QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El proceso judicial que se ha llevado a cabo en el Tribunal Supremo contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, acusado de supuestamente revelar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concluido este jueves, quedando el caso ‘visto para sentencia’ tras seis intensas jornadas.
Durante la última sesión, la defensa ha implicado al empresario como el auténtico filtrador, mientras que las partes acusadoras han reprochado al fiscal general por supuestamente manipular a los medios para obtener una ‘cobertura legal’ que prejuzgara al empresario.
‘Visto para sentencia y despejen la sala’, declaró el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, marcando el fin de un juicio que se ha extendido a lo largo de dos semanas con la comparecencia de más de 40 testigos, incluyendo a García Ortiz y González Amador.
El foco del juicio estuvo en la filtración a la ‘Cadena SER’ el 13 de marzo de 2024 y en una nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo para contrarrestar una publicación de ‘El Mundo’. García Ortiz enfrenta una posible condena de hasta 6 años de prisión, 12 años de inhabilitación y el pago de más de 400.000 euros en multas e indemnizaciones.
‘El fiscal general del Estado es inocente’, sostuvo el abogado del Estado José Ignacio Ocio, mientras acusaba a González Amador de ser el primero en divulgar la información a la prensa.
Por otro lado, la defensa de González Amador, liderada por Gabriel Rodríguez Ramos, argumentó que existen pruebas directas de la culpabilidad de García Ortiz, describiendo el incidente como parte de una ‘maquinaria de comunicación’ gubernamental que ha causado graves daños a su representado.
«La filtración sobre González Amador vino del entorno de Ayuso»
En esta última jornada, la defensa del fiscal general del Estado ha manifestado que González Amador fue quien realizó la “única filtración acreditada”, exponiendo así las negociaciones confidenciales con la Fiscalía. Por esta razón, sostienen que no se le puede imputar a García Ortiz ninguna revelación.
El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, durante su exposición final, indicó que la filtración confirmada se refiere al correo del 12 de marzo de 2024, en el cual el fiscal del caso contra González Amador mostraba disposición para negociar. Este email es posterior al que provocó el inicio del proceso judicial: aquel enviado por la defensa del empresario a la Fiscalía el 2 de febrero del mismo año, proponiendo que su cliente admitiera dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión.
Ocio destacó que el correo del 12 de marzo, que ya dejaba entrever las negociaciones para un acuerdo, fue el publicado por El Mundo a las 21:29 horas del 13 de marzo, aunque el titular sugería que era la Fiscalía la que ofrecía el pacto a González Amador.
Ocio enfatizó que esta información salió a la luz horas después de que González Amador y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reconocieran que este último había conectado al empresario con el periodista autor del artículo de El Mundo, con quien hablaron “ocho horas antes” de su publicación. Agregó que, al discutir abiertamente sobre las negociaciones y términos del acuerdo con un periodista, aunque fuese en una versión favorable a sus intereses, ello implica que el secreto ya no mantiene su carácter reservado.
“Cuando el titular de un secreto comparte información con terceros, este pierde su naturaleza confidencial”, concluyó, señalando que los “actos propios” son un criterio fundamental para determinar cuándo un secreto deja de serlo.
La Fiscalía defiende la «impunidad» de García Ortiz
Por su lado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido que “aún en la hipótesis” de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo sobre González Amador, “en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios”. Sánchez Conde ha subrayado que el presunto correo ya circulaba ampliamente cuando llegó a manos del fiscal general. A su juicio, este elemento desactiva la acusación de revelación de secretos, que exige que la información divulgada tenga carácter reservado.
«Sentencia popular»
Mientras tanto, la acusación particular, ejercida por González Amador, ha presentado una versión diametralmente opuesta. Su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, ha sostenido en su informe final que la actuación del fiscal general supuso “una sentencia popular” que presentó a su cliente como “un delincuente confeso”, vulnerando su presunción de inocencia y convirtiéndolo —según dijo— en “moneda política” dentro de un “relato institucional” que atribuye al Gobierno.
La acusación mantiene que la supuesta filtración del correo enviado por la defensa de González Amador el 2 de febrero de 2024 —en el que se proponía un acuerdo por dos delitos fiscales— y la posterior nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo construyeron un relato de culpabilidad que se amplificó en el debate político y mediático.
Rodríguez Ramos ha recalcado que “no era necesario” incluir en la nota institucional el detalle sobre la oferta de reconocimiento de delitos para desmentir ninguna información previa, como argumentó García Ortiz. También ha insistido en que la revelación de esos datos, incluso si ya estaban en los medios, “no elimina la posible vulneración del secreto”, citando doctrina del TJUE y del TEDH sobre presunción de inocencia.
