La respuesta a los terremotos de Granada: qué se ha hecho ya y quién debería estar actuando

En España no existe una única figura jurídica denominada literalmente “emergencia de interés nacional”, sino varios instrumentos que permiten al Estado asumir la dirección ante una crisis grave. Los dos pilares son: la emergencia de protección civil de interés nacional (Ley 17/2015) y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981). Cada uno tiene procedimientos y efectos distintos sobre las competencias ordinarias.

1. Emergencia de protección civil de interés nacional

La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil prevé que ciertas emergencias (catástrofes naturales, grandes incendios, accidentes tecnológicos, etc.) puedan ser declaradas de interés nacional cuando:

• La magnitud o gravedad supere la capacidad de respuesta de una comunidad autónoma.
• Resulten afectadas varias comunidades o el interés general del Estado.
• Sea necesaria la coordinación estatal de medios civiles y, en su caso, militares.

Los pasos, de forma simplificada, son:

• 1) Detección y valoración de la emergencia. Las autoridades autonómicas de protección civil comunican la situación al Estado a través de los mecanismos ordinarios (centros de coordinación, alertas, etc.). La Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) valoran la situación.
• 2) Propuesta de declaración. El órgano técnico (Dirección General/CECOD) eleva una propuesta al Ministerio del Interior, que, a la vista de la información, puede plantear que la emergencia sea declarada de interés nacional.
• 3) Decisión política. Corresponde, en la práctica, al Gobierno de la Nación (Consejo de Ministros), que puede:
  • Acordar formalmente la emergencia de interés nacional.
  • Designar a la autoridad competente de coordinación (normalmente el Ministro del Interior o un delegado), responsable de dirigir el conjunto de medios y servicios.
• 4) Instrumento jurídico y publicación. Lo habitual es que se articule mediante acuerdo del Consejo de Ministros o, si se requieren medidas normativas, mediante real decreto que:
  • Declare el carácter de interés nacional.
  • Determine la autoridad de coordinación estatal.
  • Regule la movilización de medios estatales y la colaboración de otros niveles administrativos.
  Se publica en el BOE para su general conocimiento y eficacia.
• 5) Coordinación y efectos. El Estado no suprime las competencias autonómicas, pero asume la dirección estratégica y coordina:
  • Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, policías autonómicas y locales.
  • Servicios de protección civil autonómicos y locales.
  • Posible participación de las Fuerzas Armadas (UME, etc.).
• 6) Control parlamentario. No hay un procedimiento específico como en los estados de alarma, pero el Gobierno está sometido al control general de las Cortes Generales mediante preguntas, interpelaciones, comparecencias y, si se usan normas con rango de ley (reales decretos-ley), su convalidación parlamentaria.

2. Estados de alarma, excepción y sitio

Cuando la situación afecta gravemente al orden constitucional o requiere limitar derechos fundamentales, se recurre a los estados de emergencia constitucionales, regulados en el artículo 116 CE y la Ley Orgánica 4/1981.

• Órgano que decide:
  • Estado de alarma: lo declara el Gobierno por real decreto acordado en Consejo de Ministros.
  • Estados de excepción y de sitio: los declara el Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno.
• Instrumento jurídico y trámite básico:
  • Alarma: real decreto del Gobierno que define ámbito territorial, duración (máximo inicial de 15 días), causas y medidas. Debe ser inmediatamente remitido al Congreso, que podrá debatirlo y, en su caso, autorizar prórrogas mediante acuerdo expreso.
  • Excepción: el Gobierno remite al Congreso una solicitud con las medidas concretas, ámbito y duración (máximo 30 días prorrogables). El Congreso debate y aprueba, en su caso, un acuerdo autorizando el estado de excepción, que el Gobierno formaliza y ejecuta.
  • Sitio: en casos de insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o integridad territorial. El Gobierno propone y el Congreso, por mayoría absoluta, declara el estado de sitio y designa la autoridad militar que asume determinadas competencias.
• Controles parlamentarios específicos:
  • Debate obligatorio en el Congreso sobre la declaración y sus prórrogas.
  • Posibilidad de exigir comparecencias periódicas del Gobierno.
  • Mantenimiento pleno del resto de instrumentos de control (preguntas, interpelaciones, mociones, comisiones de investigación, etc.).
• Efectos sobre competencias y derechos:
  • Alarma: permite refuerzos de la autoridad gubernativa (limitaciones de circulación, requisas temporales, órdenes de prestación personal obligatoria en ciertos servicios, etc.), pero sin suspensión general de derechos fundamentales.
  • Excepción: posibilita la suspensión o restricción más intensa de algunos derechos (reunión, circulación, etc.), bajo control judicial y parlamentario reforzado.
  • Sitio: conlleva un predominio de la autoridad militar en el territorio afectado y facultades excepcionales para restablecer el orden constitucional.

3. Relación y coordinación entre ambos niveles

En la práctica, ante una gran catástrofe, el Gobierno puede limitarse a declarar una emergencia de protección civil de interés nacional (reforzando la coordinación sin suspender derechos) o, si la situación lo exige, proponer además un estado de alarma u otro estado excepcional.

En todo caso:

• Se mantiene el principio de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
• Las autoridades autonómicas de protección civil siguen gestionando los medios propios, bajo la dirección y coordinación estatal cuando así se haya decidido.
• El Parlamento ejerce un control político constante sobre el Gobierno, tanto por la vía específica de los estados de emergencia como mediante los mecanismos generales de control parlamentario.

La Alcaldía de Granada ostenta, con carácter general, la máxima autoridad municipal en materia de protección civil y dirección de emergencias en el término municipal, en el marco de la legislación básica estatal, la normativa autonómica andaluza y la normativa local. Sus competencias combinan funciones de dirección política, adopción de medidas urgentes, sanción, planificación y coordinación de los servicios municipales implicados.

1. Marco normativo básico aplicable

Las principales normas que delimitan las competencias de la Alcaldía de Granada en protección civil son:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que define las atribuciones generales de la Alcaldía (art. 21).
• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que estructura el sistema y atribuye a los alcaldes determinadas competencias, en particular sancionadoras.
• Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, que establece que el alcalde-presidente es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal y concreta funciones clave.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, que atribuye a los municipios competencias propias en protección civil, planes de emergencia y servicios contra incendios.
• Decreto 197/2024, de 3 de septiembre, por el que se regula el Sistema Local de Protección Civil en los municipios de Andalucía, que desarrolla la organización local de protección civil, refuerza el papel de la Alcaldía y regula las Juntas Locales de Protección Civil.

2. Competencias de la Alcaldía según la normativa andaluza

La Ley 2/2002 y la Ley 5/2010, completadas por el Decreto 197/2024, concretan que:

• Los municipios participan en protección civil con capacidad general de planificación y actuación, correspondiéndoles, entre otras, crear su estructura municipal de protección civil, elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal, mantener el catálogo de recursos, realizar programas de prevención de riesgos y campañas de información, y promover el voluntariado de protección civil.
• En ese marco, el Alcalde-Presidente es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal, pudiendo:
  • Asumir la dirección de las emergencias conforme a lo previsto en el Plan de Emergencia Municipal o en los planes de emergencia de competencia municipal.
  • Solicitar medios y recursos de otras Administraciones (Junta de Andalucía, Estado, Diputación) y pedir la activación de planes de ámbito superior cuando la emergencia lo requiera.
• La Ley 5/2010 atribuye expresamente al municipio (y, por su jefatura del gobierno local, a la Alcaldía) la:
  • Elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan de Emergencia Municipal, y la adopción de medidas de urgencia en caso de catástrofe o calamidad pública.
  • Ordenación, planificación y gestión del servicio de prevención y extinción de incendios y otros siniestros, así como salvamento de personas y protección de bienes.
  • Creación, mantenimiento y dirección de la estructura municipal de protección civil y la promoción del voluntariado de protección civil, así como los programas de prevención y campañas de información a la población.
• El Decreto 197/2024, además, prevé que la Junta Local de Protección Civil esté presidida por la persona titular de la Alcaldía y que sus funciones se orienten a apoyar y asesorar al alcalde en la previsión, prevención, protección, planificación, intervención y rehabilitación tras catástrofes.

3. Atribuciones derivadas de la normativa básica estatal

La LRBRL refuerza ese papel al disponer que el Alcalde:

• Es el Presidente de la Corporación y dirige el gobierno y la administración municipal, incluyendo la dirección, inspección e impulso de los servicios y obras municipales (art. 21.1.a y d), entre ellos los vinculados a protección civil y emergencias.
• Debe adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe, infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno (art. 21.1.m). Esta es la gran cláusula habilitante para su actuación ejecutiva en emergencias.
• Ejerce la jefatura de la Policía Local (art. 21.1.i), cuerpo clave en la ejecución de medidas de protección civil (evacuaciones, cortes de tráfico, control de accesos, etc.).
• Asume “las demás que expresamente le atribuyan las leyes y las que se asignen al municipio sin atribuirlas a otro órgano” (art. 21.1.s), lo que integra las funciones específicas que la legislación andaluza y la Ley 17/2015 otorgan al alcalde en protección civil.

A ello se añade que la Ley 17/2015 establece que los alcaldes son competentes para resolver procedimientos sancionadores en el ámbito de protección civil cuando así lo disponga la legislación específica aplicable, de modo que la Alcaldía de Granada puede imponer sanciones por infracciones en esta materia dentro de su término municipal, en los casos y con los límites fijados por la normativa estatal y autonómica.

4. Aplicación específica en Granada

Como municipio andaluz de más de 20.000 habitantes, Granada está obligada a disponer de:

• Un Plan de Emergencia Municipal aprobado por la Corporación y homologado por la Comisión de Protección Civil de Andalucía, cuya activación y dirección corresponden, en el ámbito municipal, a la Alcaldía.
• Un servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento, cuya organización y dirección política corresponden al gobierno municipal encabezado por el Alcalde.
• Una estructura municipal de protección civil y, en su caso, Junta Local de Protección Civil, presidida por la Alcaldía, que actúa como órgano de asesoramiento y coordinación.

En síntesis, la Alcaldía de Granada concentra la dirección política y operativa de la protección civil municipal: aprueba y activa los planes, coordina los servicios municipales y la Policía Local, adopta medidas urgentes en caso de catástrofe, solicita medios de otras Administraciones y puede ejercer potestad sancionadora en la materia, siempre dentro del marco establecido por la legislación estatal y andaluza.

Según la información localizada en notas oficiales de la Junta de Andalucía y en las crónicas del periódico Demócrata, solo se puede confirmar con certeza una activación real del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía en la última década, a la que hay que sumar una activación en simulacro (no por un terremoto real) en un yacimiento patrimonial. No se ha encontrado rastro de otras activaciones formales del plan sísmico andaluz entre 2016 y 2026 en las fuentes consultadas.

1. Activación real del Plan ante el Riesgo Sísmico

Las búsquedas señalan un único episodio reciente en el que la Junta de Andalucía activó el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico por un terremoto real:

• Fecha: madrugada del 15 de agosto de 2026.
• Zona afectada principal: provincia de Granada, con epicentro al noroeste de Alhendín (Vega de Granada). El seísmo, de magnitud 5, se sintió también en otras provincias andaluzas.
• Nivel / fase activada:
  • Se activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía.
  • Demócrata explica que la situación operativa 1 corresponde ya a la fase de emergencia y se emplea cuando el fenómeno requiere medidas de socorro y protección de personas o bienes, pero puede afrontarse con los medios ordinarios de la Junta y apoyos puntuales de otras administraciones (artículo sobre fase de emergencia).
• Causa principal:
  • Un terremoto de magnitud 5 en la Vega de Granada, con más de 200 avisos al 112 y daños materiales (grietas, desprendimientos de cornisas y cascotes, revisiones de edificios), pero sin víctimas personales según la información oficial recopilada por Demócrata.
  • Los artículos detallan una secuencia de más de 40 terremotos durante la madrugada y la mañana, lo que justifica mantener activado el plan en situación 1 mientras continuaba la actividad sísmica (crónica principal, vídeo y balance de daños, afectación a la Alhambra).
• Actuaciones asociadas:
  • Coordinación entre la Junta, la Diputación de Granada y ayuntamientos del área metropolitana para evaluar viviendas y edificios.
  • Movilización del Grupo de Arquitectos Voluntarios de Andalucía para cuantificar daños estructurales.
  • Despliegue de bomberos y policías para acordonar zonas con riesgo de desprendimientos y balizar fachadas dañadas.
• Referencia informativa principal: cobertura de Demócrata que cita la activación oficial del plan y explica su marco operativo:
  • “Terremoto en Granada: la Junta activa la fase de emergencia y Moreno pide calma”
  • “Terremoto en Granada hoy: magnitud 5, fase de emergencia, daños y más de 35 réplicas”

2. Activación en simulacro (no emergencia real)

Además de la activación anterior, existe una referencia clara a la puesta en marcha del plan en el marco de un simulacro:

• Fecha: 24 de marzo de 2025.
• Lugar: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (Málaga), Patrimonio Mundial de la Unesco.
• Tipo de activación:
  • Simulación de un terremoto de magnitud 6,1 con epicentro en el Torcal y posterior incendio, durante un simulacro de evacuación de bienes culturales.
  • En el ejercicio se activó el Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en Andalucía en Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, además del plan de salvaguarda del conjunto arqueológico.
• Referencia oficial: nota de prensa de la Junta de Andalucía:
  • “El Conjunto Dólmenes de Antequera acoge el primer simulacro de evacuación en un yacimiento protegido”.

3. Alcance de la información disponible

Las búsquedas se han realizado sobre:

• Notas de prensa de la Junta de Andalucía y del servicio 112 sobre emergencias.
• La cobertura de Demócrata y otras referencias de prensa para identificar activaciones explícitas del plan sísmico.

En ese marco, solo se ha localizado de forma expresa:

• Una activación real del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico (Granada, 15/08/2026, situación operativa 1).
• Una activación en simulacro (Dólmenes de Antequera, 24/03/2025, situación operativa 2).

No se han hallado, en las fuentes consultadas, otras activaciones formales del plan sísmico andaluz en la última década, ni a nivel regional ni claramente identificadas a nivel provincial o local. Es posible que existan activaciones menores o anteriores que no hayan quedado reflejadas en las bases de datos y hemerotecas utilizadas, por lo que la cifra debe entenderse como mínimo confirmado, no como garantía absoluta de que no haya habido ningún otro episodio.