El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros un real decreto propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para regular las ayudas a las víctimas de la talidomida, un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo pero cuyos efectos adversos -malformaciones connatales- se conocieron a partir de 1961.
En total, y tras la evaluación de los casos realizada por el Instituto Carlos III de Madrid, serán 130 personas las que reciban la ayudas. El importe variará en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al antecitado medicamento.
Una persona con un 33% de discapacidad, recibirá un montante que ascenderá a los 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto porcentual, tal y como se estableció en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (Disposición adicional quincuagésima sexta. Ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1950-1985).
Desde el departamento que dirige la ministra Ione Belarra, subrayan que, con esta iniciativa, se logra dar respuesta a los afectados tras décadas de reivindicaciones. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 consultadas por Demócrata abundan en que el decreto aspira a hacer justicia con las víctimas de la talidomida en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo.
Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Hasta la fecha, tan solo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los Presupuestos Generales del Estado 2009.