La reunión de la comisión de seguimiento de la coalición de Gobierno entre PSOE y Sumar ha servido para poco más que poner en común la preocupación por los casos de corrupción en el marco del caso Koldo y la importancia de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 9 de julio ante el Congreso. Ambas fuerzas coinciden en que debe ser un punto de inflexión para revitalizar la legislatura y, para ello, Sumar ha entregado a los socialistas un documento con una batería de medidas para luchar contra la corrupción y dar un impulso social que justifique la continuidad del Ejecutivo.
Al término de la reunión, que ha durado en torno a dos horas y media, desde Sumar han admitido ver al PSOE en shock y le han urgido a tomar las riendas y acometer reformas a la mayor celeridad posible. Esperan que el 9 de julio el presidente exponga algunas de ellas. Por su parte, fuentes del PSOE dicen haber tomado nota de las demandas de su socio y estudiar las iniciativas, aunque algunas de ellas ya están en marcha, aseguran.
15 medidas anticorrupción
Sumar considera vital incidir en la regeneración democrática con medidas ejemplares contra la corrupción y en defensa de unas instituciones limpias y al servicio de la ciudadanía.
La primera, una Ley integral anticorrupción que garantice que los corruptos y corruptores asumirán los costes directos e indirectos, el perjuicio generado a terceros y los costes judiciales así como la restitución de derechos lesionados. También exigen que dicha normativa prohíba a empresas condenadas por corrupción concurrir a concursos públicos durante 20 años.
Esta prohibición se ampliaría a empresas vinculadas y Uniones Temporales de Empresas (UTEs) en las que participe alguna sociedad condenada por delitos de corrupción.
Sumar exige la creación de una Agencia Independiente contra la corrupción que tenga capacidad para investigar, sancionar, colaborar con la Fiscalía y recibir denuncias anónimas; una ley expropiadora de bienes o beneficios adquiridos mediante prácticas corruptas; y la ampliación de los tipos penales y homogeneización de las penas de corrupción reguladas en el Código Penal con otros delitos de la misma gravedad para corruptos y empresas corruptoras.
Urgen, de igual forma, a extender la inhabilitación para cargos públicos a 30 años para los casos de corrupción; tipificar el delito de enriquecimiento ilícito injustificado de funcionarios público y reducir la cuantía del mismo de 250.000 euros a 50.000; prohibir los indultos a condenados por corrupción; reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la duración de las investigaciones y la Ley de partidos políticos para introducir la asunción de responsabilidades in vigilando con el pago de multas o costas judiciales derivadas de casos de corrupción de sus miembros.
También han pedido al PSOE fortalecer la Oficina de Conflicto de Intereses y el Consejo de Transparencia; impulsar una Comisión de Investigación sobre el caso Ábalos-Santos Cerdán; aumentar el número de jueces, magistrados y fiscales especializados en anticorrupción; aprobar un Proyecto de Ley de lobbies; y poner en marcha la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Relanzamiento social
Más allá de las medidas anticorrupción, Sumar defiende la necesidad de impulsar nuevas políticas de la agenda social para que la legislatura “valga la pena”. Sus propuestas son:
- No aumentar “ni un euro más” el presupuesto militar.
- Evitar la gran revisión de contratos de alquiler y el aumento de los precios. Plantean prorrogar de forma obligatoria los contratos vigentes al menos tres años más e impulsar la tramitación de una ley que establezca una duración indefinida de los contratos de alquiler, con actualizaciones anuales del precio según la inflación y manteniendo el derecho del propietario a recuperar la vivienda por impago o uso propio.
- Acelerar la tramitación y asegurar la aprobación de la Ley de regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones.
- Prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas por parte de empresas o si no se va a residir al menos cinco años en ella.
- Blindar que se invierta el 1% del PIB en el Plan Estatal de Vivienda 2026/2029.
- Fortalecer el sistema de dependencia y completar el desarrollo de la ley ELA inyectando recursos.
- Aprobar antes de verano un Real Decreto-ley que garantice el derecho de las familias a cuidar, con medidas relacionadas con la Ley de Familias.
- Activar la prestación universal por crianza empezando por los primeros tramos de edad, garantizando un nuevo derecho de ciudadanía para todos los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años.