QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El rechazo a la reforma de la Ley de Simplificación Administrativa se ha consumado en la Asamblea Regional tras un intenso debate. El PSOE ha acusado al gobierno de la región de ‘privatizar los servicios públicos’. Por su parte, el PP ha desestimado la propuesta al considerarla ‘pactada con Vox’, mientras que Vox ha criticado el ‘caos normativo’ que impera en la Comunidad.
La propuesta legislativa buscaba reemplazar el decreto-ley ratificado en julio, pero fue declinada con votos en contra del Partido Popular y del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), un voto a favor de Vox y la abstención del PSOE. De esta manera, se mantiene el decreto-ley emitido por el Ejecutivo en junio, que continúa siendo el marco regulador en la simplificación administrativa.
Antes de llegar al Pleno, la modificación fue discutida en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, donde se rechazaron 14 enmiendas de la oposición. A pesar del apoyo de la patronal Croem, que veía en el texto una oportunidad para agilizar la actividad económica y reducir la carga burocrática, la propuesta no logró el consenso entre los partidos.
Virginia Martínez de Vox, apoyó la modificación destacando que ‘la eliminación de trabas burocráticas es esencial para la creación de riqueza y la libertad económica’, pero criticó que el proyecto intentaba ‘colar por la puerta de atrás la destrucción del sector primario’, señalando que la comunidad ya cuenta con siete leyes de simplificación que no se han implementado efectivamente. Por otro lado, María Marín del Grupo Mixto criticó que la ley favorecía intereses empresariales sobre los municipales y ciudadanos, y carecía de los necesarios informes jurídicos y participación pública.
Alfonso Martínez Baños del PSOE justificó la abstención de su grupo por no anteponer los intereses económicos a la protección ambiental y cultural, y señaló que el decreto había ‘vulnerado la autonomía municipal y supuesto un paso más en la privatización de los servicios públicos’. Mientras, María Casajús del PP defendió el decreto original y criticó la alteración del proyecto en el pacto entre Vox y el PSOE, acusándolos de ‘frenar el cambio y mantener la burocracia’.
