Pedraz investiga un posible pago de 50.000 euros a la empresaria que declaró haber llevado 90.000 a Ferraz para que cambiara su versión

Pedraz ve indicios de una trama para comprar testigos, influir en fiscales y canalizar pagos opacos vinculados al PSOE y al Gobierno de Sánchez.

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La empresaria Carmen Pano(d), y su hija, Leonor González Pano(i), a su llegada a la Audiencia Nacional de Génova, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España) Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La empresaria Carmen Pano(d), y su hija, Leonor González Pano(i), a su llegada a la Audiencia Nacional de Génova, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España) Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz sostiene que existen indicios de que la letrada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria imputada en el 'caso hidrocarburos', Carmen Pano, quien aseguró ante el juez haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE, “con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical”.

Así se recoge en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Pedraz describe el funcionamiento de una supuesta red dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para “desestabilizar” causas judiciales que pudieran salpicar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Pano reiteró en diversas instancias judiciales que en octubre de 2020 llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz por orden del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y que lo hizo en dos entregas de 45.000 euros transportadas en bolsas.

El juez sospecha que la presunta organización, que habría ofrecido “remuneraciones” a fiscales, guardias civiles y fiscales a cambio de “información” destinada a entorpecer procedimientos que pudieran comprometer al Ejecutivo, “también centró sus actuaciones” en Pano, “a la que habrían llegado a ofrecer una cuantía de 50.000 euros” para que variara su testimonio, que inicialmente solo había trascendido a los medios de comunicación.

“Pano se encontraba citada para volver a declarar, en este caso en sede judicial. Unos días antes de su declaración, (el abogado) Ismael Oliver --imputado en esta causa-- se puso en contacto con Leire (Díez), haciéndole ver que la declaración era importante y que era necesario negociar con ella”, según Pedraz.

Oliver le habría trasladado a Díez: “Es importante y si queréis lo negocio yo”, a lo que la exmilitante socialista, conforme al auto, habría replicado: “Negócialo. Si puedes, hazlo”.

El instructor explica que, una vez obtenido el visto bueno, Oliver y Díez hablaron abiertamente de “comprar” a Pano. “Esta se vende. Debemos saber comprar”, se recoge en aquella conversación, de acuerdo con la resolución judicial.

“Del conjunto de elementos obrantes en la causa, de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz Calvo”, concluye Pedraz en el auto.

Un plan para influir en el fiscal Grinda

Otra de las líneas de actuación que el juez atribuye a la trama tuvo como “objetivo” al fiscal José Grinda, a quien, según Pedraz, el grupo consideró “un medio para obtener información que afectase” al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

“La organización investigada le hizo llegar a este fiscal un ofrecimiento para que llevara a cabo determinadas cuestiones, entre ellas el archivo de diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Luzón”, indica el magistrado.

Todo ello, apunta, “a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o, incluso, un ofrecimiento con trascendencia económica, existiendo anotaciones que aluden a la cifra de 300.000 euros”.

Pedraz explica que esta conclusión se apoya en una nota manuscrita localizada en una de las agendas intervenidas a Díez, en la que se leía: “300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”(sic).

Para trasladar ese ofrecimiento, el juez señala que “la organización contó con una persona ajena a la misma”, el periodista Pere Rusiñol --imputado en la otra causa que instruye el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid--, “que se habría reunido con el fiscal Grinda y trasladado el ofrecimiento” en febrero de 2025.

Tras ese encuentro, Rusiñol envió a Díez un mensaje en clave en el que le informaba del resultado: “No había agua, al menos de momento”, recoge el auto.

Dos vías de pagos a Leire Díez

Pedraz detalla además dos mecanismos de pago a Leire Díez por sus supuestas gestiones para torpedear investigaciones que afectaban al Gobierno y al PSOE. En una primera fase, la exmilitante habría percibido “cuatro pagos de 4.000 euros” impulsados por Santos Cerdán a través de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, propiedad del exdirigente socialista Gaspar Zarrías.

El juez reproduce una conversación entre Díez y Fernández en la que la exmilitante comenta: “Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente, no?”. Y añade: “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”.

Según el auto, esos pagos desde la consultora de Zarrías se interrumpieron. A partir de entonces, Cerdán y Díez “articularon un segundo procedimiento utilizando la intermediación de dos sociedades administradas” por el abogado Ismael Oliver.

“Para ello, falseando una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes” en calidad de gerente del PSOE, “este partido abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225 euros”, y el letrado “abonó esta misma cantidad” a Díez desde una segunda mercantil, Oliver Gruppe SL.

De acuerdo con el magistrado, Oliver le comenta a la exmilitante socialista: “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga (el pago) con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen, te parece?”.

Pagos a la periodista Patricia López

El instructor aprecia también indicios de que la presunta red hizo llegar “una cuantía cercana a los 20.000 euros” a la periodista Patricia López, fallecida en diciembre de 2025, quien “se puso a disposición” de las supuestas actividades delictivas coordinadas por Cerdán y Díez.

El auto detalla que esta operación, realizada en mayo de 2024, se habría canalizado mediante un pago del PSOE por una campaña publicitaria a la sociedad Grupo Crónica Libre, vinculada a una web impulsada por Díez y López.

Según Pedraz, el responsable de articular ese abono habría sido el exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín, quien se habría puesto en contacto con López para comunicarle: “Buenas Patricia. Soy Ion Antolín. La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20k”.

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