer inversiones y una mayor gobernanza desde la Administración.
Es, además, uno de los hitos comprometidos con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, por lo que de su aprobación depende el desembolso de fondos europeos.
Entre sus medidas, destacan las ventajas económicas y normativas previstas para los llamados proyectos estratégicos, en base al volumen de inversión movilizada, el tipo de empresa impulsora o el objetivo planteado.
De facto, se impacta también sobre los medicamentos. Y es que, en esta ley es donde el Gobierno pretendía integrar la Ley de Medicamentos Críticos que pide Europa, que busca garantizar un suministro seguro y continuo de estos medicamentos, considerados esenciales para el tratamiento de enfermedades graves o de situaciones de emergencia. Es el caso, entre otros, de los antibióticos de amplio espectro, la insulina, los medicamentos para tratar enfermedades cardíacas o respiratorias, analgésicos potentes, tratamientos para el cáncer o la epilepsia y productos para el control de infecciones.
PNV y la Información Clasificada
Sobre el Proyecto de Ley de Información Clasificada también pesa una amenaza de enmienda de totalidad. No obstante, el verdadero afectado aquí es el PNV. La reforma de los Secretos Oficiales no es algo que priorice el Gobierno de no ser porque se ha visto presionado en varias ocasiones por los jeltzales. De hecho, en su discurso de despedida del hemiciclo, Aitor Esteban la mencionó. Es una de las principales demandas del PNV. Su gozo en un pozo.
Cinco son multitud
La formación catalana ha explicado que votarán a favor de hasta cinco iniciativas:
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Proyecto de Ley de Atención al Cliente.
- Proyecto de Ley del Cine.
- Proyecto de Ley de Economía Social
- Real Decreto-Ley ELA
Alegan que ya se habían cerrado acuerdos, aunque esto no es del todo cierto, puesto que por ejemplo el Proyecto de Ley del Cine ni siquiera ha cerrado aún período de enmiendas. Sí que son normas en las que han logrado incorporar enmiendas, pero en el caso del Cine, su respaldo viene propiciado porque la norma beneficia a productoras y distribuidoras independientes afincadas en Catalunya y establece una serie de ayudas, entre otros, a proyectos de lenguas cooficiales.
En el siguiente enlace se puede consultar qué tajada saca Junts en cada una de las normas.
Razones y motivos al margen, Junts allana el camino a cuatro proyectos de ley, que dada la aritmética parlamentaria y el volumen legislativo del Ejecutivo, no son pocas. Máxime cuando tres de ellas son económicas y verdaderas prioridades, como es el caso de Movilidad Sostenible, Atención al Cliente y Economía Social. Algunas son heredadas de la pasada legislatura, que no lograron salir adelante. Con esta perspectiva, podría concluirse que el bloqueo, total no es.
La excusa perfecta y un favor
25 enmiendas de totalidad no son pocas, pero el listado tiene trampa o, al menos, una segunda lectura. Ninguna de esas leyes era del gusto de Junts. Tampoco comparten muchas de las 21 en tramitación que no apoyarán. Las únicas en duda son, precisamente, dos que el Ejecutivo había acelerado en las últimas semanas: el Proyecto de Ley de Protección de menores en entornos digitales y el Proyecto de Ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos -la antesala de la esperada Ley del Cine-.
Con respecto a la norma de protección de menores en red, se prevé cerrar el periodo de enmiendas el próximo miércoles 12 de noviembre y se esperaba una dura batalla en ponencia por ver sobre quién se descarga la responsabilidad del control parental, si sobre los fabricantes o sobre los operadores. Las patronales digitales no terminan de tener un criterio común y, si Junts ya ha anunciado que se desvincula de las normas cuya génesis sea el Ejecutivo, evita mancharse las manos.
La pasada semana Junts comunicó que rompía relaciones con el Gobierno. Sin embargo, 24 horas después, estaba votando a favor en Comisión a su Proyecto de Ley de Atención a la Clientela y, días después, rechazó la posibilidad de vetar en el Senado el de Movilidad Sostenible. En consecuencia, el anuncio de este jueves no hace sino dotar de coherencia al relato de ruptura, porque se dejaría de negociar, pero no de apoyar algunas normas.
Por su parte, pudiera pensarse que el bloqueo acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez; pero el impacto no es tal. Si bien es cierto que algunas de las iniciativas son importantes para el Ejecutivo, hay otras que incluso al PSOE le hacen poco menos que un favor.
Algunos de los proyectos de ley llevan meses y meses bloqueados, bien por disputas entre socios, como por ejemplo con el Proyecto de Ley de alcohol en menores o Familias, o bien porque no se termina de ver claro el apoyo de los aliados parlamentarios habituales, como es el caso de Industria.
El Proyecto de Ley de Familias duerme el sueño de los justos en el Congreso desde febrero de 2024, y el de Industria, desde diciembre del mismo año. Luego, la parálisis ya existía previamente al anuncio de Junts.
Pero afirmar que no tendrá consecuencias tampoco sería cierto. Sí que hay un importante volumen legislativo que el Ejecutivo -o al menos una parte de él- quería aprobar en esta legislatura y la posición de Junts lo podría truncar. O no…
Cuentas ajustadas
El bloque de investidura ha sufrido una importante baja por el descuelgue de los sietes diputados de Junts, pero no todo está perdido. La suma de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto José Luis Ábalos (que suele mantener la disciplina de voto), Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un montante de 172.
La mayoría absoluta quedaría a cuatro escaños, y sin Junts, se complica llegar a la cifra salvo equívoco de señorías de PP, Vox y UPN. Pero 172 sí dan para aprobar leyes por mayoría simple (no orgánicas), puesto que si los de Puigdemont se abstuvieran, los bloques quedarían 172 a 171 en favor del Gobierno y sus socios. El margen es más que mínimo.
La cuestión es en qué iniciativas Junts se abstendrá para facilitar y en cuáles no.
