El juicio contra la forense de Sevilla procesada por varios delitos contra la integridad moral presuntamente cometidos por funcionarios públicos, a raíz de los "continuos juicios de valor" que habría dirigido a mujeres que denunciaban agresiones sexuales, estaba previsto inicialmente para este viernes 12 de mayo, pero ha sido suspendido sin nueva señalamiento, según han indicado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La vista oral se había fijado en un primer momento para noviembre de 2025, aunque tuvo que ser pospuesta por las cuestiones procesales planteadas por la defensa, entre ellas la posible vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley y distintas irregularidades apreciadas durante la fase de instrucción.
Tras ese aplazamiento, el letrado de la acusada explicó que tanto la Fiscalía como el tribunal entendieron necesario detener el juicio para revisar en su totalidad el procedimiento y pronunciarse de forma expresa sobre las alegaciones formuladas en las cuestiones previas.
La propia forense, después de conocerse la suspensión de la vista, reiteró su inocencia. "No le he hecho nada malo nunca a nadie y he tratado a todo el mundo con delicadeza", enmarcaba la forense. "Tengo una fe tremenda, y sé que nada puede ir en contra mía. Dios protege a sus hijos y yo hago todo lo posible por hacer las cosas bien. Nunca podría decir algo como eso -- en referencia a los comentarios juiciosos que se le atribuyen--". De este modo, reivindicaba su "rigor científico" y aseguraba que se comportó "de la manera más correcta posible" con las víctimas.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, "la acusada reiteraba, críticas hacia la vestimenta o el comportamiento de las presuntas víctimas, dándoles a entender que habían consentido de forma implícita el acto sexual o que con su conducta habrían provocando el mismo". Con ello, "restaba credibilidad a su historia y las hacía sentir culpables de lo que había ocurrido, así como de las consecuencias legales que podría acarrear una denuncia a los presuntos autores de los hechos y sus familias".
Según la acusación, estas actuaciones generaban en las entrevistadas "un enorme desasosiego por la situación de especial vulnerabilidad en la que se hallaban, incrementando el malestar de las mismas" y llegando, en algunos casos, a que no llegaran a formalizar denuncia por los hechos, "al verse cuestionadas y menospreciadas" por los comentarios atribuidos a la forense.
La Fiscalía interesa una pena de tres años de prisión, uno por cada uno de los tres delitos de integridad moral imputados como cometidos por funcionaria pública, además de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.