QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha optado por no cerrar la petición presentada por el Consejo General de la Abogacía, tras la intervención de su presidente, Salvador González, quien ha pedido a la Eurocámara que solicite al Gobierno español la creación de ‘una pasarela al RETA voluntaria y sin limitaciones, que permita a los mutualistas transferir derechos sin pérdidas y con garantías’.
En consecuencia, la Comisión de Peticiones prosigue con el examen de esta cuestión y ha requerido un análisis por escrito de la Comisión Europea.
Durante su discurso, González describió a los europarlamentarios la difícil situación de los mutualistas en España, resaltando que ‘decenas de miles de profesionales de la abogacía que han cotizado durante 30 o 40 años y que hoy, al llegar a la jubilación, reciben unos 400 euros mensuales’.
‘No es una pensión digna y tampoco es compatible con la posibilidad de jubilarse, ni con la igualdad entre pensionistas, ni con la adecuada sostenibilidad de los servicios de asistencia jurídica y de acceso a la justicia’, comunicó González, enfatizando que ‘han cumplido como abogados y como contribuyentes’ y que ahora ‘son los Estados quienes deben cumplir’ y Europa y sus instituciones, ‘velar por ello’.
González afirmó que la situación representa ‘una vulneración del Derecho de la Unión Europea’ y que el problema ‘interpela directamente a los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la UE, en particular la dignidad, la libertad, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales’.
Adicionalmente, señaló que el dilema de los sistemas mutualistas no se limita a España, sino que afecta también a otros países como Portugal, donde ‘tienen modelos que están generando efectos similares’. Este problema también repercute en abogados de otros países que trabajan en España bajo la normativa sectorial.
El presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzonca, expresó sus mejores deseos para los afectados y manifestó que es un grupo para el cual espera que ‘un gobierno justo le reconozca el trabajo realizado y una jubilación adecuada’.
