El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez' toma declaración este miércoles, en calidad de testigo, a Daniel Mateo, señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como colaborador de la Jefatura de Información del Instituto Armado. De acuerdo con las pesquisas, Mateo habría sido quien se encargó de gestionar un local para un encuentro entre la exmilitante socialista y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo'.
El juez Santiago Pedraz ha citado a Mateo a partir de las 10.00 horas, en el que será el último interrogatorio del 'caso Leire Díez' antes de la pausa veraniega. No obstante, el instructor prevé seguir practicando determinadas diligencias durante agosto, entre ellas la supervisión del clonado del teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijada para el día 18.
Estas actuaciones se integran en la causa que dirige Pedraz sobre una presunta red destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaran al PSOE y al Ejecutivo, que habría estado encabezada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la propia exmilitante.
La identidad de Daniel Mateo salió a la luz a partir de una declaración de Rubén Villalba ante agentes de la UCO, recogida en un informe policial. Según relató el comandante, Mateo, en su condición de colaborador de la Jefatura de Información, se ocupó de organizar y reservar un local para una reunión con Díez celebrada en un bar de Leganés en marzo de 2025.
En esa misma línea, un acompañante de Leire Díez en la cita, identificado por la Guardia Civil como Francisco Ortega, manifestó ante la UCO que Daniel Mateo fue quien le proporcionó “las oportunas instrucciones, señalándole la hora, el lugar y las medidas de seguridad que se iban a tomar”.
Durante la reunión con Villalba, conforme a la declaración del comandante ante la UCO, Leire Díez se presentó como alguien con conexiones con “los de arriba” o con “los de arriba del Gobierno” y aludió a causas judiciales vinculadas al sector de los hidrocarburos, entre ellas el 'caso Gaslow' y la relativa al empresario Víctor de Aldama.
Según el relato incluido en el informe, Díez sostuvo que todos esos procedimientos compartían varios elementos: la intervención del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, el papel de la UCO como unidad instructora y la existencia de una “connivencia” entre la UCO y Repsol para “torpedear a la competencia en este sector”.
“Una vez puesto en contexto los hechos anteriores, marcó su objetivo de la reunión, que no fue otro que conseguir información comprometedora sobre la Guardia Civil, en general, si bien prestando especial interés en la UCO y determinados agentes”, entre ellos Balas, el capitán Juan Vicente Bonilla, los coroneles Manuel Sánchez Corbí y Rafael Yuste y el director adjunto operativo Manuel Llamas, también imputado en esta causa, de acuerdo con el informe.
Además de datos internos sobre la Guardia Civil, Leire Díez solicitó información relativa a Aldama y al exasesor ministerial Koldo García, ambos condenados en el 'caso mascarillas', indicando que a ella y a “los de arriba” les “preocupaba” lo que Aldama pudiera llegar a revelar, según la declaración recogida por los investigadores.
Como contraprestación, la exmilitante ofreció “recuperar su reputación” y “un puesto de responsabilidad” como “asesor de la directora de la Guardia Civil”, Mercedes González, igualmente imputada en este procedimiento, siempre según las conclusiones de la UCO.
Los agentes también destacan que Daniel Mateo telefoneó a Rubén Villalba “diciéndole que le habían comunicado que “los de arriba” estaban expectantes al respecto”.