El Gobierno español ha declinado una propuesta planteada por los acreedores de los laudos arbitrales internacionales derivados de los recortes a las renovables de 2013, que buscaba frenar temporalmente las medidas de ejecución contra bienes e intereses del Estado en el exterior. La oferta, presentada en pleno contexto del Mundial de Fútbol 2026, pasaba por constituir una fianza ante la Justicia de Estados Unidos que se liberaría una vez agotadas las vías legales de España en ese país, según señalaron fuentes cercanas a los fondos.
De acuerdo con esas fuentes, el planteamiento reproducía el esquema utilizado recientemente en Bélgica, donde España constituyó una garantía tras la imposición de medidas cautelares que afectaban a unos 800 millones de euros en activos públicos.
En ese acuerdo belga, el alcance de las medidas se redujo a alrededor de 250 millones de euros, cantidad que el Reino de España depositó en una cuenta bancaria bloqueada a la espera del desenlace definitivo de los procedimientos en marcha. Las mismas fuentes recalcaron que esta fórmula alivió de forma provisional la presión judicial y permitió que el litigio avanzara sin necesidad de ampliar las actuaciones de ejecución.
Según fuentes próximas a los acreedores, la propuesta elevada al Ejecutivo español “tenía como objetivo específico replicar este enfoque cooperativo y de desescalada, evitando nuevas acciones de ejecución al tiempo que se exploraban soluciones compatibles con las obligaciones internacionales de España”.
No obstante, en Bélgica se consignó esa suma porque existía un embargo sobre las cuentas de Enaire, mientras que la situación en Estados Unidos no es idéntica.
La oferta fue cursada por el despacho King & Spalding, a través de su socio principal Matthew McGill, en representación de los acreedores.
Fuentes de los fondos incidieron en que España ha sostenido en otros foros que la Comisión Europea le impediría constituir una fianza de este tipo. Sin embargo, consideran que el acuerdo alcanzado en Bélgica “demuestra de forma inequívoca que ya lo ha hecho”.
Continuar ejerciendo los derechos de los laudos
Tras la negativa del Gobierno, los acreedores sostienen que “no existe alternativa viable más que continuar ejerciendo los derechos que les otorgan los laudos arbitrales y las sentencias judiciales obtenidas en múltiples jurisdicciones internacionales”.
Las mismas fuentes recuerdan que España mantiene pendientes de abono cerca de treinta laudos arbitrales internacionales ligados a las reformas retroactivas de su marco de apoyo a las energías renovables, y que los procesos de ejecución prosiguen en numerosos Estados.
Solo en Estados Unidos, los inversores han logrado ya siete sentencias federales firmes a su favor, por un importe conjunto cercano a los 700 millones de euros. Además, los acreedores han obtenido decisiones favorables o mantienen pleitos activos en jurisdicciones como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Singapur.
La semana pasada, los acreedores ampliaron de forma notable el registro de una de estas resoluciones federales estadounidenses a múltiples distritos judiciales que incluyen ciudades sede de partidos del Mundial de Fútbol FIFA 2026, con el objetivo de facilitar futuras tareas de localización de activos, recopilación de información y ejecución.
Rechazo a un impago que consideran permanente
Fuentes cercanas a los procedimientos explican que, tras frustrarse la vía de negociación, el programa de notificaciones, requerimientos de información y actuaciones de rastreo de activos “se está intensificando en varias jurisdicciones” y alertan de que “no pueden aceptar lo que consideran una situación permanente de impago, que estiman incompatible con los principios fundamentales del Estado de derecho internacional y el respeto a las resoluciones dictadas por tribunales y órganos arbitrales independientes”.
Con la posibilidad de un entendimiento aún sobre la mesa, aseguran que su intención es “continuar empleando todos los instrumentos legales disponibles para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones reconocidas judicialmente”.
“La puerta sigue abierta a una solución negociada*, declararon los acreedores. Pero mientras España continúe rechazando vías razonables de resolución, los procedimientos de ejecución seguirán avanzando en todos los ámbitos en que los tribunales hayan reconocido nuestros derechos”, recalcaron.