El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo murciano frente al Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que establece un procedimiento extraordinario para la regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular.
Desde el Gobierno autonómico sostienen que se trata de “una disposición de carácter general que atenta contra los intereses generales de la Comunidad, por cuanto incide en su ámbito competencial, y en concreto, en materia de asistencia social e integración de estas personas”, han señalado.
Entre los argumentos planteados, el Ejecutivo regional alega también “la vulneración del principio de autonomía financiera” al entender que “ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conlleva un incremento del número de personas potencialmente destinatarias de prestaciones, cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma, sin que se haya previsto un incremento de financiación que permita cubrir ese aumento del gasto”.
Del mismo modo, apuntan que la norma “vulnera el principio de lealtad institucional y que va en contra de la Directiva de la Unión Europea que reserva la regularización a supuestos excepcionales debidamente motivados y limitados”.
Otro de los reproches formulados es que su puesta en marcha “puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral y para las empresas de la Región, especialmente en los casos vinculados a autorizaciones de residencia por arraigo”.
A este respecto, el Gobierno murciano considera que la regulación “no garantiza mecanismos claros de información a los empleadores afectados y podría derivar en sanciones o responsabilidades para empresas que contrataron o actuaron conforme a la legalidad y de buena fe”.