El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha censurado este jueves en Jerez de la Frontera (Cádiz) la decisión del Gobierno central de dejar fuera a las personas saharauis de la regularización extraordinaria de migrantes.
“Dejar fuera a las personas saharauis de poder obtener el derecho de trabajar legalmente es un ataque a los derechos humanos y es olvidar la deuda que tiene el Estado español con el pueblo saharaui”, ha afirmado García al ser preguntado por los periodistas sobre la nueva medida del Ejecutivo.
El aspirante de Adelante ha reivindicado la relación histórica de España con el Sáhara y ha sostenido que el actual Gobierno “está lamiendo las botas” al Reino de Marruecos, cuestionando igualmente el papel que desempeña Sumar dentro del Ejecutivo en esta cuestión.
“Si Sumar no es capaz de poner encima de la mesa y decir que a los saharauis no se les deje tirado ¿Para qué está en el gobierno?”, ha apostillado.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, señaló este miércoles que “muchos” ciudadanos saharauis “con arraigo o con demanda de asilo” podrán beneficiarse de la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno de España.
Maíllo precisó que es necesario distinguir el procedimiento de regularización impulsado por el Ejecutivo, que “acaba el 30 de junio” próximo, de la situación de “ser apátrida, que es un concepto diferente”.
Los apátridas, en su mayoría saharauis, han quedado fuera del proceso extraordinario de regularización a instancias del Consejo de Estado, que ha pedido expresamente no incluir a este colectivo junto a los solicitantes de protección internacional, al tratarse de regímenes jurídicos distintos, según indican a Europa Press fuentes jurídicas.
El Gobierno ha justificado esta exclusión alegando que no se trata de personas en situación irregular y para evitar solapamientos. No obstante, las mismas fuentes recuerdan que tampoco los solicitantes de protección internacional se consideran en situación irregular, pese a que sí pueden acogerse al proceso y cuentan igualmente con un procedimiento propio que puede compatibilizarse con la solicitud de la regularización.
Del mismo modo, subrayan que el Ejecutivo tenía la opción de incorporar en el Real Decreto de la regularización una disposición específica para incluir a los apátridas, en lugar de optar por dejarlos completamente al margen del proceso.