QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular sostiene que la reciente legislación sobre VTC ‘da equilibrio y seguridad al sector’, en contraposición, los adversarios políticos acusan que esta ley facilita una ‘barra libre’ para las corporaciones y promueve la ‘mercantilización del transporte público’. Estas posiciones se han expuesto tras la sesión de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, donde se discutieron las modificaciones al Proyecto de Ley que ajusta la Ley 10/2014 del Taxi en Murcia, que rige la relación entre taxis y VTCs. El Proyecto, originado en el Decreto-Ley 2/2025, se votará mañana en el Pleno.
Durante la discusión, las fracciones parlamentarias expresaron opiniones divididas sobre la extensión de la ley, que el PP ve como ‘una ley equilibrada, dialogada y moderna’, mientras que la oposición alerta que ‘deja sin control a las empresas de VTC’ y ‘desatiende al taxi y a los municipios’.
Antonio Landáburu, diputado del PP, argumentó que ‘ni el desorden de Vox ni la burocracia del PSOE mejoran la ley’, destacando que ‘el Gobierno de López Miras ofrece equilibrio, seguridad y diálogo al sector del taxi y las VTC’. El decreto, según Landáburu, ‘nació del consenso con el sector’, escuchando a los implicados directos como taxistas, empresas de VTC, municipios y consumidores.
Landáburu defendió que la normativa ‘aborda con seriedad y equilibrio un problema que el Gobierno de España dejó sin resolver con el llamado Decreto Ábalos’ y que ‘asegura competencia justa, seguridad jurídica y la estabilidad que el sector ha requerido durante años’. Ha criticado las enmiendas del PSOE por ‘llenar la ley de informes y trámites que ralentizarían la gestión’, y las de Vox por ‘buscar liberalizar completamente el servicio, permitiendo operar sin control en todos los municipios de la Región’.
‘El ciudadano debe ser el foco de esta regulación. Lo esencial no es si el trayecto lo realiza un taxi o una VTC, sino que el servicio sea seguro, accesible y de alta calidad’, afirmó el diputado popular.
Por su parte, Miguel Ángel Ortega del Grupo Parlamentario Socialista, sostuvo que el decreto ‘llega tarde, mal y no aborda las principales necesidades ni del taxi ni de la ciudadanía’. Denunció que el texto ‘se ha vendido a las grandes multinacionales en detrimento del taxi’ y ‘ha excluido temas clave como la accesibilidad para personas con discapacidad o la lucha contra el cambio climático’.
Ortega explicó que el PSOE ha propuesto enmiendas para que las nuevas licencias de VTC ‘sean solo para vehículos con etiqueta cero o eco’, que ‘se establezcan límites de precio para prevenir abusos’ y que ‘exista un reglamento común que evite que cada ayuntamiento tenga su propio modelo de autorización’. ‘No podemos tener 45 ordenanzas distintas en los 45 municipios de la Región’, advirtió.
El diputado socialista concluyó que el PP ‘ha dado una patada hacia adelante’, dejando la regulación en manos de los municipios ‘sin criterios básicos comunes’ y llamó al Partido Popular a ‘rectificar mañana y optar por la inclusión, el medio ambiente y la protección del taxi frente a los abusos de las grandes plataformas’.
Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Podemos) criticó que el nuevo texto ‘no regula prácticamente nada’ y ‘permite un amplio margen a las empresas de VTC para competir deslealmente con el taxi’. Acusó al gobierno regional de ‘mercantilizar un derecho público como la movilidad’ y de ‘apoyar la tesis de la privatización del transporte ciudadano’. Álvarez-Castellanos reclamó que ‘la Administración, mediante reglamento, establezca tarifas máximas basadas en criterios objetivos y públicos’.
Ignacio Arcas de Vox criticó que el decreto ‘deje la regulación en manos de los ayuntamientos, creando hasta 45 normativas distintas en la Región’, y defendió que ‘se debería haber seguido el modelo de Madrid, donde taxi y VTC conviven con seguridad jurídica y mayor servicio a los ciudadanos’. Arcas lamentó que, con el texto actual, ‘muchos ciudadanos no podrán acceder a un VTC en su municipio’ y acusó al PP de ‘prohibir indirectamente que puedan trabajar libremente en toda la comunidad’.
