¿Quién fue Bettino Craxi? El ex primer ministro italiano al que alude el juez Peinado en el caso de Begoña Gómez

La causa penal contra Begoña Gómez se encuentra actualmente en la fase posterior a la apertura de juicio oral, tras concluir la instrucción. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviarla a juicio por cuatro presuntos delitos y ha acordado medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. El procedimiento se ha encauzado como juicio con tribunal del jurado, aunque este punto sigue bajo revisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Los próximos pasos legales pasan por los escritos de acusación y defensa, la eventual decisión de la Audiencia sobre los recursos y, en su caso, la celebración del juicio oral.

Estado procesal actual del caso Begoña Gómez

Según la información recogida por el periódico Demócrata, el juez del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, descartando el de intrusismo profesional. Este procesamiento y el paso a juicio se describen en la pieza de Demócrata sobre el auto del instructor, donde se explica que el magistrado da cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral y formulen conclusiones provisionales (artículo sobre el procesamiento).

Posteriormente, otro auto de Peinado acuerda formalmente abrir juicio oral y describe el tránsito del caso hacia la Audiencia Provincial, así como el traslado al Ministerio Fiscal para que presente su escrito de conclusiones en el plazo de diez días, paso que se recoge en este auto de apertura de juicio oral. Demócrata subraya que contra ese auto no cabe recurso ordinario, sin perjuicio de lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

En paralelo, la cobertura del caso por Demócrata recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid había llegado a rechazar inicialmente el cambio de procedimiento a jurado popular por considerarlo prematuro (resolución de febrero de 2026), pero el juez insistió después en mantener la vía del jurado (mantenimiento del jurado popular).

Medidas cautelares y audiencias recientes

Tras el auto de apertura de juicio oral, Peinado ha acordado medidas cautelares significativas. Demócrata detalla que el juez ha ordenado la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, la prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, al considerar que existe riesgo de eludir la acción de la justicia (citación para entregar el pasaporte y anuncio de recurso contra la retirada).

Antes de ese auto, el 15 de junio se celebró una audiencia preliminar en los juzgados de Plaza de Castilla, paso final de la instrucción en el modelo de jurado popular, en la que el juez debía decidir sobre la apertura de juicio con jurado y sobre posibles medidas cautelares (crónica de la audiencia preliminar y convocatoria judicial).

La decisión de imponer estas medidas ha generado una fuerte reacción política. La ministra y dirigente socialista Diana Morant calificó las cautelares de “absolutamente desproporcionadas” y sostuvo que el auto evidencia, a su juicio, el carácter político de la causa (declaraciones de Diana Morant).

Recursos y control de la Audiencia Provincial

La causa no está cerrada en términos procesales porque sigue sujeta al control de la Audiencia Provincial de Madrid. Demócrata ha informado de varios hitos clave:

• La Audiencia ha respaldado en el pasado al juez en la decisión de seguir investigando por malversación (auto de diciembre de 2025).
• También frenó en febrero de 2026 el envío prematuro a jurado popular, exigiendo una motivación más sólida antes del cambio de procedimiento (resolución sobre el jurado popular).

Otras fuentes de prensa señalan que las defensas de Gómez y de otros investigados han interpuesto recursos de apelación y queja frente al auto de procesamiento y frente a la tramitación por jurado; estos recursos deben ser resueltos por la Audiencia Provincial, que podría confirmar la apertura de juicio o limitar el alcance de la causa (información sobre los recursos y síntesis general en entrada enciclopédica).

Próximos pasos procesales según la legislación española

A partir del auto de apertura de juicio oral, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado prevén, de forma simplificada, estos pasos:

• Presentación de escritos de acusación por parte del Ministerio Fiscal y acusaciones personadas, con la calificación jurídica definitiva de los hechos y la petición de pena.
• Presentación del escrito de defensa de Begoña Gómez y del resto de acusados, solicitando absolución o una calificación alternativa.
• Remisión del procedimiento al órgano de enjuiciamiento (en principio, un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid) para la preparación y señalamiento del juicio oral.
• En paralelo, resolución por la Audiencia de los recursos pendientes que pueden incidir en la validez del procesamiento o en el uso del jurado popular.

Hasta que no se dicte sentencia firme, rige plenamente la presunción de inocencia, como recuerdan tanto los análisis periodísticos (por ejemplo, en este análisis de Demócrata) como diversas formaciones políticas.

Otras coberturas y contexto político-mediático

La causa ha generado una intensa cobertura en medios nacionales e internacionales, incluidos Infobae, laSexta, Newtral, The Objective, así como contenidos audiovisuales en plataformas de vídeo, YouTube (1), YouTube (2) y redes sociales (publicación en Facebook). No se dispone de más información en las fuentes consultadas que modifique el cuadro procesal descrito.

El presidente del Consejo de Ministros de Italia (equivalente al jefe de Gobierno) es, según la Constitución italiana, el órgano que dirige la política general del Gobierno y coordina la actividad de los ministros, bajo la responsabilidad política ante el Parlamento. Sus competencias se reparten entre funciones de dirección política, de organización interna del Ejecutivo y de responsabilidad institucional frente al jefe del Estado y las Cámaras. No es un “canciller fuerte” al estilo alemán, pero sí el centro de impulso y coordinación del Gobierno dentro de un sistema parlamentario. Las bases de su estatuto se encuentran sobre todo en los artículos 92 a 96 de la Constitución italiana, especialmente en el artículo 95.

Nombramiento y posición institucional

El presidente del Consejo de Ministros es nombrado por el presidente de la República. Conforme al artículo 92 de la Constitución italiana, el jefe del Estado:

• Nombra al presidente del Consejo de Ministros.
• Nombra, a propuesta de este, a los ministros.

Tras el nombramiento, el presidente del Consejo y los ministros deben prestar juramento y, sobre todo, necesitan obtener la confianza de las dos Cámaras (Cámara de Diputados y Senado), lo que configura el carácter parlamentario del sistema. El presidente del Consejo se sitúa así como figura central del Ejecutivo, pero políticamente dependiente de la mayoría parlamentaria.

Dirección de la política general del Gobierno

El artículo 95 de la Constitución establece que el presidente del Consejo:

• Dirige la política general del Gobierno.
• Mantiene la unidad de dirección política y administrativa.
• Promueve y coordina la actividad de los ministros.

Esto significa que define las grandes líneas de la acción gubernamental, fija prioridades y orientaciones, y garantiza que las distintas carteras actúen de manera coherente con el programa de Gobierno. No actúa en solitario —Italia es un Gobierno colegiado—, pero tiene la función de impulso, síntesis y arbitraje entre ministros.

Coordinación interna y organización del Ejecutivo

En el plano interno, el presidente del Consejo de Ministros ejerce varias funciones clave:

• Convoca y preside el Consejo de Ministros, fijando el orden del día de las reuniones y gestionando los debates entre ministros.
• Coordina la actividad de los distintos ministerios, evitando solapamientos y resolviendo conflictos de competencias entre ellos.
• Vela por el funcionamiento regular de la Administración del Estado, garantizando que la acción administrativa responda a la orientación política aprobada.

Aunque cada ministro es responsable de su departamento, el presidente del Consejo ejerce una función de supervisión política, pudiendo pedir aclaraciones, reorientar iniciativas o plantear reorganizaciones al presidente de la República (por ejemplo, en crisis parciales de Gobierno).

Relaciones con el Parlamento

El presidente del Consejo es el principal responsable de la relación política entre el Gobierno y el Parlamento. En particular:

• Presenta el programa de Gobierno ante las Cámaras y solicita el voto de confianza al inicio de la legislatura o del Gobierno.
• Responde políticamente ante las Cámaras, que pueden plantear mociones de confianza o desconfianza dirigidas a él o al conjunto del Gobierno.
• Interviene en los debates parlamentarios para defender las posiciones del Ejecutivo, explicar iniciativas legislativas y rendir cuentas.

Si el Parlamento niega la confianza, el presidente del Consejo debe presentar la dimisión de su Gobierno al presidente de la República, lo que puede conducir a un nuevo encargo o a la disolución de las Cámaras.

Poder normativo y función legislativa

Italia reconoce al Gobierno un papel relevante en la producción normativa, que el presidente del Consejo orienta y coordina:

• Impulsa proyectos de ley del Gobierno, que son deliberados en el Consejo de Ministros y luego presentados a las Cámaras.
• Participa en la adopción de decretos‑ley y decretos legislativos, que deben ser deliberados colegiadamente por el Consejo de Ministros y firmados por el presidente de la República.
• Contrafirma los actos del presidente de la República relacionados con el Gobierno, asumiendo la responsabilidad política de los mismos, salvo los casos en que la Constitución disponga otra cosa.

De este modo, aunque la Constitución no le atribuye un “monopolio” de la iniciativa legislativa, en la práctica el presidente del Consejo es el principal motor de la producción normativa del Ejecutivo.

Responsabilidad y límites

El presidente del Consejo, al igual que los ministros, responde:

• Políticamente ante el Parlamento, que puede hacerle caer mediante la retirada de la confianza.
• Jurídicamente, según el artículo 96, por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, siguiendo procedimientos especiales que implican la intervención del Parlamento.

Sus poderes están limitados, además, por el carácter colegiado del Gobierno, por la necesidad de contrafirma y por la función de garantía del presidente de la República, que actúa como árbitro institucional en crisis de Gobierno o conflictos graves.

La retirada del pasaporte a una persona investigada en un procedimiento penal es una cuestión jurídica muy concreta, encuadrada en el ámbito del derecho procesal penal. Con la información disponible en las fuentes que tengo a mi alcance para esta respuesta, no aparece ningún desarrollo específico sobre los requisitos legales y materiales que debe cumplir un juez en España para acordar esta medida. Por ese motivo, no puedo detallar con precisión los preceptos aplicables, los estándares jurisprudenciales o las diferencias según el tipo de procedimiento (por ejemplo, euroorden o extradición) sin incurrir en información no verificada. A continuación te explico con claridad cuál es el alcance de la información que sí puedo ofrecerte y en qué tipo de cuestiones estoy especializado.

Ámbito de especialización de este asistente

Este asistente está específicamente diseñado para ofrecer información, análisis y contexto sobre:

• Actividad política y parlamentaria en España: funcionamiento de Congreso y Senado, tramitación de leyes, iniciativas legislativas, votos, mayorías requeridas y dinámica entre los distintos grupos parlamentarios.
• Actividad del poder ejecutivo: acuerdos del Consejo de Ministros, anteproyectos de ley, consultas públicas y audiencias, así como desarrollo de políticas públicas de ámbito estatal.
• Actualidad política y social: noticias políticas, debates públicos, reformas legislativas en curso y su impacto social, siempre con especial atención al contexto español.
• Marco constitucional y organización del Estado: distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, procedimientos de reforma constitucional, tipos de leyes y sus requisitos de aprobación.

En cambio, la pregunta que planteas se sitúa en un plano muy técnico de aplicación concreta del derecho procesal penal por los jueces y tribunales (requisitos para acordar una medida cautelar personal como la retirada del pasaporte, exigencias de motivación judicial, parámetros de proporcionalidad en un caso individual, etc.). Para responderla con el rigor que merece, sería necesario apoyarse en:

• El articulado específico de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo y, en su caso, del Tribunal Constitucional, sobre medidas cautelares restrictivas de derechos fundamentales vinculadas al riesgo de fuga.
• Doctrina especializada (manuales y comentarios de derecho procesal penal) que sistematizan esos requisitos.

Ese nivel de detalle normativo y jurisprudencial no está recogido en la información que tengo disponible para esta respuesta, por lo que no puedo reconstruirlo sin riesgo de introducir errores o vacíos relevantes.

Qué sí puedo aportarte de forma útil

Aunque no pueda entrar en el detalle técnico de los artículos aplicables o de la casuística judicial concreta, sí puedo indicarte el tipo de enfoque que normalmente se analiza en el plano político e institucional cuando se habla de medidas como la retirada de pasaporte:

• Se trata de una medida cautelar de carácter personal, adoptada en el marco de un procedimiento penal y ordenada por un órgano judicial, no por la administración de forma autónoma.
• Desde la óptica constitucional, se conecta con el derecho a la libertad de circulación y, en debates parlamentarios o políticos, suele discutirse en relación con la proporcionalidad de las restricciones que se imponen a investigados que aún no han sido condenados.
• En el debate político y legislativo más amplio, se suele contraponer la necesidad de asegurar la presencia del investigado en el proceso (evitar la fuga) con la presunción de inocencia y la minimización de injerencias en los derechos fundamentales antes de que haya sentencia firme.
• Cuando se reforman las leyes procesales o se plantean cambios en medidas cautelares, en las Cortes se discuten precisamente los límites, garantías y controles judiciales para evitar abusos o decisiones desproporcionadas.

Lo anterior se refiere al plano institucional y político general, no al detalle técnico de qué debe acreditar exactamente un juez en un caso concreto, cómo debe redactar la motivación de la resolución o qué recursos específicos caben frente a esa medida en el proceso penal concreto.

Qué puedo hacer si quieres seguir trabajando este tema

Dado que mi especialización se centra en política, instituciones y marco regulatorio general, y no en el asesoramiento jurídico procesal individualizado, no puedo sustituir la consulta a:

• Un abogado penalista, que pueda analizar un caso concreto y los autos judiciales implicados.
• Las fuentes normativas oficiales (Boletín Oficial del Estado) para localizar los artículos exactos que regulan la medida.
• Sentencias y autos disponibles en bases de datos jurisprudenciales para ver cómo se aplica en la práctica.

Si lo deseas, sí puedo ayudarte a encuadrar políticamente el asunto (por ejemplo, qué reformas procesales se han planteado sobre medidas cautelares, qué grupos parlamentarios han defendido endurecer o suavizar estos instrumentos, o cómo se relaciona con la cooperación judicial europea y la euroorden en el plano político e institucional).