El mismo día que que las las Cortes aprobaron la Constitución, un 31 de octubre de 1978, en la tribuna de honor del Congreso se encontraba Hans August Lücker, presidente de la primera Delegación del Parlamento Europeo que visitó España.
Junto a Lücker siguieron aquel trascendente Pleno para consolidar la democracia el resto de representantes de la expedición, en lo que fue el punto y final a a varios días celebrando reuniones con la Comisión Mixta de las Cortes. Su presencia se entendió como un gesto cargado de simbolismo para los entonces anhelos del país por entrar a formar parte del club comunitario, que se verían satisfechos a mediados de los ochenta.
Pero para que ese deseo fuera una realidad en 1986, España tuvo que experimentar en un breve período importantes cambios socioeconómicos para adecuarse en tiempo y forma a sus homólogos europeos. Fue el caso de la reconversión industrial.
Si bien, la legislación «reconversora» se inició bajo los gobiernos de la UCD con el Real Decreto-Ley 9/1981 y la Ley 21/1982 ambos sobre medidas para la reconversión industrial, su aplicación se acabó suavizando ante el clima tenso en las calles.
Finalmente fue la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión e industrialización la que sentó las bases del proceso. De la publicación en el BOE de una de las medidas más controvertidas del primer ejecutivo de Felipe González se cumplen ahora 40 años. Por este motivo, Demócrata recupera su tramitación parlamentaria.
BOE núm. 180, de 28/07/1984.
Ruptura a varias bandas
El dictamen de la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios se debatió en tres plenos distintos durante el mes de mayo de 1984. En el último de ellos, en nombre del partido del Gobierno intervino Isidoro Gracia Plaza, diputado por Pontevedra. Aunque las discusiones se circunscribían a los últimos capítulos del proyecto tramitado por vía de urgencia, de fondo entre réplica y réplica latía un debate de carácter mucho más general.
El socialista Gracia defendió la medida frente a las críticas del resto de portavoces. Por ejemplo, echó en cara al PCE la estrategia que estaban manteniendo en contra de la reconversión industrial: «Se equivocan, porque están intentando pararla en las puertas de las factorías y de las fábricas, y la reconversión es algo que necesitamos todos los españoles y de forma muy especial los trabajadores».
Desde la tribuna, el diputado también lanzó un recado a los sindicatos con los que PSOE había llegado de la mano al poder pero de los que empezaba a distanciarse, «deben saber que no son aquellos colectivos que tienen más capacidad de movilización los que mejor defienden los intereses de los trabajadores».
El principal partido de la oposición, Coalición Popular, tampoco escapó a los reproches socialistas: «Lo que ofrece la derecha, simple y dura, es dar facilidades y dinero público sin ningún tipo de control para el sector privado». Además les acusó de querer beneficiar al empresario por encima de todo:
Una cuestión etimológica
Para los comunistas, lo que se iba a producir no era una reconversión sino una «desindustrialización». Uno de los principales problemas que advertían en el proyecto del Gobierno era los fondos de empleo. A pesar de estar de acuerdo con este mecanismo, su portavoz Horacio Fernández Inguanzo, diputado por Asturias, no coincidía en como se planteaba su articulación al no garantizar, a su juicio, la recolocación de los trabajadores, crear dos clases de parados y camuflar la suspensión del puesto de trabajo.
En el turno del Centro Democrático y Social (CDS), Luis Ortiz González, exministro de Obras Públicas y diputado por Zamora, también enfocó parte de sus críticas a la cuestión etimológica: «El proyecto difícilmente se puede llamar en su conjunto de reconversión y de reindustrialización, puesto que, en definitiva, lo que contiene es un conjunto de normas con excepción de este Capitulo VII, sobre reestructuración».
Sobre la ausencia de alusiones a la reindustrialización, Ortiz insistió en que no había precepto alguno sobre promoción industrial o previsión de los puestos que se iban a crear, «ni en la memoria, ni en todo el debate».
Por parte del Grupo Centrista intervino para la defensa de otro bloque de enmiendas Agustín Rodríguez Sahagún, diputado por Ávila y exministro de Industria, quien sacó a relucir un debate de 1981 sobre las primeras iniciativas «reconversoras» cuando él estaba en el gobierno y los socialistas en la oposición para tratar de retratarles:
Para José Arturo Corte Mier , diputado de Coalición Popular por Asturias, en el proyecto abundaba la legislación sancionadora. Un síntoma que consideró reflejaba que el ejecutivo no creía en «el fondo» de lo que pretendían hacer. No obstante y a pesar del tono duro de su intervención por momentos, también manifestó su deseo de que la norma sirviera para reactivar la economía e «innumerables empresas y sectores que hoy están haciendo cola en el árbol del ahorcado y pendientes, evidentemente, de desaparecer».
Sin protagonismo autonómico
En 1984, España ya contaba con un nuevo mapa territorial, resultado del desarrollo de las autonomías. Pero una vez alcanzado ese estatus, partidos nacionalistas como CiU reorientaron sus esfuerzos a la defensa de las competencias. En lo que al Proyecto de Ley de reconversión e industrialización se refiere, los catalanes centraron sus reproches en las llamadas «Zonas urgentes de reindustrialización» (ZUR).
A través de Carles Gasoliba i Böhm, diputado por Barcelona, mostraron su disconformidad con este mecanismo por dos razones: la ausencia de consenso sobre la intervención de las CCAA en los beneficios recogidos en la norma (con el fin de atraer nuevas inversiones en estas zonas) y su «dirigismo locacional industrial».
Gasoliba también advirtió del riesgo que se corría con este proyecto de invadir la competencia de obras públicas, ordenación del territorio y urbanismo, que como remarcó era de naturaleza exclusiva. El diputado de CiU, en defensa de sus enmiendas llegó a decir que no aceptarse, se estaría yendo en contra de lo establecido en los Estatutos de Autonomía.
Europa en el horizonte
Tras la aprobación del dictamen en el Congreso llegó el turno del Senado. En la Cámara Alta, como ministro del ramo, Carlos Solchaga insistió en la importancia de la norma: «Desde el punto de vista del Gobierno, uno de los pilares fundamentales de la política de ajuste a la crisis, que es necesario acometer en España para resolver algunos, si no todos, de los muchos problemas que nos afectan». Más si cabe, como reconoció otro ministro en aquella misma sesión, cuando estábamos «a las puertas de Europa».
«Dentro de pocos meses, probablemente, España se incorporará a la Comunidad Europea» fueron las palabras de Javier Moscoso, ministro de la Presidencia, que se encontraba defendiendo el Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la Función Pública.
Concluido el debate, el presidente del Senado José Federico de Carvajal anunció que se daría traslado al Congreso de las enmiendas aprobadas para que este se pronunciará sobre las mismas. Dos días después, en la Cámara Baja quedarían todas ellas ratificadas. El 28 de julio de 1984 el BOE público el texto final de sobre reconversión e industrialización, con el que España dio un paso necesario para su integración en Europa.