El Tribunal Supremo ha decidido retrasar hasta el próximo 22 de mayo la vista señalada para estudiar las peticiones de suspensión cautelar del real decreto que impulsa la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno, mientras el alto tribunal analiza el fondo del recurso.
De acuerdo con una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo pospone la vista, que estaba fijada inicialmente para este miércoles, alegando necesidades del servicio.
Entre las partes personadas que reclaman la suspensión cautelar de la medida del Ejecutivo figuran Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
En representación del Gobierno está previsto que comparezca la Abogacía del Estado, que defiende que no se paralice la regularización al considerar que supondría una “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”, tal y como expuso en un escrito de alegaciones consultado por Europa Press.
Cautelares
Hazte Oír reclamó al Supremo la suspensión cautelar del real decreto al entender que rebasa los márgenes legales y “altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos”.
En la misma línea, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica apreció “riesgo cierto de perjuicio irreparable” derivado de la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la “tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes”, la “generación de situaciones jurídicas individualizadas” o la “concesión de autorizaciones de residencia y trabajo”.
Vox sostuvo, en palabras de su dirigente Ignacio Garriga, que “lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria” y “un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España”.
Por su parte, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso fundamentó su recurso en que la norma impacta “gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios”, además de “contravenir” la normativa de la Unión Europea y “afectar” a la seguridad.
El Gobierno central de Pedro Sánchez dio luz verde en abril al real decreto, del que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y otras 250.000 personas en situación administrativa irregular, según indicaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ese mismo mes, el Supremo reclamó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el “expediente administrativo” completo del real decreto de regularización para poder resolver sobre las medidas cautelares y, posteriormente, sobre el fondo del asunto.