Sorteos de hoy sábado 13 de junio: Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y Sueldazo de la ONCE

Respuesta sintética

Para que el Congreso apruebe una ley sobre la regulación de sorteos de lotería, la iniciativa (proyecto del Gobierno o proposición de ley) debe ser primero admitida a trámite por la Mesa del Congreso y sometida a un debate de totalidad en el Pleno. Superada esa fase, el texto pasa a una ponencia y después a la comisión competente, donde se estudia en detalle y se votan las enmiendas parciales, dando lugar a un dictamen. Ese dictamen se remite de nuevo al Pleno, donde pueden defenderse enmiendas pendientes y se vota el conjunto del texto, que, si se aprueba, se envía al Senado. Todo este recorrido puede hacerse por vía ordinaria o, si así se acuerda, mediante procedimiento de urgencia, que acorta plazos y puede simplificar algunas fases.

1. Inicio y admisión a trámite

La regulación de sorteos de lotería se articularía mediante una iniciativa legislativa, que puede ser: un proyecto de ley presentado por el Gobierno, o una proposición de ley registrada por diputados, grupos parlamentarios u otros sujetos legitimados. Una vez registrada, la Mesa del Congreso de los Diputados revisa que la iniciativa cumple los requisitos formales (competencia, forma, motivación básica, etc.) y decide su admisión a trámite. Sin esta admisión, la ley no entra en fase de debate parlamentario y el procedimiento se detiene.

2. Debate de totalidad en el Pleno

Admitida la iniciativa, se somete a un debate de totalidad en el Pleno del Congreso. En esta fase, los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas a la totalidad, que suelen plantear: la devolución del texto al Gobierno (en el caso de proyectos de ley) o su rechazo completo. El Pleno celebra un debate político general sobre la oportunidad de regular los sorteos de lotería, la orientación de la norma y sus principios básicos. Si se aprueba una enmienda a la totalidad de devolución o de rechazo, la tramitación concluye; si el texto supera el debate de totalidad, continúa su andadura parlamentaria.

3. Trabajo en ponencia

Superado el debate de totalidad, la iniciativa se remite a la comisión competente, que designa una ponencia. La ponencia es un grupo reducido de diputados de los distintos grupos parlamentarios, que examina el texto artículo por artículo. En esta fase se estudian las enmiendas parciales presentadas por los grupos y se negocian posibles transacciones. El resultado del trabajo de la ponencia se refleja en un informe, en el que ya se incorporan las modificaciones acordadas sobre el texto inicial.

4. Comisión parlamentaria y dictamen

El informe de la ponencia pasa a la comisión parlamentaria correspondiente, que abre un debate más amplio en el seno de la propia comisión. Allí se vuelven a discutir y votar las enmiendas parciales que siga manteniendo cada grupo y las posibles enmiendas transaccionales. Tras este debate y votación, la comisión aprueba un dictamen, que es el texto articulado resultante de: la incorporación de las enmiendas aceptadas y el rechazo de las descartadas. Este dictamen recoge ya la posición de la mayoría de la comisión sobre el contenido concreto de la futura ley de regulación de sorteos de lotería.

5. Debate y votación final en el Pleno

El dictamen de la comisión se eleva al Pleno del Congreso para su debate definitivo. En este momento, los grupos pueden defender las llamadas “enmiendas vivas”, es decir, aquellas enmiendas parciales que no fueron aceptadas en comisión y que todavía desean someter a la consideración del Pleno. Se desarrolla un nuevo debate, más centrado en artículos y aspectos concretos de la regulación (régimen de autorizaciones, control, sanciones, etc.), aunque el procedimiento es el mismo al margen del contenido. Tras votar esas enmiendas vivas, el Pleno procede a la votación del conjunto del texto. Si obtiene la mayoría requerida, el Congreso aprueba el proyecto o proposición de ley.

6. Procedimiento de urgencia

En función de la prioridad política que se otorgue a la regulación de sorteos de lotería, el Gobierno o el propio Congreso pueden acordar la tramitación por el procedimiento de urgencia. Este procedimiento no altera las fases estructurales (admisión, totalidad, ponencia, comisión, Pleno), pero acorta plazos para registrar enmiendas, celebrar reuniones de ponencia y comisión, y programar debates en Pleno. En algunos casos, puede incluso prescindirse de la fase de ponencia, asumiendo directamente la comisión el estudio detallado del texto, lo que acelera notablemente la aprobación.

7. Remisión al Senado

Una vez que el Pleno del Congreso aprueba el texto, la ley sobre sorteos de lotería se considera aprobada en primera lectura y se remite al Senado. A partir de ese momento se abre una nueva fase en la Cámara Alta, donde el Senado puede aprobar el texto, introducir enmiendas o plantear un veto. El eventual veto o las enmiendas deberán ser luego conocidos y, en su caso, ratificados o rechazados por el Congreso, pero ese ya es un tramo posterior del procedimiento, una vez superados todos los trámites internos de la Cámara Baja.

Respuesta sintética

La ONCE es una corporación de derecho público de carácter social a la que el Estado ha reservado, junto con SELAE, la explotación de las loterías de ámbito estatal, pero esa reserva está fuertemente condicionada por autorizaciones, límites y controles públicos. El Real Decreto 358/1991 le reconoce capacidad de autoorganización y la faculta para gestionar y diseñar el cupón, la lotería instantánea y otros juegos autorizados, siempre dentro de los márgenes fijados por el Gobierno. La Ley 13/2011, de regulación del juego, mantiene la reserva en exclusiva de las loterías estatales a favor de SELAE y ONCE y somete sus actividades a un estricto control regulador (Comisión Nacional del Juego/Dirección General de Ordenación del Juego). En la práctica, el Consejo de Ministros define el “marco” (modalidades, límites de ventas, premios y precios) y la ONCE ejerce la gestión operativa y comercial dentro de ese marco, bajo tutela del Consejo de Protectorado.

Naturaleza jurídica de la ONCE y tutela del Estado

El Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles (BOE 21.3.1991) configura a la ONCE como una “Corporación de Derecho Público de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización”, que actúa en todo el territorio español para la autonomía e integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave, bajo el protectorado del Estado. Su actividad económica y empresarial se rige por los principios de solidaridad, ausencia de ánimo de lucro e interés general y se financia, entre otros medios, mediante un conjunto de autorizaciones públicas en materia de juego, cuyo producto se destina a sus fines sociales.

El protectorado se ejerce a través del Consejo de Protectorado de la ONCE, órgano colegiado interministerial adscrito al ministerio competente en materia social. Este Consejo integra a distintos departamentos de la Administración General del Estado y se encarga de supervisar la actividad económica y social de la ONCE, informar sus propuestas en materia de juego, verificar el cumplimiento de límites y canalizar el seguimiento del Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE, que concreta periódicamente el marco de los juegos autorizados y los compromisos de control.

Marco general del juego estatal y posición singular de la ONCE

La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, ordena los juegos de ámbito estatal y los desarrollados por las entidades designadas para actividades sujetas a reserva. Su Preámbulo (apartado III) declara necesario mantener la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y de la ONCE, como operadores que explotaban estas loterías de forma controlada, y remite a sus disposiciones adicionales para concretar la singularidad jurídica de la ONCE.

La Ley define “juego” como toda actividad en que se arriesga dinero sobre un resultado futuro e incierto dependiente del azar, y “loterías” como actividades en las que los premios se otorgan cuando un número o combinación en el billete o soporte electrónico coincide con el resultado de un sorteo o evento, incluyendo las instantáneas o presorteadas. Estas definiciones encajan en los productos de la ONCE: cupón tradicional, juegos activos y lotería instantánea de ámbito estatal.

Competencias estatales de autorización y control

Según el Real Decreto 358/1991, la ONCE, en cuanto corporación de derecho público sometida a estricto control, está sujeta a un específico régimen de autorizaciones en materia de juego. Corresponde al Consejo de Ministros conceder las autorizaciones relativas al régimen de sorteos del cupón prociegos y a cualquier otra modalidad de juego definida en el Acuerdo General Gobierno–ONCE. El acuerdo del Consejo de Ministros, propuesto por el ministerio competente sobre el Protectorado y de acuerdo con Hacienda e Interior, define términos, alcance, duración y límites máximos de cada autorización, previo informe del Consejo de Protectorado y audiencia del Consejo General de la ONCE.

La Comisión Nacional del Juego (cuyas funciones ejerce hoy la Dirección General de Ordenación del Juego) tiene, en la Ley 13/2011, competencias de informar preceptivamente la autorización de actividades de lotería reservadas, dictar instrucciones generales a los operadores, fijar requisitos técnicos y funcionales y vigilar, controlar, inspeccionar y sancionar las actividades de juego, especialmente las reservadas. También controla el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, fraude, publicidad del juego y protección de menores, aplicable igualmente a la ONCE como operador reservado.

Competencias propias de la ONCE en diseño, gestión y comercialización

Dentro de los límites fijados por el Estado, el RD 358/1991 atribuye al Consejo General de la ONCE la facultad de adoptar todas las decisiones necesarias en materia de régimen de sorteos del cupón y de otras modalidades autorizadas por razones organizativas, económicas o comerciales. Así, la ONCE puede determinar la estructura concreta de sus sorteos (frecuencia, configuración de series y combinaciones), el diseño de billetes o participaciones, la organización de su red de ventas y la estrategia comercial de los productos, siempre sin rebasar los topes de emisión y ventas anuales, porcentajes máximos de premios, precios y demás parámetros fijados por el acuerdo autorizador del Consejo de Ministros.

El RD 358/1991 señala expresamente que los recursos de la ONCE incluyen los beneficios de la explotación en exclusiva de la concesión estatal del cupón prociegos y de la comercialización de otros juegos autorizados; y habilita a la ONCE a explotar una lotería instantánea o presorteada de ámbito estatal en los términos de los reales decretos autorizadores específicos. Asimismo, permite al Consejo General suscribir acuerdos con otros operadores de juego para comercializar simultáneamente productos comunes de lotería en varios países, siempre dentro de modalidades ya autorizadas, con participación en el riesgo y bajo verificación previa del Consejo de Protectorado e, incluso, autorización específica del Consejo de Ministros en determinados casos.

Límites y deberes de colaboración con el Estado

La ONCE no puede, por tanto, crear ni explotar por sí sola nuevas modalidades de juego de ámbito estatal ni superar los límites cuantitativos autorizados; cualquier modificación sustantiva exige nueva decisión del Consejo de Ministros. Además, el RD 358/1991 obliga a la ONCE, en la explotación y comercialización de sus juegos, a cooperar con el Estado para erradicar el juego ilegal, proteger al Estado frente al fraude y evitar efectos perniciosos sobre los consumidores, integrando medidas de juego responsable, prohibición de acceso de menores y cumplimiento estricto de la normativa de prevención de blanqueo. De este modo, sus competencias de gestión y organización de sorteos se insertan en una política pública de ordenación del juego cuyo centro decisorio último sigue siendo el Estado.

Respuesta breve

La caducidad y el cobro de los premios de loterías y apuestas de ámbito estatal en España se regulan principalmente por la Ley 13/2011, de regulación del juego, por normas históricas específicas de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), como el Real Decreto 1136/1979 (plazo de 3 meses para Lotería Nacional y resto de juegos SELAE), y por la normativa especial de la ONCE, que fija, con carácter general, un plazo de 30 días naturales. La fiscalidad básica de los premios (exención y gravamen especial del 20 %) se contiene en la Ley 35/2006 del IRPF y la Ley 16/2012. Los premios caducados revierten, en el caso de SELAE, al Tesoro Público vía beneficios de la sociedad estatal, y en el caso de la ONCE, a la financiación de sus fines sociales.

1. Marco general del juego de ámbito estatal

La norma básica que ordena los juegos de ámbito estatal (incluidos SELAE, ONCE y operadores online privados) es la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Esta ley:

- Reserva las loterías de ámbito estatal a SELAE y ONCE, a través de sus disposiciones adicionales.
- Establece el marco de autorización, control y supervisión de todas las modalidades de juego, lo que condiciona la forma de pago de premios y la trazabilidad de los cobros.
- Regula el Impuesto sobre Actividades del Juego y otras tasas (Título VI), que afectan a los operadores, no directamente al ganador.

Como antecedentes siguen vigentes, en parte, el Real Decreto‑ley 16/1977, de 25 de febrero, y el Real Decreto 444/1977, de 11 de marzo, que despenalizaron y ordenaron administrativamente los juegos de suerte, envite o azar, si bien muchos aspectos han sido superados por la Ley 13/2011 y la normativa específica de SELAE y ONCE.

2. SELAE: plazos de caducidad, cobro y premios caducados

2.1. Plazo de caducidad

Para Loterías y Apuestas del Estado, la referencia clásica es el Real Decreto 1136/1979, de 20 de abril, por el que se modifica el plazo de caducidad en el pago de premios. Su artículo 1 establece expresamente:

“Se reduce a tres meses el plazo de caducidad del derecho al cobro de premios de la Lotería Nacional.”

Este plazo de tres meses desde el día siguiente al sorteo se ha extendido, a través de las reglas particulares de cada juego, al resto de productos SELAE (Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, Euromillones, El Gordo de la Primitiva, Quiniela, Quinigol, etc.). Se trata jurídicamente de un plazo de caducidad: transcurrido, el derecho al cobro se extingue sin posibilidad de interrupción.

2.2. Forma de cobro

El Real Decreto 1012/1981, de 22 de mayo, sobre cobro indistinto de premios en las Administraciones de Loterías, regula la distribución del pago entre administraciones y otros pagadores. A partir de este RD y de la normativa interna de SELAE:

- Los premios de menor importe (hasta el umbral operativo fijado por SELAE, hoy en la práctica 2.000 €) pueden cobrarse en cualquier Administración de Loterías en efectivo.
- Los premios de mayor cuantía se cobran a través de entidades financieras colaboradoras o servicios centrales de SELAE, con identificación del titular y abono en cuenta u otros medios bancarios.
- En todos los casos rige el plazo de 3 meses fijado por el RD 1136/1979 y las reglas particulares de cada juego.

2.3. Destino de los premios no cobrados

Aunque el RD 1136/1979 no entra en el destino, el régimen actual es que los premios no cobrados en plazo se integran como ingresos extraordinarios de SELAE. Estos ingresos forman parte de sus beneficios, que se transfieren al Tesoro Público a través de dividendos y aportaciones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.

3. ONCE: normativa específica y caducidad

La ONCE se rige esencialmente por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de reordenación de la ONCE, y por acuerdos del Consejo de Ministros que aprueban sus reglas de juego. La Ley 13/2011, en sus disposiciones adicionales, reconoce su singularidad y le reserva determinadas loterías de ámbito estatal.

En las reglas de sus productos (Cupón Diario, Cuponazo, etc.) se establece en general un plazo de caducidad de 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. Es también un plazo de caducidad: si no se cobra en ese plazo, el derecho se extingue.

La forma de cobro depende de la cuantía:

- Premios menores: se abonan en efectivo en el propio punto de venta o vendedor autorizado.
- Premios importantes: se pagan en centros pagadores de ONCE o mediante entidades financieras conveniadas, con la correspondiente identificación y medios bancarios.

Los premios caducados se incorporan a los resultados de explotación del juego de la ONCE, que están legalmente afectados a la financiación de sus programas sociales para personas con discapacidad, bajo supervisión estatal.

4. Fiscalidad básica de los premios

La tributación de los premios no se regula en la Ley del Juego, sino en la Ley 35/2006, del IRPF, y en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que crean el gravamen especial sobre determinados premios de loterías y apuestas. Este gravamen se aplica a los premios de SELAE, ONCE, Cruz Roja y organismos análogos de la UE/EEE.

El esquema básico es:

- Un importe exento por cada décimo, fracción o apuesta ganadora (que las leyes de Presupuestos han ido elevando hasta situarse, en el periodo reciente, en el entorno de 40.000 €).
- Sobre la parte del premio que supera dicho umbral se aplica un tipo fijo del 20 %.
- La retención se practica en origen por SELAE, ONCE o la entidad financiera pagadora, de forma que el contribuyente recibe ya el premio neto; este gravamen es, con carácter general, cuota definitiva.

Otros juegos de ámbito estatal operados online con licencia al amparo de la Ley 13/2011, pero que no son loterías reservadas, tributan en el IRPF ordinario (ganancias patrimoniales u otras rentas), y sus plazos de cobro se determinan en las condiciones de cada operador autorizadas por la Dirección General de Ordenación del Juego.