La Audiencia Nacional investigará penalmente la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La magistrada María Tardón ha declarado competente al tribunal para esclarecer unos hechos que podrían constituir delitos contra la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal.
La decisión supone un paso decisivo en unas diligencias abiertas a comienzos de agosto a raíz de una denuncia presentada por Iustitia Europa. Hasta ahora, la jueza estaba recabando información para determinar si los hechos encajaban entre las competencias de la Audiencia Nacional. El nuevo auto confirma que será este órgano judicial el que investigue el fondo del caso.
La causa deberá aclarar si la llegada de decenas de miles de personas desde territorio marroquí fue espontánea o respondió a una actuación planificada, quién pudo organizarla y qué papel desempeñaron las fuerzas de seguridad de Marruecos.
Los delitos que investigará la Audiencia Nacional
Tardón considera que los hechos podrían comprometer la paz o la independencia del Estado, una circunstancia que justifica la competencia de la Audiencia Nacional.
La investigación también abarcará posibles delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en conexión con los homicidios y lesiones imprudentes producidos durante los intentos de entrada, así como la posible existencia de una organización o grupo criminal encargado de promover o coordinar la operación.
La apertura de la investigación no supone, sin embargo, que la Justicia atribuya ya la responsabilidad de los hechos a Marruecos o a personas concretas. La instrucción deberá identificar a los posibles responsables y determinar si existió una dirección organizada de la entrada masiva.
La Fiscalía respaldó la competencia de la Audiencia Nacional
La decisión de Tardón coincide con el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El fiscal jefe, Jesús Alonso, asumió personalmente el asunto por su “singularidad y trascendencia” y presentó un informe favorable a que el tribunal continuara con la investigación.
El Ministerio Público considera que la Audiencia Nacional puede asumir el caso tanto por la posible comisión de una parte de los hechos fuera del territorio español como por su repercusión sobre las instituciones del Estado.
La Fiscalía señaló la posible existencia de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización criminal. También planteó que la instrucción determine si lo sucedido afectó a bienes jurídicos colectivos como la paz o la independencia del Estado.
El informe policial sobre el papel de los gendarmes marroquíes
Entre la documentación incorporada a las diligencias figura el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. El documento analiza las imágenes, las publicaciones difundidas en redes sociales, los movimientos previos y los testimonios recabados sobre la entrada masiva.
El informe sostiene que no se trató de un fenómeno meramente accidental y recoge indicios de una actuación organizada. También señala que agentes marroquíes habrían guiado o facilitado el desplazamiento de grupos de personas hacia los pasos fronterizos, aunque no identifica de forma concluyente a los autores intelectuales de la operación.
La posición policial ha provocado un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sostiene que no existen elementos objetivos y concluyentes que permitan atribuir a Marruecos la planificación o ejecución de la crisis.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional expresó la pasada semana su “absoluto respaldo” a Tardón ante las críticas de Marlaska por la reserva con la que la magistrada ordenó elaborar y trasladar el informe policial.
El Gobierno desclasificará sus informes sobre Ceuta
La decisión judicial coincide con el anuncio del Gobierno de desclasificar la documentación policial, militar y de inteligencia relacionada con la entrada masiva.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la desclasificación de los informes y avisos recibidos antes, durante y después de los acontecimientos del 30 y 31 de julio. El Ejecutivo pretende acreditar que ninguno de los documentos trasladados previamente advertía de una operación de la magnitud que finalmente se produjo.
Pedro Sánchez ha sostenido que no existen “evidencias sólidas” de que Marruecos planificara o ejecutara la entrada masiva. Marlaska ha reiterado este lunes que, “a día de hoy”, no hay ningún elemento “lógico, razonable y objetivo” que permita señalar a Marruecos, a otro Estado o a una persona concreta como autor intelectual.
La documentación desclasificada podrá ser solicitada e incorporada a la investigación judicial si la magistrada considera que resulta relevante para reconstruir lo ocurrido y comprobar si existieron avisos previos.
Ceuta podrá intervenir en el procedimiento
El Gobierno de Ceuta ha acordado personarse en la causa al considerarse directamente perjudicado por los hechos. Su incorporación al procedimiento permitirá a la ciudad autónoma acceder a las actuaciones, proponer diligencias y reclamar las responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse de la investigación.
La decisión de la Audiencia Nacional abre así una vía judicial independiente de las investigaciones internas impulsadas por el Gobierno y del debate político sobre la responsabilidad de Marruecos.
El objetivo de la instrucción será determinar si la entrada masiva fue organizada, identificar a sus responsables y esclarecer si los acontecimientos constituyeron una operación dirigida contra España o una crisis migratoria favorecida por organizaciones criminales y la falta de control en el lado marroquí.