La acusación popular ejercida por Vox en el juicio sobre la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, representada por la letrada Marta Castro, ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “el fantasma que está en la sala”, al considerar que “el fantasma de la ópera” no es su hermano, sentado en el banquillo como acusado.
“El fantasma que sobrevuela aquí es don Pedro Sánchez Pérez-Castejón”, ha insistido Castro, al referirse al origen del impulso y al centro de decisiones que, según la UCO, se localiza en la Diputación de Badajoz.
Tal y como explicó “tajantemente” en su declaración el teniente coronel Balas, “tenía su origen en la capacidad política y desde ahí fue descendiendo por todos los órganos necesarios para conseguir la finalidad perseguida: crear un puesto a medida del máximo beneficiario David Sánchez, adaptarlo a sus preferencias profesionales y personales, incluyendo incluso una nueva contratación mediante un procedimiento similar”, ha recordado Castro.
La abogada de Vox ha profundizado en que, para alcanzar ese objetivo, se puso en marcha un procedimiento de contratación “sin que hubiera justificación ni necesidad de ello y tampoco la urgencia necesaria, más que para acomodo del máximo beneficiario” de dicho puesto. Esta es una de las conclusiones recogidas en el escrito de acusación de Vox, donde también se subraya que existen “pruebas que son irrebatibles, porque no ha habido, principalmente, ninguna prueba de descargo que puedan desvirtuarla”, y que además “son contundentes”.
Procedimiento “viciado desde el principio”
En este sentido, Castro ha añadido que los procedimientos de contratación “dicen que son correctos” pero “obvian” que “son legales cuando cumplen el fondo y la forma”, algo que, a su juicio, “aquí ha fallado todo” y, en particular, el fondo, que “se encuentra viciado desde el principio, con lo que ya vicia el resto”, además de la forma.
De este modo se ha expresado durante su informe final en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación en 2017 del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, como responsable en la Diputación de Badajoz.
En su alegato, la representante legal de Vox ha sostenido que se trata de un asunto en el que “la secuencia acreditada de autos” arranca en “la decisión política anterior a cualquier estudio”, continúa con la construcción “a posteriori” de la justificación funcional, la tramitación “comprimida en un mes, en otros casos en 23 días” y las entrevistas que los correos internos calificaban de trámite “residual”, así como las posteriores transformaciones del puesto. Todo ello, ha afirmado, “constituyen una cadena de resoluciones que convirtieron el procedimiento administrativo en un mero instrumento de camuflaje” o “traje a medida”.
Al mismo tiempo, ha remarcado que en este proceso ha faltado uno de los elementos esenciales en la búsqueda de la verdad en el ámbito judicial: “la actuación de la fiscalía”, que, según ha reprochado, “no ha acusado”.
“Tendría órdenes de sus superiores, que todos sabemos de quién depende, y que actualmente se le conoce por sus siglas PS, efectivamente, Pedro Sánchez”, ha manifestado, censurando que “ya no es porque tuviera un correo electrónico en su buzón que no contestó” o que “ante unas pruebas tan irrefutables como las que estamos analizando, fiscalía no acusó”.
En otro pasaje de su intervención, la abogada de Vox ha incidido igualmente en que la decisión de crear y posteriormente transformar, “reconvertir”, un puesto de alta dirección “no respondió a ninguna necesidad real de los conservatorios, sino a la voluntad política preconcebida de acomodar a una persona determinada”, lo que, a su entender, configura “un abuso de una posición” que el tipo penal debe castigar.
“Porque el delito de prevaricación”, ha señalado, “no trata de sustituir a la jurisdicción contencioso-administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa, sino de sancionar supuestos límites, como este, añado yo, en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función, se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano”.
Asimismo, ha apuntado que “los políticos que están sentados en el banquillo han sido, sin duda alguna, los que han arrastrado a los demás funcionarios”, al tiempo que ha calificado de “demoledora” la investigación realizada por la UCO. Ha precisado también que Vox ha presentado una modificación de sus conclusiones provisionales, en la que eleva las penas solicitadas y mantiene que los hechos no han variado, sino que se han concretado.
Respecto a los hechos enjuiciados, ha coincidido con otros intervinientes en que en este tipo de delitos “normalmente hay una dificultad extraordinaria”, pero que “aquí les ha fallado, precisamente, la forma y la cronología” porque “están constatados en los correos que se han analizado” y “ha quedado acreditado lo que todos sabían y no tan pocos verbalizaban”.
“Nos alejamos de rumores, charlas de café que parece que se indica”, ha proseguido, para invocar como “evidencias” que el entonces director del Conservatorio Superior en 2017, Evaristo Valentí, había oído un comentario de que se iba a presentar David Sánchez, entre otros, unido a que “el núcleo de decisión fue político” y “el procedimiento administrativo ha sido un medio delictivo y por eso estamos en un concurso medial”, tal y como han solicitado, de tráfico de influencias y de prevaricación.
Al final de su exposición, ha reiterado en relación con Miguel Ángel Gallardo “que es el principal impulsor” y que pretendía “congraciarse, buscar apoyo, la entrega al líder, al uno”.