QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Demócrata conversa con miembros del PP, PSOE y Sumar de la Comisión de Igualdad del Congreso para poner sobre la mesa cuáles son las prioridades legislativas de los grupos en esta materia:
- Susana Ros, presidenta de la Comisión y diputada del PSOE
- Jaime de los Santos, Vicepresidente de la Comisión y diputado del PP
- Esther Gil, portavoz de Sumar en la Comisión
Además, consulta fuentes del Grupo Parlamentario Vox para conocer en qué sentido cree la formación de Santiago Abascal que deben avanzar las políticas en este ámbito.
El punto de partida
Para Ros (PSOE), la agenda legislativa en materia de violencia de género debe orientarse en dos planos complementarios: «El jurídico, para reforzar el marco normativo, y el político, para garantizar que ese marco se aplique con los recursos necesarios». Por su parte, Gil (Sumar) lamenta que en esta lacra en muchas ocasiones se llegue tarde: «Nuestra obligación es que las políticas públicas sí lleguen, que lleguen bien y que lleguen siempre».
Violencia vicaria
La diputada del PSOE pone el foco en la urgencia de «incorporar en el marco normativo nuevas formas de violencia como recoge el Pacto de Estado y ha empezado a realizar el Gobierno: violencia digital, violencia vicaria, violencia económica. Sin olvidar tampoco, aunque no lo recoge el pacto, la violencia institucional».
Como señala Ros, el Gobierno aprobó el pasado mes de octubre el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que tras concluir la fase de audiencia pública está a la espera de ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes.
Desde Sumar aprietan: «La violencia vicaria no puede seguir siendo una nota al pie» señala Gil, que añade la necesidad de que una ley proteja a la infancia como sujeto de derechos y garantice que ningún agresor pueda utilizar a los menores como instrumento de daño.
Sobre este punto, de los Santos (PP), insiste en que el reconocimiento como víctima de los hijos ya estaba en el Pacto de Estado de 2017 impulsado por Dolors Montserrat (PP) cuando era ministra de Sanidad.
Como la diputada socialista, en declaraciones a Demócrata, Gil también hace énfasis en la violencia institucional y en referencia a la crisis de los cribados de cáncer en mama denuncia la inacción de la Junta de Andalucía: «La falta de medios y los recortes están generando situaciones de auténtica violencia institucional».
Contra la trata
Tras la violencia vicaria, también aparece entre las prioridades de PP, PSOE y Sumar acabar con la trata. En este sentido, Ros señala que el Gobierno está trabajando en una ley contra la trata y para la abolición de la prostitución. Por su parte, de los Santos recuerda que el PP llevaba en su programa electoral de 2023 la aprobación de una ley orgánica de lucha contra la trata con fines de explotación sexual y el proxenistismo.
En palabras de la portavoz de Sumar en la Comisión de Igualdad, es imprescindible «una ley que aborde todas las formas de explotación, con enfoque de derechos humanos y recursos garantizados. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras miles de mujeres y niñas viven en situación de absoluta vulnerabilidad».
Solo sí es sí
Para el PP es prioritario derogar «inmediatamente» la ley de solo «sí es sí» aprobada en 2022, y sustituirla por una ley que «de verdad proteja a las mujeres y en la que por supuesto se agravarán las penas«, precisa de los Santos. En Vox también comparten esta tesis y sostienen que «cuando tengamos la oportunidad legislaremos para endurecer las penas».
Pulseras de protección
Los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores han sido la mayor polémica a la que ha tenido que hacer frente el Ministerio de Igualdad recientemente. El PP defiende evaluar todos los sistemas que actualmente se están implementando como medida de protección «y que hemos sabido que en algunos casos no funcionan, para asegurarles a todas las víctimas que van a estar protegidas«, sostiene de los Santos.
Desde Vox trasladan que «que las mujeres no necesitan más eslóganes, ni puntos violeta, ni campañas vacías de propaganda. Necesitan dispositivos de protección que funcionen, como pulseras antimaltrato operativas y supervisadas, asistencia inmediata y eficaz, y un Estado que garantice su seguridad. Eso es lo que nosotros pedimos en cada reunión de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género».
Formación
Otra de las prioridades identificadas por el PSOE es continuar con la actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la formación obligatoria en perspectiva de género para todos los operadores jurídicos. En línea con este eje, la presidenta de la comisión del ramo, insta a garantizar la formación obligatoria y especifica en igualdad para policía y personal sanitario.
De los Santos, también ve importante ahondar en la sensibilidad y la educación «porque si no estamos perdidos», asegura.
Política migratoria
Las fuentes del Grupo Parlamentario de Vox consultadas por Demócrata identifican como una cuestión clave en su agenda de la lucha contra la violencia hacia la mujer el refuerzo de la política migratoria: «Reclamamos una política migratoria firme y responsable, que impida la entrada y permanencia en territorio español de quienes no respeten los valores fundamentales de nuestra sociedad, entre ellos la igualdad ante la ley y la dignidad de la mujer».
Ausencia de consenso
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy supuso un acuerdo histórico para reforzar los recursos y la planificación institucional. Hoy, el clima de polarización vuelve a situar esta materia en el centro de la batalla partidista. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero, todos los grupos, salvo Vox, votaron a favor de renovar los compromisos del Pacto de Estado.
A este respecto, desde la formación de Abascal, afirman que «frente a un consenso político que sigue insistiendo en imponer un pacto de Estado contra la violencia de género que se ha demostrado absolutamente ineficaz e incapaz de reducir el número anual de mujeres asesinadas por sus parejas, queremos penas más duras para violadores y asesinos y combatir con eficacia la violencia».
Para el Grupo Socialista, hay que «blindar el Pacto de Estado y garantizar su financiación estable, ampliar recursos de prevención y educación y reforzar los derechos sociales y económicos de las víctimas». En términos similares se expresa la diputada de Sumar: «Reclamamos que se cumpla de forma efectiva el Pacto de Estado contra las violencias machistas. No basta con anunciarlo, hay que ejecutarlo, actualizarlo y dotarlo de presupuesto».
