La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (FEDECA), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) han hecho público que coordinarán actuaciones conjuntas para reclamar que se restituya por completo la paga extraordinaria que se recortó en 2010 al personal funcionario y estatutario.
Recuerdan que aquella rebaja salarial se presentó en 2010 como una medida temporal y excepcional para hacer frente a una crisis económica, pero que, lejos de revertirse, se ha mantenido de “manera inexplicable, injusta y arbitraria”, afectando a unos 2,9 millones de empleados públicos.
Las organizaciones advierten de que la falta de respuesta de los responsables políticos ha convertido lo que iba a ser un ajuste puntual en un problema estructural. En estos 16 años, el personal funcionario y estatutario ha sufrido una merma de poder adquisitivo “muy superior” a la prevista, ya que el recorte fue porcentual, penalizando más a los salarios altos, mientras que las posteriores subidas, “escasas y exiguas”, se han aplicado de forma lineal.
En el caso de los médicos, CESM utiliza los datos del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada para detallar que un facultativo ve reducida su paga extra de verano en 724,64 euros, y en 1.449,28 euros si se suma la de diciembre. Desde 2010 hasta este mes de junio, el recorte acumulado asciende a 20.352,14 euros solo en conceptos de sueldo y trienios. Calculan que esto implica una pérdida de poder adquisitivo, considerando el IPC, del 25 por ciento en el sueldo base anual y del 16 por ciento en el complemento de destino desde 2010.
FEDECA, por su lado, estima que para los funcionarios a los que representa la medida supuso en la mayoría de los casos una rebaja superior al 10 por ciento en sus retribuciones. La paga extra se ha visto mermada entre 550 y 1.750 euros en función de la antigüedad, lo que se traduce en una pérdida acumulada muy elevada en estos 16 años, agravada por el impacto de la inflación.
Los funcionarios de prisiones agrupados en TAMPM calculan que en este periodo han dejado de ingresar alrededor de 6.000 euros, mientras que los inspectores de Educación de USIE cifran su recorte en unos 15.000 euros, considerando además las diferencias retributivas entre comunidades autónomas.
Ante este escenario, las organizaciones sostienen que hoy no hay razones que justifiquen mantener lo que consideran un “agravio y una discriminación” hacia los empleados públicos. Recuerdan que la crisis económica que sirvió de base al recorte de 2010 se declaró oficialmente superada y que, pese a ello, ningún gobierno ha mostrado intención real de revertir la medida, incluso en un contexto de recaudación fiscal en máximos históricos.
Por este motivo, han solicitado reuniones tanto con los grupos parlamentarios como con los ministerios competentes para trasladar la situación de miles de empleados públicos y exigir el fin de este agravio. Al mismo tiempo, han iniciado contactos con sindicatos de otros colectivos afectados para coordinar posibles acciones conjuntas a partir de septiembre si sus reivindicaciones continúan sin respuesta.