La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado este martes que confía en que las comunidades autónomas respalden los “nuevos criterios de transparencia y trazabilidad” de las listas de espera, después de la presunta manipulación detectada en el Hospital Ramón y Cajal y revelada por el diario 'El País'.
En la red social 'X', García ha recalcado que “Manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado”, y ha recordado que precisamente por este motivo en julio se presentaron al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los nuevos indicadores comunes de listas de espera.
En aquel momento, las comunidades solicitaron más margen para estudiar y aprobar estos criterios compartidos, que servirán de base para la elaboración de un nuevo real decreto sobre listas de espera que sustituirá al vigente desde 2003.
Tras insistir en que “Con la salud de los pacientes no se juega”, la responsable de Sanidad ha mostrado su confianza en que, en esta ocasión, las autonomías sí den luz verde a estos indicadores. En unas declaraciones remitidas posteriormente a los medios, ha adelantado que se volverán a someter a debate en el CISNS “en las próximas semanas”.
PRESUNTA MANIPULACIÓN EN EL H. RAMÓN Y CAJAL
De acuerdo con la información publicada por 'El País', dos jefes médicos del Hospital Ramón y Cajal habrían reducido la prioridad clínica de determinados pacientes con el fin de mejorar las cifras de sus listas de espera quirúrgica, sin conocimiento de los cirujanos implicados.
El periódico, que dice haber tenido acceso a documentos internos y correos electrónicos que evidencian esta supuesta alteración, detalla que 57 pacientes incluidos en la lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología pasaron de prioridad preferente (intervención antes de 90 días) a prioridad normal (operación antes de 180 días). De esta forma, los responsables disponían de más tiempo para conseguir que las operaciones se realizasen dentro de los plazos oficiales.
Mónica García ha indicado que el nuevo sistema que se prevé implantar mediante el futuro real decreto “permitirá conocer mucho mejor qué ocurre con cada paciente durante todo el proceso, desde que entra en una lista de espera hasta que finalmente se realiza la prueba o la intervención”.
Según la ministra, “Eso significa más transparencia, más trazabilidad y muchas más dificultades para poder manipular las agendas o esconder las esperas”, y ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de que “está nuevamente poniendo en peligro a pacientes graves para maquillar sus datos de espera”.
LEY PARA ACORTAR PLAZOS JUDICIALES EN EUTANASIA
En otro orden de asuntos, y en relación con el caso de Francesc Augé, la titular de Sanidad ha remarcado la importancia de sacar adelante la proposición de ley que pretende reducir los plazos judiciales en los procedimientos de eutanasia, mediante la reforma de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) y de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
García ha subrayado que “Estamos hablando de un derecho personalísimo y de una situación tremendamente dolorosa. En estos momentos ya se está tramitando en el Congreso una proposición de ley precisamente para evitar que recursos de terceros puedan bloquear durante tanto tiempo el ejercicio efectivo del derecho a la eutanasia. Creemos que esa reforma es necesaria y esperamos que pueda salir adelante”.