Los decretos de vivienda han caído, pero el Sindicato de Inquilinas rechaza que esa votación marque el final de la movilización. Su respuesta combina dos mensajes: las medidas del Gobierno eran insuficientes y, aun así, bloquearlas debe tener consecuencias para los partidos que votaron en contra.
Ahí se encuentra el cambio de fase. La presión ya no busca únicamente salvar unos textos concretos. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas plantea una disputa más amplia sobre el modelo de vivienda y sobre la responsabilidad de quienes toman decisiones en el Congreso.
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«Vamos a hacer que quienes den la espalda al pueblo tengan que dejar su sitio en el Parlamento», advierte la organización en el comunicado recogido por EFE. Es una amenaza de coste político, sin que el mensaje concrete un mecanismo para materializarla.
Por qué defendían unas medidas que consideraban insuficientes
La Confederación describe los decretos como una respuesta de urgencia que contenía incluso concesiones a los propietarios. Su defensa de la convalidación no equivalía, por tanto, a dar por satisfechas sus reivindicaciones.
La organización mantiene objetivos más amplios: contratos indefinidos, reducción de los alquileres, expropiaciones a lo que denomina «fondos buitre» y el fin de los desahucios. Esa distancia entre las medidas inmediatas y su programa explica por qué el rechazo no agota sus motivos para seguir movilizándose.
También permite entender el mensaje dirigido al Gobierno: conseguir apoyos para una protección puntual y transformar el acceso a la vivienda son, para el sindicato, tareas diferentes.
La batalla por evitar que el rechazo desmovilice
En una entrevista en Hora 25, de la Cadena SER, Valeria Racu pidió que lo ocurrido no se interpretase como una derrota del movimiento. La portavoz reivindicó la capacidad de presión construida en la calle y explicó que todavía no existe una fecha para la huelga general, pendiente de acuerdos sindicales.
La cuestión organizativa es relevante: una movilización puede crecer por la indignación que provoca una votación, pero sostenerla exige objetivos reconocibles y tareas que permitan seguir participando. Ese es ahora el desafío del sindicato: convertir el enfado en continuidad, sin disponer del hito inmediato que ofrecía la convalidación de los decretos.
Más de 50 ciudades, en varias jornadas
La plataforma de los convocantes anuncia protestas en más de 50 ciudades entre el 2 y el 5 de octubre, bajo el horizonte de una huelga general. El calendario extiende territorialmente la movilización y evita concentrar toda su fuerza en la permanencia de las tiendas de campaña de Sol.
CCOO y UGT mantienen abierta la respuesta
Los grandes sindicatos laborales no han confirmado una convocatoria de huelga general. En la SER, Pepe Álvarez defendió construir una respuesta unitaria y recordó que las decisiones corresponden a los órganos de UGT. Unai Sordo apoyó una movilización social amplia con dimensión laboral, vinculando el coste de la vivienda con los ingresos del trabajo.
Para el Sindicato de Inquilinas, esas alianzas determinarán hasta dónde puede llegar el siguiente paso. La caída de los decretos ha cerrado una vía inmediata de protección; la organización quiere que abra una presión mayor. La prueba comienza ahora: mantener movilizados a quienes esperaban una solución y sumar a quienes todavía no han salido a la calle.