La Audiencia Nacional ha abierto una nueva línea de investigación sobre la crisis migratoria de Ceuta al ordenar a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que informe expresamente sobre si alguna de sus unidades recibió alertas o informaciones previas a la entrada masiva de ciudadanos procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. La providencia, a la que ha tenido acceso DEMÓCRATA, supone un nuevo impulso a las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por Iustitia Europa y sitúa el foco en uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de la crisis.
La resolución, firmada el 4 de agosto por la magistrada María Tardón, titular de la Sección de Instrucción, Plaza nº 3, del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, acuerda practicar nuevas diligencias dentro de las Diligencias Previas 64/2026, abiertas para investigar un posible delito contra la paz e independencia del Estado.
Entre ellas, ordena librar oficio a la Jefatura de Información de la Guardia Civil para que remita un informe detallado sobre el operativo desplegado durante la entrada irregular masiva desde territorio marroquí.
La duda de las alertas previas
Sin embargo, el aspecto de mayor trascendencia política y judicial de la providencia es que la Audiencia Nacional no da por cerrada la cuestión de las posibles alertas previas. La magistrada solicita expresamente que se informe de si alguna unidad de la Guardia Civil en Ceuta recibió, en los días anteriores a los hechos, comunicaciones o avisos que permitieran prever lo sucedido. Se trata de una línea de investigación especialmente relevante, ya que el Gobierno ha venido sosteniendo públicamente que no existían alertas que anticiparan la crisis.
La providencia no concluye que esas alertas existieran, pero sí evidencia que el órgano judicial considera necesario comprobarlo antes de descartar esa posibilidad. Con este requerimiento, la Audiencia Nacional busca determinar qué información manejaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado antes de la entrada masiva, cuál fue la respuesta operativa desplegada y si la actuación desarrollada se correspondía con la información disponible en esos momentos.
Además de las posibles alertas, la juez reclama información sobre el dispositivo desplegado por la Guardia Civil para hacer frente a la crisis, las operaciones de rescate realizadas en aguas territoriales españolas y las circunstancias conocidas sobre las personas localizadas durante aquellos días. También requiere datos sobre las víctimas mortales, incluyendo, en su caso, la causa y la fecha de los fallecimientos, así como la identificación de los supervivientes respecto de los que se hubiera recabado información.
¿Hubo actuación concertada con Marruecos?
Estas diligencias responden a varias de las cuestiones planteadas por Iustitia Europa en la denuncia que dio origen al procedimiento. La formación política, que actúa como denunciante en la causa bajo la dirección jurídica del abogado Luis María Pardo, sostiene que es necesario esclarecer qué información conocían las autoridades antes de la entrada masiva, qué medidas se adoptaron para responder a la situación y si los hechos pudieron obedecer a una actuación concertada desde territorio marroquí.
Tras conocerse la resolución, Pardo aseguró que la investigación "continúa avanzando en la dirección que señalamos desde el primer momento" y destacó que ahora será la propia Guardia Civil la que deba informar oficialmente sobre el dispositivo desplegado, las víctimas y, especialmente, sobre las posibles alertas recibidas antes de los acontecimientos.
Bruselas reúne a la Comisión de Libertades y Justicia
La ampliación de las diligencias coincide, además, con un momento de creciente atención internacional sobre la crisis de Ceuta. Este jueves, la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo debatirá la situación registrada en la ciudad autónoma tras la propuesta impulsada por el Partido Popular Europeo, incorporando el episodio a la agenda comunitaria por sus implicaciones en materia de control de fronteras, inmigración y seguridad.
Desde Iustitia Europa consideran que esta evolución judicial refuerza la necesidad de esclarecer completamente lo sucedido antes de que puedan extraerse conclusiones políticas. La organización sostiene que, mientras la Audiencia Nacional continúa investigando si existió una actuación concertada y si hubo información previa suficiente para anticipar la crisis, algunos Estados miembros de la Unión Europea han optado por adoptar medidas que, a su juicio, trasladan las consecuencias del episodio al Estado que sufrió la presión migratoria.
Con la providencia conocida por DEMÓCRATA, la investigación entra ahora en una fase especialmente sensible. La información que remita la Guardia Civil permitirá a la Audiencia Nacional determinar si existían elementos de inteligencia o avisos previos sobre la entrada masiva desde Marruecos, cómo se organizó el operativo de respuesta y si existen nuevos hechos que justifiquen la continuación de una investigación que ya ha situado la crisis de Ceuta en el centro del debate judicial y político.
Nuevas denuncias
Esta tarde, y según fuentes jurídicas consultadas por este medio, la investigación abierta por los hechos de Ceuta sigue avanzando dentro de las Diligencias Previas 64/2026, incoadas por un posible delito contra la paz e independencia del Estado tras la denuncia interpuesta por Iustitia Europa y Luis María Pardo.
La magistrada ha acordado acumular a este procedimiento la querella de HazteOír y la denuncia presentada por Vox, mientras se esperan los informes ya solicitados a la UCRIF Central y a la Jefatura de Información de la Guardia Civil. La resolución confirma que el procedimiento iniciado tras la actuación de Iustitia Europa se ha convertido en la causa de referencia sobre lo ocurrido en Ceuta. La Audiencia Nacional, además, rechaza de plano las medidas “urgentes y perentorias” solicitadas por Vox por considerarlas ajenas al objeto del proceso penal y fuera de la competencia del órgano instructor.