El Gobierno no se irá de vacaciones sin aprobar el prometido decreto-ley con medidas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda. El Ministerio de Vivienda trabaja para lograr un acuerdo a varias bandas que asegure los votos suficientes para convalidar las medidas en el Congreso. Las conversaciones llevan semanas pero las negociaciones se han ido intensificando desde finales de la semana pasada, según informan a DEMÓCRATA fuentes conocedoras de las mismas.
La discreción en torno al Ministerio es máxima. En el departamento que dirige Isabel Rodríguez han reducido al máximo su exposición pública. No quieren que ningún comentario en torno al contenido pueda afectar a sus posibilidades de convalidación. La prioridad es alcanzar un acuerdo que permita asegurar la convalidación de las medidas en el Congreso.
En todo caso, el acuerdo entre PSOE y Sumar es aprobar el decreto-ley se alcance o no este acuerdo, y hacerlo antes de agosto. Sin ninguna confirmación oficial al respecto, todas las fuentes consultadas apuntan a la más que probable aprobación de la norma en el último Consejo de Ministros de julio, previsiblemente el 28 de julio, si no se celebra en otro día o tiene lugar otro extraordinario.
Votación en septiembre
El Gobierno quiere posponer su votación hasta septiembre. Las razones son varias. La más inmediata, evitar una sesión plenaria en agosto, unas fechas poco amables con el parlamentarismo y con menos foco mediático. También para alargar al máximo su aplicación tal y como hizo en la anterior prórroga de contratos.
La Constitución y el Reglamento del Congreso prevén un plazo de treinta días para convalidar la norma a partir de su promulgación. Sin embargo, este plazo suele aplicarse a partir de la calificación de la norma, por lo que en varias ocasiones la votación tiene lugar más de un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La anterior prórroga de contratos fue aprobada el 20 de marzo, publicada en el BOE un día después y derogada por el Pleno del Congreso el 28 de abril.
¿Es posible sacarlo adelante?
Para lograr la convalidación en el Congreso, el bloque del Gobierno deberá superar los votos en contra de PP, Vox y UPN: 171 votos que tratarán de rechazar el decreto-ley. Sin el aval de Junts, la convalidación es imposible.
La necesidad de contar con sus votos abrió la puerta a incorporar incentivos fiscales para propietarios que hace unos meses eran una línea roja para formaciones como Sumar, ERC o Bildu. “Un sapo”, según reconoció Sumar, que acepta para poder contar con los votos de Carles Puigdemont.
El problema para el Gobierno es que es que Podemos se desmarca de ese planteamiento y ya ha avisado públicamente que no apoyará un decreto-ley que contenga rebajas fiscales para los arrendadores.
Lo irónico es que ese tipo de incentivos --bajada del IRPF a las personas que alquilan una vivienda-- es algo que Junts no está proponiendo, sino que es una medida llevada al debate por el PSOE. El listado de deducciones que propone Junts no incluye desgravaciones a los arrendadores.
¿Qué pide Junts?
Sí deducciones para inquilinos en el pago de la renta o propietarios, pero por cantidades abonadas por la hipoteca, no sobre los ingresos recibidos de un inquilino. Junto a ello, los independentistas catalanes plantean ventajas fiscales a quien venda su vivienda para pagar un ingreso en un centro sociosanitario o para el ahorro en busca de una primera vivienda.
Los de Puigdemont hace ya tiempo que se desmarcaron de cualquier negociación, si bien dan mucha importancia a conocer el contenido de la norma con antelación y se aseguran que en el Gobierno conozcan qué proponen y qué no están dispuestos a aceptar.
En el caso de este decreto-ley, se remitieron a las citadas rebajas fiscales. Y como línea roja, dejaron claro que no piensan apoyar controles de precios: “Si presentan lo de siempre, tendrán el voto de siempre”, subrayaron a DEMÓCRATA fuentes de esta formación hace semanas.
Sumar pide "generosidad" al PSOE
Las propuestas de Junts, defiende Sumar, son "asumibles". No las comparten plenamente, pero creen que es posible alcanzar un acuerdo en torno a este tipo de medidas y merecen la pena para poder sacar adelante el plan de choque. Por ello, pide al PSOE "generosidad" a la hora de incorporarlas, al igual que la exención prevista para el IVA franquiciado para autónomos con menor volumen de facturación.
Fuentes conocedoras de la negociación advierten también a DEMÓCRATA de que el PSOE no atienda a Junts, pero que también descuide a otros socios tensando el frágil equilibrio con posturas que espanten a la izquierda. Como por ejemplo, con incentivos fiscales para los caseros que Junts no ha planteado. Por eso, emplazan a los socialistas a "no pasarse de listos" con propuestas de ese tipo.
Contenido aún por definir
El Gobierno anunció en el decreto-ley control de precios, medidas tributarias y facilidades administrativas para acelerar procedimientos urbanísticos --otra cuestión en la que Sumar confía que el PSOE no decida incluir medidas no aceptadas de su reforma de la Ley del Suelo--. Entre las medidas fiscales se encontraban la subida al 21% del IVA a los pisos turísticos y la citada desgravación en el IRPF a los caseros que congelaran las rentas de sus inquilinos.
Junto a ello, la prórroga de los contratos del alquiler y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, dos cuestiones en las que Junts ha manifestado su rechazo en el Congreso esta legislatura. La última, tumbando la prórroga de contratos. Ni siquiera el PNV la apoyó, al abstenerse hace tres meses.
Sumar también plantea endurecer los controles para evitar prácticas abusivas contra los inquilinos por parte de las agencias o los propietarios e introducir matices en la declaración de zonas tensionadas. Por ejemplo, plantea que si una comunidad autónoma no contesta siquiera a la petición de un ayuntamiento para poder intervenir precios, sea posible acometer esta declaración aunque sea de forma subsidiaria.