La familia de una residente de edad avanzada del centro Bouco Carabanchel, en Madrid, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el director del geriátrico, José Manuel Mestre, al que atribuyen “un presunto delito de coacciones” al considerar que vulneró su “libertad de expresión” después de que advirtiera a otros usuarios sobre la “precariedad” del servicio.
Según se detalla en el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, los familiares califican de “hechos intimidatorios” la “expulsión” de la usuaria, que interpretan como “medida de presión a los familiares para coartarles” y forzarles a “cesar, en contra de su voluntad, su libertad de expresión”.
Los hechos se remontan al 24 de marzo, cuando el hijo de la mujer repartió una nota “informativa” entre otros allegados de residentes explicando cómo tramitar quejas por la “precariedad del servicio”. De acuerdo con el relato de un familiar a Europa Press, durante su estancia la mayor habría sufrido “traumatismos craneoencefálicos, fracturas en el mismo brazo y hematomas”.
Al día siguiente, la usuaria, descrita como “vulnerable y dependiente”, recibió una comunicación en la que se le informaba de su expulsión en un plazo de 15 días. Su hijo interpreta esta decisión como un “acto de represalia” por ejercer su “derecho de libertad de expresión”, motivo por el que, junto con la Plataforma Pladefma para la Defensa de los Mayores, ha decidido denunciar al responsable del centro por “un presunto delito de coacciones e ilegalidad”.
En la denuncia, la familia subraya que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad establece que “solo se puede expulsar al usuario de un centro cuando cometa una infracción muy grave”, unas circunstancias que, a su juicio, “no se han producido”.
Actuación de la Comunidad de Madrid
En abril, la Comunidad de Madrid acordó abrir una investigación sobre la residencia Bouco Carabanchel a raíz del “apercibimiento” a la usuaria. La Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud comunicó que llevaría a cabo las inspecciones “necesarias” para “tomar decisiones” y recalcó que no se había ejecutado ninguna expulsión.
Pese a ello, los familiares de la residente han criticado que la respuesta del Gobierno regional se redujera a “una solicitud de sugerencia”. Por este motivo, este jueves presentarán un nuevo escrito ante la Inspección para solicitar la apertura de un procedimiento sancionador por la “actuación ilegal del director”. En ese mismo documento pedirán también la “separación cautelar” del cargo que ocupa para “evitar graves perjuicios a terceros”.
Fuentes de la Consejería que dirige Ana Dávila han señalado a Europa Press que la residencia situada en el distrito de Carabanchel ha mantenido a la persona mayor en su plaza, por lo que “no se ha apreciado conducta infractora”.