El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha anunciado este lunes que su formación reclamará la comparecencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, en el Parlamento autonómico para que aclare si el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, detenido en el marco de la investigación judicial del caso Mascarillas que afecta a la Corporación Provincial, habría abonado una hipoteca con las supuestas comisiones percibidas por la adquisición de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.
“Nos parece de una poca vergüenza que es indignante”, ha afirmado García en una nota de audio remitida a los medios de comunicación, quien ha reprochado a Moreno que “no quiere mojarse con la corrupción” y frente a esa actitud ha apostado por “llevar esto al Parlamento”.
El dirigente de Adelante ha subrayado que Javier Aureliano García, además de “presidente de la Diputación de Almería y líder del Partido Popular en Almería”, “era miembro del equipo de la Ejecutiva de Juanma Moreno Bonilla”, y le ha afeado “haber aprovechado la pandemia y las compras que se hicieron de material para la pandemia para llevarse el dinero y pagarse una hipoteca”.
García ha señalado que este episodio “se suma” al del gerente del Estadio Olímpico de la Cartuja, Daniel Oviedo, y al del exsecretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal, a quienes un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye el cobro de comisiones por la adjudicación de obras de reforma de este recinto deportivo para acoger la Eurocopa de fútbol disputada en 2021.
“Nos parece alucinante que el Partido Popular, que es incapaz de arreglar los problemas de la vivienda en Andalucía, estén sus altos cargos forrándose con la corrupción y pagándose vivienda”, ha afirmado el portavoz de Adelante.
El juez instructor del caso “Mascarillas”, que analiza presuntas “mordidas” en contratos tramitados a través de la Diputación Provincial de Almería, ha ordenado tomar declaración a los 43 investigados incluidos en el informe de la UCO sobre posibles amaños en la contratación pública.
Los investigadores de la Guardia Civil dividen la presunta trama en tres bloques: la compra supuestamente irregular de material sanitario en plena crisis de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros; las presuntas comisiones ilegales ligadas a contratos de obras de la Diputación; y los vínculos personales y societarios que habrían facilitado el movimiento de dinero en efectivo entre varios de los implicados, entre ellos el expresidente provincial.
Según la UCO, los indicios apuntan en el caso de los cargos públicos a una “aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de supuesta naturaleza ilícita” con García al frente, como máximo responsable de la institución provincial, e implican también a sus dos hermanos, a la sociedad familiar que administraban, a Giménez y Liria, así como al empresario Kilian L.S.