Un inspector jefe de la Policía Nacional que participó en las pesquisas sobre el clan Kutayni ha manifestado este martes ante la Audiencia Nacional que este núcleo familiar actuaba como una organización con “actividad criminal” destinada a sufragar a distintas facciones de Al Qaeda en Siria.
El agente ha comparecido como testigo en el juicio contra diez presuntos integrantes del clan de los Kutayni, una familia española de origen sirio, acusados de enviar dinero y material a estructuras vinculadas con Al Qaeda y sus filiales en Siria entre 2013 y 2019.
Según ha detallado el inspector jefe, durante las diligencias la Policía identificó “claramente un orden jerárquico” en el seno del grupo, en el que sus miembros contaban con “unas atribuciones claras” y “una repartición de funciones, un tanto desorganizada dentro de la propia organización del grupo”, donde se apreciaban “claros indicios de actividad criminal”.
Ha añadido que la investigación se dirigió a aclarar si la actuación del clan estaba “enfocada a colaborar, financiar o a realizar un soporte logístico o del tipo que fuera” a una de las ramas de Al Qaeda en Siria.
Envíos de apoyo financiero
El investigador ha señalado que se detectó un volumen significativo de operaciones orientadas a “enviar apoyo” a la facción yihadista mediante distintos sistemas, entre ellos “correos humanos” o “remesadores”.
Igualmente, ha subrayado el empleo de la 'hawala', un mecanismo de transferencia de fondos entre dos territorios en el que no hay movimiento físico de efectivo entre países, basado en la confianza entre los gestores locales de la red, conocidos como 'hawaladores'.
Los agentes partían de la hipótesis de que el dinero se remitía a parientes del clan, originario de la provincia siria de Idlib, considerada desde mediados de 2017 bastión de la filial de Al Qaeda, integrantes del propio grupo terrorista.
El origen de la investigación
El inspector policial ha relatado que las indagaciones arrancaron tras el regreso a España de un miembro de la familia que había sido arrestado y condenado en Siria en 2008 por un atentado terrorista en Damasco en el que fallecieron 17 personas.
El propósito de la investigación de la Policía Nacional era “conocer las actividades” que este familiar iba a desarrollar a su vuelta a España y determinar si “venía con alguna misión” vinculada con Al Qaeda.
Un perito policial, que declaró después del inspector jefe, ha concretado que las diligencias se abrieron porque “los acusados seguían conservando una relación con su familia en Siria”, especialmente con quienes residían en Idlib, “donde dominaba la filial de Al Qaeda en Siria” y que, “de alguna manera, seguían ayudándoles, tanto a nivel personal como a nivel de milicia”.
Del mismo modo, ha indicado que los envíos de fondos se dirigían a un pariente del clan que era “líder de una facción miliciana de esa zona de Idlib”, así como a varios combatientes de la célula terrorista implicada en el atentado perpetrado en Damasco en 2008, por el que uno de los acusados fue encarcelado.
La Fiscalía sostiene que los hechos investigados encajan en un presunto delito de financiación del terrorismo y reclama para los procesados penas de entre cinco y seis años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los 37.200 euros.