El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado este martes en el Senado que el Ejecutivo carece de competencias para otorgar el régimen de semilibertad a condenados por terrorismo, ya que esa facultad corresponde a la “administración competente” y “la última palabra” recae siempre en los jueces.
De este modo, ha desligado al Gobierno central de la decisión del Ejecutivo vasco de suavizar la condena de la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', resolución que posteriormente fue anulada por el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, quien ordenó su reingreso en prisión.
Bolaños ha realizado estas manifestaciones en el Pleno de la Cámara Alta, al contestar a una pregunta de la senadora del PP Rocío Dívar, que ha llevado al debate el caso de 'Anboto' y la decisión del magistrado Castro de dejar sin efecto el acuerdo del Gobierno de Euskadi, al considerar que generaba “desasosiego” entre las víctimas y “falsas expectativas” a la antigua dirigente de ETA.
En su réplica, el ministro ha insistido en que “son los jueces” quienes “deciden quién está en prisión y quién sale”, subrayando que el cambio de grado de los internos también es fijado por los tribunales, en concreto por los jueces de Vigilancia Penitenciaria.
Además, ha recordado que el Reglamento General Penitenciario “no se ha tocado” desde 1966 y que “ha sido aplicado por gobiernos del PP y del PSOE”. “Da igual que la competencia sea autonómica o estatal. Siempre se aplica por la administración competente y la última palabra la tiene el juez que tiene que resolver la cuestión”, ha añadido.
“El Gobierno no tiene ninguna competencia” y la derrota de ETA
“El Gobierno, en la materia que me pregunta, no tiene ninguna competencia”, ha sintetizado Bolaños, remarcando que España es un Estado de derecho con una clara separación de poderes.
A continuación, ha rememorado que “la derrota de ETA” fue “un triunfo de la democracia” y que “lo impulsó un Gobierno socialista” encabezado por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior.
El responsable de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reprochado al PP que “apoyara en privado” las conversaciones para poner fin a ETA mientras “en público” se “manifestara” contra “la ruptura de España”. “Estábamos intentando que en España no hubiera terrorismo: lo conseguimos. Ustedes estaban en contra y España es un país mejor porque no hay terrorismo”, ha señalado.
Por otro lado, la senadora Rocío Dívar ha defendido que el cumplimiento íntegro de las penas “es una obligación” y ha denunciado que “se está incumpliendo” por el “uso abusivo” del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que regula la flexibilización del cumplimiento, un precepto que, según ha advertido, está funcionando “de atajo hacia la semilibertad de miembros de ETA”.
Dívar ha advertido de que estas decisiones provocan “alarma institucional” y ha reclamado a Bolaños que se comprometa a reformar el artículo 100.2 “para acabar con la amnistía encubierta a los miembros de ETA”.
“El PP no saca a ETA a pasear; es el PSOE el que saca a ETA de la cárcel”, ha afirmado, atribuyendo la concesión de situaciones de semilibertad a exintegrantes de la organización terrorista a la “aritmética parlamentaria”, porque, ha dicho, negarse a ello supondría “tensar la relación con Bildu”.