La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha recibido con una valoración positiva el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el Ministerio de Sanidad. La organización sindical lo define como un “avance histórico” y reclama que sirva para blindar el sistema sanitario con “más garantías y empleo de calidad”.
Según la federación, este anteproyecto “constituye un avance muy importante en la defensa de la Sanidad pública y abre la puerta a corregir parte de los problemas generados por la privatización”, aunque advierte de que aún mantiene abiertos algunos márgenes que, a su juicio, “deben cerrarse en la tramitación parlamentaria”.
Entre los elementos más relevantes del texto, la FSS-CCOO subraya la derogación explícita de la Ley 15/1997, que permitió la entrada de “nuevas formas de gestión” y ha servido de base a concesiones, PFI y otros esquemas privatizadores. Destaca igualmente que se declare la gestión directa por las administraciones públicas como fórmula preferente para la organización de centros y servicios del SNS, relegando la gestión indirecta a un uso excepcional y sujeta a requisitos estrictos.
La federación resalta también la puesta en marcha de un procedimiento de evaluación previa para los supuestos de gestión indirecta, que obligará a justificar por qué no es posible prestar el servicio con medios propios, a estudiar su sostenibilidad financiera y social y a recabar informes preceptivos de comités de evaluación, cuyas conclusiones deberán ser públicas. A ello se suma el refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas mediante la difusión periódica de datos sobre contratos, conciertos, resultados en salud y calidad, así como indicadores sanitarios de cada centro del SNS acordados en el Consejo Interterritorial.
El sindicato pone igualmente en valor la prioridad otorgada a entidades sin ánimo de lucro en la adjudicación de determinados contratos, junto con la exigencia de gratuidad y ausencia de ánimo de lucro en la actividad que los hospitales privados vinculados por convenios singulares realizan para pacientes del sistema público. Valora, además, la previsión de un informe estatal de evaluación de las experiencias de gestión desde 1997, que permitirá contar con una base sólida de análisis sobre el impacto de los modelos privatizadores en equidad, calidad y eficiencia.
En paralelo al anteproyecto de Ley de modificación del Estatuto Marco, la FSS-CCOO entiende que esta norma debe contribuir a reforzar la dedicación de los y las profesionales a la Sanidad pública, mediante políticas de fidelización y retención del talento y un uso eficiente de todos los recursos públicos, incrementando el control sobre los conflictos de interés y sobre cualquier vía de privatización.
Mirando al desarrollo futuro de la ley, el sindicato considera imprescindible concretar mejor los supuestos que permiten recurrir a la gestión indirecta, para impedir que la “excepcionalidad” acabe siendo en la práctica una vía generalizada para sostener o ampliar privatizaciones. Reclama también acompañar este nuevo marco con planes de refuerzo de la red pública y con estrategias claras de reversión de concesiones, conciertos y grandes contratos de servicios externalizados cuando no se hayan acreditado mejoras en resultados o eficiencia. Asimismo, defiende la incorporación de garantías laborales firmes en los procesos de reversión y en el funcionamiento de consorcios y entidades de gestión pública, de modo que se proteja la estabilidad en el empleo, la subrogación y la equiparación de condiciones del personal con las del resto del SNS, evitando nuevas bolsas de precariedad.
Por último, el sindicato plantea la necesidad de abordar de forma expresa el papel de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), con el objetivo de avanzar hacia una integración progresiva en el SNS que impida la existencia de circuitos asistenciales paralelos financiados con recursos públicos y consolide un único sistema sanitario público, universal y solidario.