La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos (Málaga) número 4 ha decidido activar las gestiones necesarias para localizar y arrestar al presunto organizador de una fiesta anunciada para enero de 2025 en dicha localidad, en la que se prohibía la entrada a personas homosexuales, al constatar que es preciso practicar diversas diligencias personales y que este "se encuentra en ignorado paradero".
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que, en virtud de una resolución de dicho juzgado, se ha ordenado a la Policía Nacional la detención del procesado y se le ha llamado por requisitorias para que comparezca ante el tribunal, a fin de llevar a cabo actuaciones de notificación y requerimiento en el marco de esta causa.
La Fiscalía de Málaga ya presentó escrito de acusación contra este hombre al entender que los hechos constituyen un delito de odio, después de que se difundiera el "reglamento" de la fiesta con el mensaje "no peleas, drogas, chanclas, maricones". Estos "mensajes homófobos", con los que, según el fiscal, atentó contra la dignidad de las personas por motivos discriminatorios relacionados con la orientación sexual, han llevado al ministerio público a pedir inicialmente dos años de prisión.
De acuerdo con las mismas fuentes, los acusados tienen la obligación de estar a disposición de los órganos judiciales que instruyen las causas, deber que "no ha cumplido en este caso". Por ello se han puesto en marcha los mecanismos para su búsqueda y detención y se ha acordado la expedición de requisitorias dirigidas a Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, antes de proceder a su eventual declaración de rebeldía.
La Fiscalía de Delitos de Odio y Contra la Discriminación de Málaga también le imputa otro delito de injurias a la autoridad en el ejercicio de sus funciones por los comentarios dirigidos contra la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que fue quien interpuso la denuncia.
En sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal detalla que a través de redes sociales se promocionó dicha fiesta mediante un anuncio en el que, como "reglamento", se incluía: "no peleas, drogas, chanclas, maricones", junto a un número de teléfono que, según las pesquisas, corresponde al acusado. Ese anuncio fue eliminado de la cuenta, que sigue activa y cuenta con 267 seguidores.
Para el ministerio público, las expresiones utilizadas por el acusado en la convocatoria del evento, "rechazando la admisión generalizada de personas homosexuales" y equiparando la homosexualidad con peleas o consumo de drogas, implicaron "una grave humillación que menoscabó la dignidad" de las personas del colectivo LGTBI, lo que propició la personación en el procedimiento de varias asociaciones.
El fiscal sostiene que el promotor, de nacionalidad marroquí, "era consciente" de que su mensaje se difundía a través de redes sociales y que, por tanto, "carecía desde ese momento de control sobre su difusión", lo que permitía "multiplicar su impacto" mediante sucesivas comparticiones y "incrementaba exponencialmente la humillación del colectivo de víctimas de sus ataques, como sucedió".
El escrito provisional añade que la alcaldesa, ante "la naturaleza claramente discriminatoria" del supuesto reglamento de la fiesta, publicó en sus propias redes sociales un mensaje de condena, rechazando cualquier conducta homófoba y manifestando su propósito de impedir que se celebrara ese evento o cualquier otro similar.
Según la acusación, el investigado respondió con un mensaje privado en el que insultaba a la regidora y anunciaba que trasladaría la fiesta a Málaga. Finalmente, el evento no llegó a celebrarse debido a la "firme oposición del Ayuntamiento de Torremolinos y la amplia reacción de repulsa en la opinión pública".
Para la Fiscalía, los hechos encajan en un delito de odio en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios por orientación sexual, otro delito de injurias a la autoridad en el ejercicio de sus funciones y un tercer delito de denegación de prestación en grado de tentativa.
Por estos delitos, el ministerio público reclama para el acusado, que se encuentra en situación administrativa irregular en España, una pena de dos años de prisión, la inhabilitación para promover espectáculos durante el mismo periodo, una multa de 19 meses con una cuota diaria de diez euros, así como la inhabilitación especial para actividades de industria o comercio y para cualquier profesión u oficio de carácter educativo por un total de cinco años y nueve meses.