El Gobierno quiere que el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores de edad en entornos digitales reciba el visto bueno del Congreso para continuar su tramitación en el Senado antes de finalizar el año. Un acelerón al que los socios habituales han respondido pidiendo más tiempo, y se lo han dado, aunque con un calendario tasado.
Los grupos parlamentarios han recibido una ingente cantidad de enmiendas de los diferentes agentes del sector y están analizándolas, bien para asumirlas como propias, ajustarlas o desecharlas. El plazo para el registro de las mismas ha sido ampliado hasta el 5 de noviembre, pero fuentes parlamentarias consultadas por Demócrata admiten que se prorrogará otra semana más, hasta el 12, para dar margen a las formaciones de ultimar sus enmiendas.
Acto seguido, se convocaría ponencia para constituirse y la idea del Grupo Socialista es poder despachar la norma en unas dos o tres citas. El PSOE entiende que los grupos son conscientes de la importancia de regular la protección de menores en los entornos digitales para evitar potenciales riesgos; y el sector también, por lo que la voluntad es inequívoca.
Los principales puntos de fricción pendientes de resolver se limitan al Artículo 4 y 5, sobre las Obligaciones de los fabricantes de equipos terminales digitales con conexión a internet y las cajas botín (loot boxes), respectivamente.
Fabricantes y operadores
El consenso es que exista una suerte de control parental en los dispositivos para que los menores no puedan acceder a según qué contenidos. La cuestión clave es sobre quién recae la responsabilidad y cómo aterrizarlo técnicamente. Según ha podido saber Demócrata, ni siquiera existe un criterio común entre las principales patronales digitales (AMETIC, DigitalES y Adigital). Incluso, hay diferentes sensibilidades dentro de una misma patronal.
Prueba de ello es que, en las enmiendas entregadas por AMETIC, que representa a las principales empresas de proveedores de servicios digitales, fabricantes y comercializadoras de dispositivos y equipos, a las que ha tenido acceso Demócrata, se apuesta por dos frentes de trabajo diferenciados.
Uno, opta por la supresión completa del artículo 4, es decir, de las obligaciones a fabricantes. Otro, por descafeinar cada uno de sus preceptos de forma individual.
Así las cosas, entre las cuestiones que piden rebajar, se encuentra que el pin parental no esté activado por defecto sino que se tenga que configurar al arrancar el dispositivo; que solo se aplique la normativa a los teléfonos móviles y no a tablets, ordenadores o televisores inteligentes; y que se elimine la obligatoriedad de información del etiquetado.
Regulando los videojuegos
El otro gran asunto de discordia es la regulación de las cajas botín. Las loot boxes son un sistema de premios aleatorios cada vez más extendido en los videojuegos. Pueden contener futbolistas, cartas, armas especiales, etc. deseadas por los jóvenes, en muchas ocasiones menores de edad, que emplean dinero de sus padres para intentar obtener dicho contenido.
El proyecto de ley pretende prohibir que los menores de 16 años se registren en redes sociales mediante la imposición de un pin parental. La patronal AMETIC rechaza la prohibición a menores de acceder a ellas porque “se fundamenta en una presunta asimilación con los juegos de azar y en una supuesta relación de causalidad de comportamientos problemáticos que no está acreditada”.
