El Tribunal Supremo ha ratificado que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado, al concluir que desde 1938 estuvo afectado al servicio de la Jefatura del Estado, y rechaza los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco.
Según ha informado la Sala de lo Civil del TS en una sentencia, el tribunal entiende por unanimidad que los ocupantes del inmueble no pudieron ostentar la finca como propietarios, al menos hasta la década de los 90, momento en el que la Administración dejó de prestarle cualquier tipo de servicio.
En consecuencia, prosigue el Supremo, no se ha cumplido el plazo legal de 30 años necesario para adquirir la titularidad por usucapión. Del mismo modo, el TS concluye que no se dan las condiciones jurídicas para apreciar una desafectación tácita que privase al pazo de su condición de bien de dominio público.
Asimismo, el alto tribunal recuerda que en la demanda se hizo constar de forma expresa que la familia Franco fue poseedora de buena fe del Pazo, por lo que debía ser indemnizada en el momento de la devolución del inmueble.
En este sentido, la Sala subraya que, si en la demanda se sostuvo de forma clara y explícita esa posición, no resulta posible alterarla después para negar la buena fe y el derecho a la compensación previamente admitidos, ya que los demandados respondieron a la demanda confiando en tales manifestaciones y un cambio posterior e injustificado en las pretensiones de la parte actora les generaría una situación de indefensión contraria a la Constitución.