QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez instructor Ismael Moreno un nuevo informe en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación pública durante la pandemia en los que se reflejan posibles influencias en el actual ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por parte del empresario Víctor de Aldama -considerado uno de los ejes comisionistas de la trama-, a través de Koldo García.
La investigación indaga en contactos producidos durante la etapa en la que Torres dirigía el Ejecutivo autonómico cuando se adjudicaron contratos de material sanitario y se gestionaron compras de emergencia y evidencia cómo la influencia de Koldo, impulsada por Víctor de Aldama y sus pagos mensuales, facilitaba que Torres interviniera directamente en la reclamación de los pagos de esos contratos.
Desde el ministerio de Política Territorial la lectura que se hace del nuevo informe de la UCO es que «con respecto a los contratos para la adquisición de mascarillas queda acreditado que se actuó correctamente, tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas».
En la investigación de estos contratos, el ministro Torres aparece citado en un informe previo de 233 páginas sin atribución de delito. Los nuevos documentos profundizan en la estructura relacional de la red investigada y en sus canales de influencia.
«Reclamó pagos pendientes» para Soluciones de Gestión
Lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado es que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó «pagos pendientes» cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. «Estoy encima de tu pago», le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía «influencia» para hacer esas peticiones.
Los investigadores plasman mensajes en los que «se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por (el presunto conseguidor de la trama) Víctor de Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes».
En uno los mensajes, Koldo le envía al empresario una imagen de una conversación que habría mantenido con Torres, donde «éste le avisa de que le va a llamar a Antonio Olivera, aclarando que ‘estoy encima de tu pago’ y añadiendo que ‘ya está validado el material’, pese a todos los problemas ya expuestos con las mascarillas».
Compras por más de 12 millones
La UCO detalla que la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.
Desde su entrada en el Gobierno central, Torres ha defendido públicamente la legalidad de todas las actuaciones bajo su responsabilidad y ha asegurado que “no habrá ningún audio ni documento” que refleje órdenes o decisiones fuera del marco administrativo. El ministro reiteró esta semana que está “absolutamente tranquilo” y que respeta el trabajo de los investigadores.
Por su parte, Aldama ya figura como investigado en el procedimiento y es señalado por la Guardia Civil como interlocutor clave en la obtención de adjudicaciones públicas y comisiones presuntamente irregulares. La UCO mantiene abiertas varias líneas de análisis, entre ellas operaciones vinculadas a suministros sanitarios, adjudicaciones de obra pública y movimientos societarios relacionados con hidrocarburos.
«Ni mujeres explotadas, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones»
Tras conocerse parcialmente el nuevo informe de la UCO, desde el ministerio de Torres indican que en 85 páginas no hay «ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones, ni encuentros con narcotraficantes» con los que se pueda relacionar al ministro, acusaciones que se le habían imputado. «Después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas. Ni lo va a haber«.
Al mismo tiempo, las mismas fuentes reclaman reparación para Torres, quien exige «disculpas públicas a quienes han dado pábulo y han sido altavoz de todas estas infamias». «¿Se puede permitir en un estado de derecho que se intente, sin la más mínima prueba y con absoluta vileza, destrozar la imagen de una persona y a su familia?», cuestionan desde su ministerio.
