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La llamada “Ley Orgánica de Integridad Pública” aún no está en tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Lo único que consta oficialmente es un Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública aprobado en el ámbito del Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de febrero de 2026. Eso significa que el texto no se ha registrado todavía como proyecto o proposición de ley en el Congreso ni en el Senado, y por tanto no se halla en ninguna de las fases parlamentarias típicas (enmiendas, ponencia, comisión, Pleno, etc.). A día de hoy, su tramitación es exclusivamente interna del Ejecutivo.

Situación exacta de la iniciativa

En los registros oficiales no figura ninguna iniciativa con el título “Ley Orgánica de Integridad Pública” como:

• Proyecto de Ley Orgánica del Gobierno (numeración tipo 121/… en el Congreso o 621/… en el Senado).
• Proposición de Ley Orgánica de grupos parlamentarios o parlamentos autonómicos (numeración tipo 120/… u otras).

Lo que sí aparece es un Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, tramitado en el seno del Gobierno en la XV Legislatura. La ficha administrativa indica expresamente que se trata de una actuación del poder ejecutivo sin iniciativa parlamentaria asociada, lo que confirma que el texto aún no ha “saltado” al Congreso de los Diputados para iniciar el procedimiento legislativo ordinario.

Fase del procedimiento en la que se encuentra

Desde el punto de vista estrictamente procedimental, la iniciativa se encuentra en:

• Tipo de texto: Anteproyecto de Ley Orgánica, es decir, un borrador elaborado por el Gobierno antes de convertirse, en su caso, en Proyecto de Ley registrado en las Cortes.
• Órgano competente: ámbito interno del Gobierno y sus ministerios; no hay comisión, ponencia ni órgano parlamentario asignado.
• Situación parlamentaria: sin tramitación parlamentaria abierta, al no existir aún número de expediente ni publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG).

Esto implica que no hay todavía:

• Acuerdo de la Mesa del Congreso admitiendo a trámite un proyecto o proposición sobre integridad pública.
• Publicación de un texto articulado en el BOCG.
• Apertura de plazo de enmiendas a la totalidad o al articulado.
• Designación de ponencia ni elaboración de informe de ponencia.
• Dictamen de comisión ni inclusión en el orden del día del Pleno.

Última actuación conocida y calendario

La última actuación registrada respecto al texto de integridad pública es el Acuerdo del Consejo de Ministros del 19 de febrero de 2026, en el que se trata el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. A partir de ese hito, en los registros parlamentarios:

• No figura ningún registro de entrada en el Congreso de un Proyecto de Ley con ese título.
• No hay constancia de remisión al Senado, puesto que antes debería existir tramitación en el Congreso.
• No existe cronograma parlamentario asociado (ni fechas de calificación, ni de apertura de enmiendas, ni de debates).

Por tanto, el calendario parlamentario aún no ha empezado a contar para esta futura ley orgánica. Cualquier referencia a plazos de enmiendas, fechas de Pleno o de aprobación definitiva sería, a día de hoy, puramente hipotética.

Relación con otras leyes orgánicas y posibles confusiones

En paralelo, sí constan otras leyes orgánicas en tramitación (por ejemplo, un Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LOREG con número 121/000063, pendiente con ampliaciones sucesivas del plazo de enmiendas en el Congreso). Sin embargo, estas iniciativas:

• Pertenecen a materias distintas (régimen electoral, proceso penal, etc.).
• No comparten título ni contenido con la futura Ley Orgánica de Integridad Pública.
• No deben confundirse con el anteproyecto de integridad, que sigue en el ámbito del Ejecutivo.

En síntesis, mientras que otras leyes orgánicas sí se encuentran “Pendientes de enmiendas” o “Pendientes de dictamen de comisión” en el Congreso, la de Integridad Pública aún no ha alcanzado ninguna de esas fases porque no ha entrado en la Cámara.

Conclusión sobre la fase exacta

Resumiendo la situación con precisión jurídica:

• La “Ley Orgánica de Integridad Pública” se halla en fase de Anteproyecto de Ley Orgánica en el Gobierno.
• No existe, por ahora, un Proyecto o Proposición de Ley con ese título en el Congreso o en el Senado.
• En consecuencia, no está pendiente de enmiendas, ni de dictamen de comisión, ni de debate de totalidad, ni de aprobación final en ninguna de las Cámaras.
• La última actuación disponible es el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19‑02‑2026, sin pasos posteriores registrados en las Cortes Generales.

El Consejo de Ministros interviene en las leyes orgánicas sobre todo como órgano que ejerce la iniciativa legislativa del Gobierno, aprueba y remite los proyectos a las Cortes y dirige su defensa y negociación parlamentaria. Su actuación está enmarcada en la Constitución Española (arts. 81, 86, 87, 167 y ss.), la Ley del Gobierno y el Reglamento del Congreso. No puede utilizar el decreto‑ley para materias reservadas a ley orgánica y debe asegurar que el proyecto respeta los límites materiales y formales de este tipo de normas, incluida la exigencia de mayoría absoluta del Congreso en la votación final. En paralelo, también puede promover proyectos de reforma constitucional que incidan en ámbitos hoy regulados por leyes orgánicas, pero siguiendo un procedimiento distinto y reforzado.

1. Iniciativa legislativa del Gobierno y aprobación del proyecto

La Constitución reconoce al Gobierno iniciativa legislativa, que se concreta en la aprobación de proyectos de ley orgánica por el Consejo de Ministros. Este órgano:

• Elabora y coordina el texto a partir de las propuestas de los ministerios competentes, resolviendo discrepancias entre departamentos y fijando la posición oficial del Ejecutivo.
• Aprueba formalmente el proyecto en sesión de Consejo de Ministros, calificándolo expresamente como proyecto de ley orgánica cuando la materia está reservada al art. 81 CE (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral general, instituciones básicas del Estado, etc.).
• Ordena su remisión al Congreso acompañado de exposición de motivos, memorias (jurídica, económica, de impacto) y, en su caso, informes consultivos como los del Consejo de Estado.

2. Participación en la tramitación parlamentaria

a) Defensa, enmiendas y urgencia

Una vez que el proyecto entra en el Congreso, el Consejo de Ministros sigue teniendo un papel central a través de sus miembros:

• Defensa en Comisión y Pleno: normalmente el ministro competente presenta el proyecto, explica sus objetivos y responde a las intervenciones de los grupos.
• Presentación de enmiendas del Gobierno: durante la tramitación, el Ejecutivo puede introducir cambios mediante enmiendas, ajustando el texto a los acuerdos alcanzados con los grupos.
• Solicitud de tramitación urgente: puede pedir que el proyecto se tramite por el procedimiento de urgencia, acortando plazos; la decisión corresponde a los órganos de la Cámara, pero la iniciativa suele partir del Gobierno.
• Negociación política: al exigir mayoría absoluta en la votación final, el Gobierno debe tejer acuerdos con otros grupos; esa estrategia se diseña y se reorienta en el seno del Consejo de Ministros.

b) Senado, enmiendas y mensaje motivado

Tras la aprobación en el Congreso, el proyecto pasa al Senado, que puede enmendarlo o vetarlo. En esta fase:

• El Gobierno fija su posición sobre las enmiendas del Senado, indicando cuáles acepta o rechaza.
• Puede remitir un mensaje motivado al Congreso explicando las razones para apoyar o no las modificaciones introducidas por el Senado, orientando así el voto de la mayoría que le respalda.
• En la votación final en el Congreso, necesaria para toda ley orgánica, el Ejecutivo trabaja para asegurar la mayoría absoluta exigida, incorporando o descartando enmiendas en función de ese objetivo.

3. Relación con decretos‑leyes y reforma constitucional

El art. 86 CE permite al Gobierno dictar decretos‑leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero prohíbe que versen sobre materias reservadas a ley orgánica. Esto implica:

• El Consejo de Ministros no puede usar el decreto‑ley para regular o modificar derechos fundamentales, el régimen electoral general, estatutos de autonomía u otras materias de reserva orgánica.
• Si lo hiciera, la norma sería susceptible de ser declarada inconstitucional, por lo que el Ejecutivo debe recurrir siempre al procedimiento ordinario de proyecto de ley orgánica.

Además, el Gobierno puede presentar proyectos de reforma constitucional (arts. 167 y 168 CE) que alteren el marco en el que se sitúan muchas leyes orgánicas (por ejemplo, el Título I o la organización territorial). En estos casos, el Consejo de Ministros:

• Aprueba el proyecto de reforma en Consejo y lo remite a las Cortes.
• Asume la dirección política y técnica de la negociación de mayorías reforzadas y, en su caso, de referéndum, en un proceso distinto pero íntimamente conectado con la legislación orgánica.

4. Límites materiales y formales y su impacto

La reserva de ley orgánica y las exigencias reforzadas condicionan de forma directa la actuación del Consejo de Ministros:

• Límites materiales: el Gobierno debe identificar correctamente cuándo una materia exige ley orgánica y evitar regularla por ley ordinaria, reglamento o decreto‑ley. También debe respetar el reparto competencial Estado‑CCAA y el bloque de constitucionalidad.
• Límites formales: la exigencia de mayoría absoluta en la votación final del Congreso obliga a diseñar textos políticamente viables y a anticipar pactos; al mismo tiempo, la documentación e informes deben ser especialmente sólidos para resistir un eventual recurso de inconstitucionalidad.
• Precaución jurídica: por todo ello, el Consejo de Ministros suele apoyarse en informes jurídicos y órganos consultivos antes de aprobar el proyecto, y ajusta la estrategia parlamentaria conforme avanzan las negociaciones.

En suma, el Consejo de Ministros concentra la iniciativa, la coordinación técnica y la conducción política de las leyes orgánicas, pero su margen está estrictamente encuadrado por la reserva de ley orgánica, la prohibición de recurrir al decreto‑ley en estas materias y las mayorías reforzadas exigidas en las Cortes Generales.

Para que una ley orgánica sea aprobada en el Congreso de los Diputados deben cumplirse dos tipos de requisitos: por un lado, ser calificada formalmente como ley orgánica conforme al artículo 81 de la Constitución y al Reglamento del Congreso; por otro, superar el procedimiento legislativo común con una votación final en el Pleno que obtenga mayoría absoluta de la Cámara. Además, si el Senado veta o enmienda el texto, el Congreso debe volver a pronunciarse también por mayoría absoluta para ratificarlo o asumir las enmiendas. Aunque la tramitación es en esencia la misma que la de una ley ordinaria, las leyes orgánicas están sometidas a estas mayorías reforzadas y a un control más estricto de su calificación.

1. Marco constitucional: qué es una ley orgánica

El fundamento está en el artículo 81 de la Constitución Española (CE), al que remite el Reglamento del Congreso. Dicho precepto establece que son leyes orgánicas, entre otras, las que desarrollan los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueban Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general. También fija que su aprobación, modificación o derogación requiere una mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto. El Reglamento del Congreso aplica este mandato constitucional y desarrolla cómo se tramitan internamente estas leyes.

2. Calificación como proyecto o proposición de ley orgánica

El primer requisito es la calificación formal del texto como ley orgánica:

Según el artículo 130 del Reglamento del Congreso, la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, decide si un proyecto o proposición debe tramitarse como orgánico conforme a lo previsto en el artículo 81 CE. El criterio para esa calificación puede venir:

• Del propio Gobierno, si se trata de un proyecto de ley.
• Del grupo o grupos proponentes, si es una proposición de ley.
• De la Ponencia, durante el trámite de informe, si detecta que el contenido exige rango orgánico.

Si inicialmente no se hubiese planteado la cuestión, la Comisión puede pedir a la Mesa que estudie la calificación como orgánica (art. 130.2). Sólo una vez hecha esta calificación, el texto queda sometido a las reglas especiales de las leyes orgánicas.

3. Procedimiento legislativo común en el Congreso

En lo demás, las leyes orgánicas se tramitan por el procedimiento legislativo común (art. 131.1 del Reglamento), con estas fases principales:

• Iniciativa legislativa (art. 108): puede venir del Gobierno, del Senado, de las Asambleas de las Comunidades Autónomas o de otros sujetos previstos constitucionalmente.
• Publicación y enmiendas (arts. 109-110): el proyecto se publica y se abre un plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas de totalidad (a la totalidad del texto) o al articulado.
• Debate de totalidad en Pleno (art. 112): si hay enmiendas de totalidad, el Pleno celebra un debate general sobre el texto.
• Ponencia y Comisión (arts. 113-116): se designa una Ponencia que elabora un informe; la Comisión discute artículo por artículo, vota enmiendas y aprueba un dictamen que se remite al Pleno.
• Debate y votación en Pleno (art. 116): el Pleno debate el dictamen de la Comisión, puede votar enmiendas mantenidas y, al final, somete el conjunto del texto a votación.

4. Mayoría exigida en el Congreso: mayoría absoluta

La especialidad clave está en la votación final. El artículo 131.2 del Reglamento establece que las leyes orgánicas requieren el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. Esto significa:

• La votación ha de ser sobre el texto completo, una vez integradas las enmiendas aceptadas.
• La mayoría absoluta se calcula sobre el número total de diputados que componen la Cámara, no sólo los presentes. En una Cámara de 350 escaños, se necesitan al menos 176 votos afirmativos.

Si en esta votación el resultado es negativo (no se alcanza la mayoría absoluta), el Reglamento prevé que el proyecto vuelva a la Comisión para un nuevo dictamen en el plazo de un mes, y que se celebre un nuevo debate con el formato de debate de totalidad (art. 131.2-3).

5. Intervención del Senado y nueva decisión del Congreso

Una vez aprobada la ley orgánica por el Congreso con mayoría absoluta, el texto se remite al Senado (arts. 120 y 131.2). El artículo 132 del Reglamento establece particularidades cuando el Senado interviene:

• Si el Senado formula un veto: para levantar ese veto y ratificar el texto inicialmente aprobado, el Congreso debe votar de nuevo y alcanzar otra vez la mayoría absoluta (art. 132.1).
• Si el Senado introduce enmiendas: el Congreso decide si incorpora esas enmiendas. Si las acepta, el texto resultante se somete a una nueva votación de conjunto, en la que también se exige mayoría absoluta. Si no se consigue, se entiende ratificado el texto inicial del Congreso y rechazadas las enmiendas del Senado (art. 132.2).

Por tanto, las mayorías reforzadas se aplican no sólo a la aprobación inicial, sino también a la fase de revisión tras la actuación del Senado.

6. Diferencias esenciales con la ley ordinaria

En síntesis, frente a una ley ordinaria, la ley orgánica presenta tres rasgos distintivos:

• Ámbito material restringido, fijado por el artículo 81 CE (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral, etc.).
• Calificación formal como orgánica por la Mesa, oída la Junta de Portavoces (art. 130 del Reglamento).
• Mayoría absoluta del Congreso en la votación final de conjunto y en la superación de vetos o aceptación de enmiendas del Senado (arts. 131 y 132). Las leyes ordinarias, en cambio, se aprueban normalmente por mayoría simple de los presentes, salvo supuestos especiales.

Solo cuando se han cumplido todos estos requisitos —calificación, tramitación completa y mayorías reforzadas en Congreso (y, en su caso, frente al Senado)— la ley orgánica queda definitivamente aprobada y puede ser sancionada y promulgada.