La industria farmacéutica y cosmética alerta de la incertidumbre que genera la nueva Directiva de aguas residuales

Las patronales farmacéuticas y cosméticas alertan de la gran incertidumbre regulatoria y de costes que genera la nueva Directiva europea de aguas residuales.

Los sectores del fármaco y la cosmética sostienen que la Directiva de aguas residuales introduce incertidumbre FARMAINDUSTRIA

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Las principales patronales de los sectores del medicamento y la cosmética han difundido un comunicado conjunto en el que advierten de que la Directiva (UE) 2024/3019, relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, “introduce un nivel elevado de incertidumbre regulatoria, técnica y económica, que hace difícil anticipar el impacto real sobre las compañías”.

“Nos preocupa el diseño concreto del sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP, por sus siglas en inglés) para determinados sectores”, han señalado, apuntando a este mecanismo como el origen de buena parte de las dudas. Al mismo tiempo, subrayan que la mejora de la calidad de las aguas residuales urbanas encaja con su compromiso con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la salud pública, que consideran pilares básicos de su actividad.

El comunicado está suscrito por la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (Aelmhu), la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

Estas entidades respaldan el propósito general de la norma, en vigor desde enero de 2025, que persigue modernizar las estaciones de depuración urbanas para combatir de manera más efectiva la microcontaminación. En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cerró el pasado viernes la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley con el que se pretende transponer esta Directiva al ordenamiento jurídico español.

“Apelamos a la responsabilidad de las Administraciones públicas europeas y nacional para regular de forma correcta algo de lo que depende directamente el futuro de este recurso fundamental para nuestra sociedad”, han indicado. Asimismo, recalcan que “existe un contexto de incertidumbre jurídica en el ámbito europeo que refuerza la necesidad de prudencia normativa con esta Directiva”, recordando que “Polonia ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recientemente y el Tribunal Superior de Irlanda ha planteado, en mayo de 2026, una cuestión prejudicial sobre la validez del régimen de RAP”.

Informe de PwC y críticas al diseño de la RAP

Con este escenario, las asociaciones han encargado a la consultora PwC un informe técnico y jurídico sobre la Directiva, su alcance regulatorio y los costes derivados de su aplicación. A partir de este análisis sostienen que “la RAP, tal y como está diseñada, vulnera el principio de 'quien contamina paga', y resulta contraria a los principios de proporcionalidad y no discriminación”.

Según explican, el modelo “se basa en la premisa errónea de que los sectores de medicamentos de uso humano y los cosméticos contribuyen de forma mayoritaria a la carga tóxica de las aguas residuales urbanas”. Añaden que “a pesar de la evidencia disponible, la Directiva presenta limitaciones metodológicas relevantes, falta de evidencia empírica sólida, uso de modelos sesgados, ausencia de datos completos sobre contribuciones reales y dificultad para acreditar un vínculo causal suficiente, lo que pone en duda la proporcionalidad y correcta aplicación del principio 'quien contamina paga'”.

En línea con este argumento, afirman que “todas estas limitaciones han tenido como resultado que se hayan obviado sustancias y se hayan excluido sectores igualmente contaminantes”. Recuerdan que, con fecha 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una moción por la que solicita a la Comisión Europea que, antes de que finalice 2026, se lleve a cabo un nuevo estudio independiente para identificar las sustancias microcontaminantes presentes en las aguas residuales urbanas, contrastar los costes del tratamiento cuaternario ante las notables discrepancias entre estimaciones y asegurar la correcta atribución de responsabilidades a los sectores implicados.

En este contexto, Aelmhu, AESEG, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa consideran que la transposición a la legislación española será “determinante” para “garantizar una aplicación proporcionada, equilibrada y jurídicamente segura”, recordando que los Estados miembro tienen margen para superar los requisitos mínimos fijados en la Directiva.

Al mismo tiempo, recalcan que “las incertidumbres impiden determinar con precisión la aplicación de los criterios de exención, así como el alcance real de las obligaciones y sus costes”. A su juicio, “la falta de definición de las zonas de riesgo y las diferencias metodológicas entre estudios de impacto, dificultan identificar tanto el alcance como el impacto económico real” y, “como consecuencia, los costes estimados se mueven en un rango muy amplio”.

Costes previstos y retos técnicos del tratamiento cuaternario

De acuerdo con las estimaciones manejadas, los costes oscilarían “desde los 134 millones de euros al año a los 346 millones de euros al año en proyecciones a 20 años, lo que supondría unos costes de entre 2.680 millones a 6.920 millones”, han detallado. Añaden que “los criterios de exención de las sustancias incluidas en la RAP están pendientes de desarrollo, aspecto especialmente relevante para la constitución del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)”. Por ello, sostienen que “debería posponerse la aplicación de la RAP hasta que haya respuesta a estas incertidumbres”.

Asimismo, señalan que “la implantación del tratamiento cuaternario presenta importantes retos técnicos y económicos en un contexto de experiencia todavía limitada en España”, dado que “parte de una situación de incumplimientos relevantes en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas”. En este sentido, insisten en que “la imputación de costes a los productores debe quedar condicionada a la existencia de una prestación real, medible, verificable y auditada”, y que “no deberían repercutirse a los productores costes correspondientes a otras actuaciones ajenas al tratamiento cuaternario”.

El informe de PwC también les lleva a defender que la transposición “debe ajustarse estrictamente al marco obligatorio de la Directiva, evitando sobrecostes injustificados y garantizando una financiación equilibrada”. A este respecto, consideran que la normativa española “debería limitar la contribución de los productores al mínimo obligatorio previsto por la Directiva, esto es, el 80 por ciento de los costes elegibles”.

Por último, apuntan que “el debate europeo en torno al régimen de RAP aconseja una transposición prudente y jurídicamente cautelosa”, por lo que consideran “conveniente” que el Ministerio tenga en cuenta “la existencia de debates jurídicos y técnicos en el ámbito europeo en torno al alcance, proporcionalidad y diseño de la RAP prevista en la Directiva”. En su opinión, resulta imprescindible “un sistema flexible, revisable y jurídicamente sólido, capaz de adaptarse a eventuales resoluciones judiciales, orientaciones europeas, cambios metodológicos o ajustes derivados de la evolución del marco europeo y de la propia implantación práctica del sistema”.