La Fiscalía ha pedido la absolución de los 11 acusados en el juicio que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al considerar que no ha quedado acreditado que se hayan cometido los delitos que se les atribuyen.
La decisión del Ministerio Público supone reafirmar la postura que ya había mantenido desde fases anteriores del procedimiento, en las que llegó a solicitar el archivo de la causa al no apreciar indicios suficientes para sostener la acusación.
La Fiscalía niega la existencia de pruebas de delito
Durante su intervención, la fiscal del caso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo su informe tras escuchar a las acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y para el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurso con prevaricación.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no se ha acreditado la ilegalidad de los procesos de creación y adjudicación de las plazas investigadas, entre ellas la de coordinador de los conservatorios y la de jefe de actividades transfronterizas.
Según el Ministerio Público, durante la tramitación de dichas plazas no se presentaron alegaciones, advertencias ni recursos que cuestionaran su legalidad, ni siquiera por parte de otros partidos políticos en el pleno de la Diputación que aprobó las mismas.
Defensa del procedimiento administrativo y de la UCO
La fiscal también ha defendido la actuación de la Fiscalía durante la instrucción, dirigida por la jueza Beatriz Biedma, así como la legalidad de la intervención de correos electrónicos realizada en el marco de la investigación.
En relación con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), la representante del Ministerio Público ha señalado que los correos aportan datos objetivos, aunque ha advertido de que estos no pueden ser interpretados como lo han hecho las acusaciones populares.
El origen del puesto de David Sánchez
En su exposición, la Fiscalía ha subrayado que el puesto de trabajo ocupado por David Sánchez ya existía previamente como plaza de coordinación de actividades de los conservatorios provinciales.
Tras la jubilación del anterior responsable, estas funciones habrían sido asumidas por otros profesores fuera de su horario laboral e incluso durante fines de semana, hasta su posterior reorganización.
Mientras la Fiscalía mantiene su petición de absolución, las acusaciones populares sostienen la existencia de indicios de irregularidades y continúan solicitando penas de prisión para los acusados.
El caso queda ahora pendiente de la valoración final del tribunal, que deberá decidir tras la conclusión del juicio.