El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha puesto el foco en una de las líneas clave del 'caso Leire Díez': el papel desempeñado por Juan Sánchez Yepes, antiguo miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que se investiga por una supuesta revelación de secretos contra su propia unidad y por colaborar para “impulsar sospechas ante la directora de la Guardia Civil”.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que el capitán Sánchez Yepes ya estaba siendo investigado en otra causa vinculada a un fraude en el sector de los hidrocarburos y que su defensa corre a cargo del abogado Jacobo Teijelo, igualmente investigado en el 'caso Leire Díez'. Sobre este letrado, el magistrado recoge de forma literal que “también factura sus servicios al PSOE”.
Según detalla la resolución, la presunta trama presentó escritos ante la Fiscalía General del Estado “tratando de germinar el despectivo y contaminante título de la 'UCO patriótica" y que, además, también acabaron “impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada”.
El instructor añade que, “entre los hechos imputados se encontraba la posible filtración de mensajes comprometidos de Whatsapp entre Ábalos y otros miembros relevantes de su partido publicados en prensa que se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel”, en referencia a Sánchez Yepes. Pedraz enmarca estos hechos en un plan dirigido a recopilar datos e información personal y reservada (secreta por Ley) sobre mandos de la UCO.
Reuniones con mandos de la Guardia Civil
El auto recoge que el abogado Jacobo Teijelo mantuvo en diciembre de 2024 una reunión con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes para presentarle a Leire Díez como una “persona del PSOE”, encuentro del que existe una grabación incorporada a la causa.
En esa cita, en la que también participaron Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset, Sánchez Yepes llegó a facilitar datos sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, siendo consciente de que se trataba de información reservada. “Eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet”, llegó a manifestar el capitán, antiguo integrante de la UCO.
La exmilitante socialista mantuvo asimismo dos reuniones en marzo de 2025 con otro oficial de la Guardia Civil, el comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo'. Este agente redactó unas actas, incorporadas al procedimiento, en las que relata que Leire Díez le propuso que se hiciera cargo del pago de su defensa y que declarara como testigo protegido ante la Policía Nacional “contra la Guardia Civil y, concretamente, contra la UCO”.
Actuación en la Dirección General de la Guardia Civil
Como consecuencia de estas pesquisas, efectivos de la UCO se personaron este miércoles en la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, con el objetivo de recabar las informaciones reservadas internas abiertas en relación con una posible filtración.
Fuentes consultadas señalan que el teniente coronel Antonio Balas acudió ese mismo día a la sede central de la Dirección General, al tiempo que otros miembros de la UCO entraban en la sede del PSOE en la calle Ferraz y efectuaban registros en los domicilios de Santos Cerdán en Milagro (Navarra), de Gaspar Zarrías en Madrid y de Javier Pérez Dolset en Móstoles.
La presencia de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil se produjo mientras la directora general del instituto armado, Mercedes González, se encontraba en las instalaciones de Batalla del Salado, donde presidía el acto de toma de posesión del nuevo jefe en la Comunidad de Madrid, el general de brigada Francisco Almansa.
Pedraz ha ordenado estas diligencias porque trata de esclarecer, entre otros extremos, si se produjeron pagos desde el PSOE a la presunta red que habría intentado obtener información sensible sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La investigación se dirige, en concreto, por posibles delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.