QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La magistrada de Catarroja, Valencia, encargada de investigar la gestión de la dana, ha requerido a la Conselleria de Emergencias que mantenga sin alteraciones las comunicaciones registradas en el sistema Coordcom, la plataforma interna de comunicación del 112, desde que se emitió la alerta hidrológica el 24 de octubre de 2024 hasta el 29 de octubre a las 24.00 horas, cuando ocurrió la dana que resultó en 228 fallecidos y cuantiosos daños en la provincia.
Este requerimiento incluye la conservación de comunicaciones escritas, junto con registros de audio y vídeo, emitidos o recibidos a través de diversos medios como el Centro de Emergencias (Cecopi), el puesto de mando avanzado y vehículos ligeros, como se especifica en la resolución judicial, que es apelable.
Parcialmente, la jueza ha acogido la solicitud de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que exigía el pliego de condiciones de contratos relacionados con CoordCom y una copia completa de las comunicaciones desde el mismo periodo, aunque hasta el 30 de octubre. La jueza ha limitado esta conservación de información hasta el final del día 29, considerando adecuada la fecha de inicio por coincidir con el comienzo del incidente.
«A ello ha de sumarse el tipo de delito objeto de investigación, homicidio y lesiones imprudentes, especialmente en lo concerniente a archivos de audio y vídeos, respecto de los cuales no consta un específico consentimiento de los implicados», indica la jueza.
LLAMADAS AL 112 SOBRE BARRANCOS
Por otro lado, a solicitud de Ciudadanos, la jueza ha pedido al supervisor de la Sala 112 de la Generalitat que, en un plazo de 10 días, envíe las llamadas recibidas el día 29 sobre desbordamientos de barrancos, especificando hora, contenido y las agencias informadas.
Además, se ha solicitado verificar si existe un cuestionario específico para avisos de desbordamientos, y en caso afirmativo, remitir su contenido.
ARGÜESO
En otra decisión, la magistrada ha desestimado un recurso presentado por la defensa de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, quien pedía un examen forense al jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, testigo en el caso. La jueza ha calificado la petición de «despropósito absoluto» y ha enfatizado que no procede atribuir patologías mentales basadas en discrepancias con el Estado, comparándolo con prácticas de regímenes totalitarios.
«Ante la imposibilidad de quien afirma que se ha faltado a la verdad, de rebatir mediante datos, hechos, conocimientos científicos la declaración del testigo, se pretende sembrar la duda sobre su estado mental», concluye, destacando la precisión de las previsiones de la AEMET y la responsabilidad de los gestores de la emergencia en no considerarlas adecuadamente.
