QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, el juez encargado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo sigue adelante con las declaraciones de empresarios acusados, incluyendo al propietario de Servinabar y un antiguo directivo de Acciona. Se investiga el supuesto abono de comisiones a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, a cambio de concesiones de obras públicas.
A las 10.00 horas, el juez Leopoldo Puente ha convocado tanto a Joseba Antxón Alonso, administrador único de Servinabar, como a Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra.
El juez imputó a varios empresarios, incluyendo a Cerdán, al considerar que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación» de obras públicas específicas a sus empresas mediante «la realización de pagos» que posiblemente Ábalos recibió, siendo este último aforado, lo que requiere que el Supremo y la Audiencia Nacional investiguen el caso conjuntamente.
Puente tomó esta decisión basándose en gran medida en las conversaciones grabadas por el exasesor entre 2019 y 2023 con los otros dos implicados, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que expuso una supuesta red de corrupción vinculada a arreglos de licitaciones públicas.
EL CONTRATO PRIVADO DE SERVINABAR
En el registro de la vivienda de Alonso, se encontró un contrato privado de compraventa que indicaba que Cerdán compraría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones –el 45%– de Servinabar, empresa que, según la UCO, se adjudicó obras del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.
El documento estaba «firmado en sus cuatro páginas» por el exdiputado y por Alonso, y «estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar». También constaba que Alonso vendía casi la mitad de sus participaciones a «Santos Cerdán, que las compra y adquiere, libre de cargas, por el precio de 6.000 euros, que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago».
Además, ambos acordaron que «ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con el presente contrato». La defensa de Cerdán enfatizó que se trataba de «un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público» y, por tanto, «no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno».
Al declarar, el exdiputado reconoció conocer el contrato privado, pero subrayó su invalidez y afirmó que ni siquiera efectuó el pago por esas participaciones sociales.
SU RELACIÓN CON CERDÁN
Cerdán relató que conocía a Alonso desde 2006, pero que hacia 2011 ya tenían «una relación bastante fuerte de amistad» porque discutían «mucho» sobre política. Describió a Alonso como «fundamental» en las conversaciones con PNV y EH Bildu para formar gobierno. Sin embargo, negó cualquier vínculo con Servinabar y vinculó el contrato privado a su deseo de «abandonar la política» tras un mal resultado electoral, algo que luego reconsideró tras hablarlo con su esposa.
En 2017, al mudarse a Madrid, compartió apartamento con Alonso por 800 euros mensuales, pero aseguró que nunca gestionó nada a favor de Servinabar, especialmente porque en 2015, cuando se fundó la empresa, el PSOE estaba en la oposición. «Difícilmente puedo interceder, ayudar de ninguna manera a ninguna empresa», declaró.
LOS VÍNCULOS DE SERVINABAR Y ACCIONA
La UCO reveló en su informe que Servinabar y Acciona formaron parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE) que se postuló a varias licitaciones públicas en Navarra, incluidas las obras del túnel de Belate, las cuales fueron adjudicadas por 76 millones de euros. Este contrato es uno de los más grandes de obra pública otorgados en Navarra en la última década, según la acusación popular del partido Unión del Pueblo Navarro (UPN).
En la casa de Merino, se encontró documentación que mostraba estrechos lazos de la empresa con Servinabar, incluyendo una «copia simple de cesión de participaciones y modificación de estatutos, formalizada el día 27 de febrero de 2019, relacionada con Antxón Alonso Egurrola y la sociedad Acciona Construcción». También se halló un «protocolo notarial de constitución de una UTE, de fecha 2 de enero de 2019, formada por Acciona Construcción y Servinabar 2000, representadas por Tomás Olarte» y Alonso Egurrola.
El Supremo ha exigido toda la documentación relacionada con las cinco obras públicas adjudicadas a Acciona Construcción, cuatro de ellas dentro de una UTE, por un valor total de 537 millones de euros: dos en Murcia, una en Logroño, una en Sevilla y una en Sant Feliú de Llobregat.
Sobre Merino, Cerdán declaró conocerlo desde que se presentó como delegado de Acciona en Navarra en 2014, pero perdieron contacto tras mudarse a Madrid en 2017. Las declaraciones de Alonso y Merino se producen después de que el pasado viernes, los empresarios José Ruz y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez negaran ante el juez del Supremo el pago de presuntas mordidas a la trama.
El instructor de la causa ordenó a los tres empresarios comparecer quincenalmente en sede judicial, y además prohibió a Ruz salir del país y entregar su pasaporte, una medida solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y apoyada por la acusación popular.
