Agentes encubiertos que participaron en una operación de entrega controlada han expuesto ante el tribunal cómo se desarrolló en 2023 el dispositivo policial contra seis procesados, a los que se atribuye formar parte de una organización dedicada presuntamente a introducir en España unos 400 kilos de cocaína procedentes de Colombia con destino a Madrid y la Costa del Sol.
La Fiscalía reclama para cada uno de los encausados nueve años de prisión y una multa de 40 millones de euros, además de otros dos años de cárcel por pertenencia a grupo criminal.
En las cuestiones previas, las defensas han puesto en duda, entre otros extremos, la competencia de la Audiencia Provincial de Madrid para juzgar los hechos y han pedido que el caso pase a la Audiencia Nacional.
Los letrados también han cuestionado la actuación de los agentes encubiertos al entender que la autorización de la Fiscalía Especial Antidroga no bastaba y que ciertas diligencias debían haber sido avaladas por un juez. De este modo, discuten la validez de parte de las actuaciones de investigación y de las pruebas derivadas de ellas.
El caso se apoya, entre otros indicios, en las vigilancias y seguimientos policiales realizados durante la operación. Los seis acusados, dos de ellos en rebeldía, niegan los hechos y está previsto que declaren ante el tribunal en los próximos días, una vez avance la práctica de la prueba.
En la vista han intervenido los agentes encubiertos que se infiltraron para culminar las detenciones, relatando las comunicaciones, encuentros y entregas de droga mantenidos con los procesados. “Vamos a enviar 400 kilos de coca por Barajas”, le comentó uno de los acusados a uno de los agentes infiltrados.
Operación controlada y envío desde Colombia
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los procesados habrían intervenido en la recepción y compra de un cargamento de 400 kilos de cocaína remitido desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá hasta Madrid-Barajas mediante una entrega controlada, autorizada por las autoridades colombianas y por la Fiscalía Especial Antidroga española.
Los otros 100 kilos del envío, hasta completar los 500 paquetes remitidos desde Colombia, iban dirigidos a otro grupo asentado en Marbella y quedan fuera de este procedimiento.
La investigación arrancó a partir de la información remitida por la Fiscalía de Colombia a la Fiscalía Especial Antidroga española sobre una organización que pretendía trasladar una gran cantidad de cocaína desde Colombia a España.
Los agentes encubiertos trasladaron los 500 paquetes hasta Madrid en un vuelo de Iberia procedente de Bogotá y, ya en territorio español, la droga fue llevada al Complejo Policial de Canillas. Desde ese momento se iniciaron los contactos con los presuntos miembros del grupo para cerrar la recepción del estupefaciente.
Uno de los investigados habría indicado a los agentes su plan de introducir 400 kilos de cocaína por la terminal de carga de Barajas y habría buscado a personas capaces de sacar la mercancía del aeropuerto y llevarla después a la Costa del Sol. Más adelante, otro de los acusados habría comunicado que el comprador estaba dispuesto a abonar 450.000 euros por la entrega.
El 1 de junio de 2023, uno de los acusados, conocido como 'Jeke', se reunió con los agentes encubiertos y, según la Fiscalía, afirmó ser el encargado de recoger los 400 kilos y verificar la calidad de 25 paquetes. La entrega se habría fijado para el 5 de junio y el acusado habría señalado que pagaría en torno a 250.000 euros en metálico.
Ese mismo día, varios de los procesados se vieron en un restaurante de Madrid para comprobar la calidad de la cocaína y después se desplazaron a un hotel, donde los agentes custodiaban 25 paquetes. De acuerdo con el Ministerio Público, uno de ellos examinó la mercancía mientras otros dos la fotografiaban.
La operación concluyó el 7 de junio de 2023, cuando uno de los acusados habría entregado 150.000 euros como parte del pago. A continuación, los agentes concertaron una cita con otro de los investigados en Alcobendas para hacerle entrega de 200 paquetes de cocaína, momento en el que fue arrestado cuando supuestamente intentaba cargar la sustancia en el maletero de un coche de alquiler.
En el registro de una vivienda en Seseña (Toledo) se intervinieron 65.000 euros. En total, el dinero incautado en el procedimiento asciende a 215.710 euros.
En relación con la sustancia intervenida, la Fiscalía detalla que se aprehendieron 402.381 gramos de cocaína con una pureza del 76,6 por ciento, equivalentes a 308.223,846 gramos de droga pura, con un valor en el mercado ilícito de unos 14,08 millones de euros si se vende por kilogramos.
Por el delito contra la salud pública, la acusación pública solicita para cada procesado nueve años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 40 millones de euros. Por pertenencia a grupo criminal pide otros dos años de cárcel, también con inhabilitación especial para el sufragio pasivo.
El Ministerio Público reclama además el comiso de la droga, del dinero y de los efectos intervenidos que se hubieran utilizado en la actividad delictiva o procedan de ella.
Finalmente, solicita medidas especiales de protección para los agentes encubiertos, entre ellas que declaren por videoconferencia, con la imagen pixelada y la voz distorsionada, para impedir su identificación.